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El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires llamarán a “una gran convocatoria nacional de organizaciones de la sociedad civil” para definir el contenido del Museo de la Memoria que funcionará en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Así lo anunció Gabriela Alegre, subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad. La funcionaria aseguró que el bloque que responde a Mauricio Macri en la Legislatura está dilatando la aprobación del convenio que Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner firmaron el 24 de marzo pasado, pero consideró “muy improbable” que finalmente el proyecto no se apruebe. Mientras los diputados porteños discuten la iniciativa, los ejecutivos de la Nación y la Ciudad están trabajando en una comisión bipartita para precisar el armado del museo y el destino del predio en el que funcionó el más emblemático centro clandestino de detención durante la última dictadura. “Para los que tenemos claro cómo fue esta historia y cuál es el eje, es decir, que el Estado se transformó en terrorista, no es tan complicado poder contarla”, afirmó Alegre.
–¿Los macristas están trabando la aprobación del convenio entre la Nación y la Ciudad?
–Sí. Por lo menos están tratando de dilatar su tratamiento en el recinto.
–¿Qué consecuencias puede tener eso?
–Ninguna, porque la dilatación no la pueden extender para siempre y si el proyecto va al recinto sería muy improbable que no se aprobara. La posición de ellos es poco defendible porque este convenio habla de la devolución de las tierras a la Ciudad de Buenos Aires y de la decisión del Presidente para que se vayan las instalaciones de la Armada. Pero el convenio no dice exactamente para qué se va a utilizar el predio. Sí que se va a destinar a un espacio de la memoria, pero no dice si todo el predio, ni qué se va a poner en el resto de los lugares. Esa es una discusión que habría que dar después. Algunos macristas inclusive están dudando de la propiedad de los terrenos por parte de la Ciudad de Buenos Aires y ese es un viejo reclamo de la ciudad, que tiene dos leyes que lo corroboran: la que revoca la cesión a la Armada y la de creación del Instituto Espacio para la Memoria. Como ellos no explicitan que su problema es con el tema de la memoria, buscan problemas de ese tipo.
–¿Cómo se puede destrabar el conflicto?
–Sobre ese proyecto de ley se dio intervención a las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales, que es la que lo está tratando ahora, y a la Comisión de Derechos Humanos, que ya pidió tratamiento en conjunto. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos van a intentar que esto no se demore tanto. De otra manera, va a tener que haber un reclamo fuerte de la Ciudad y de los organismos de derechos humanos. Por otro lado, como dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, lo que haría la no aprobación del convenio sería retrotraer la situación al 23 de marzo y eso sería una grave pérdida para la Ciudad, pero la decisión de Presidente de sacar a los marinos de la Escuela de Mecánica no tiene nada que ver con lo que diga la Legislatura. Lo que está en juego es que la Ciudad perdería los terrenos.
–¿Los legisladores podrían decir que el terreno es para la ciudad pero que no se destina para el fin que está previsto?
–No. Los convenios se aprueban o se desaprueban. Y obviamente la Nación aceptó nuestro reclamo sobre los terrenos en función de ese destino.
–Nación y Ciudad están trabajando en una comisión sobre la ESMA. ¿Qué es exactamente lo que se hizo hasta ahora?
–Estamos trabajando en varios aspectos. Uno es el acompañamiento y la supervisión de la salida de las instituciones de la Marina de ese predio. Para eso estamos participando de unas reuniones que se hacen en la Secretaría General de la Presidencia con Oscar Parrilli. Ahí se va armando el cronograma de salida de las distintas escuelas y se va viendo el destino de las distintas instituciones. La otra línea es la de relevamiento de todos los edificios que hay dentro de la Escuela de Mecánica. Ya tenemos un relevamiento preliminar de planos, medidas y fotografías de todos los edificios. También estamos haciendo un relevamiento mucho más profundo del edificio del Casino de Oficiales para poder reconstruir cómo era el edificio en el momento en que funcionó como campo clandestino y las distintas remodelaciones que se le hicieron para esconder lo que ahí sucedió.
–¿Ya hay algún proyecto sobre qué hacer concretamente en el lugar, qué poner en los edificios?
–Nosotros pensamos que ése es el gran debate. El debate no es si se van los institutos de la Armada o no, porque esa es una decisión que ya tomaron el Presidente y el jefe de Gobierno de la Ciudad. El debate es ver qué parte destinamos a la Memoria y qué vamos a construir en ese sentido. Para eso pedimos a los organismos de derechos humanos, con los que nos reunimos el lunes pasado, que nos traigan propuestas por escrito de las ideas que ellos tienen sobre los usos que consideran que deberían tener los edificios relacionados con la memoria e inclusive el predio en su totalidad. También vamos a llamar a una gran convocatoria nacional de organizaciones de la sociedad civil, ya no restringido a las organizaciones de derechos humanos.
–¿Cómo se va a implementar esa convocatoria?
–Estamos pensando en poner avisos en los medios de comunicación para que las instituciones que quieran presenten sus propuestas por escrito. La comisión las evaluará, ya que la comisión se creó para presentar propuestas al Poder Ejecutivo de la Nación y de la Ciudad el 31 de diciembre sobre los usos de esos edificios. Inclusive nos estamos abriendo a la opinión del barrio, para ver qué necesidades hay. Más allá de lo que se destine a la memoria, si en el barrio se necesitan instituciones educativas, culturales o de cualquier otra finalidad social, eso también se podrá tener en cuenta. Obviamente todo tiene que enmarcarse en el respeto por los derechos humanos.
–¿Es decir que no se usará todo el predio para el museo?
–Todavía no está dada la discusión, pero mi opinión personal es que debe haber una parte destinada a la memoria y otra parte que será destinada a usos que tengan que ver con finalidades sociales, educativas o culturales. Lo que está definido es que estos espacios van a ser de uso absolutamente público, que no va a haber una iniciativa privada ni ninguna especulación inmobiliaria. Y tampoco va a haber ninguna institución militar.
–¿Cómo son los plazos de desocupación?
–Al 30 de octubre queda vacío el casino de oficiales y dos edificios aledaños, el de sanidad y los dormitorios de los suboficiales. Para el 15 de diciembre quedaría vacío el edificio emblemático de la Escuela de Mecánica, el de las cuatro columnas. Las edificaciones son en total 34, de distintos tamaños. Importantes son siete u ocho. La idea es que el ciclo lectivo no comience en ninguna de las instituciones, que son siete, en marzo del año que viene. La única que pidió una prórroga de un año, porque estaría queriendo construir otro edificio, es el Liceo Naval. El resto dice que se va a ir antes de marzo del año que viene.
–¿Hay ideas sobre qué historia se va a contar o cómo se va a contar la historia?
–El Gobierno de la Ciudad hace tiempo está trabajando en iniciativas que tienen que ver con la recuperación de la memoria del terrorismo de Estado, en una línea que tiene que ver con el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y con la Ley del Instituto de la Memoria. Siempre trabajamos en combinación con los organismos de derechos. El relato y el guión museográfico de un museo es mucho más complejo, pero sabemos que lo que tenemos que contar es la historia del terrorismo de Estado. También tenemos que contar por qué se llegó a ese terrorismo de Estado, quiénes fueron las víctimas y las consecuencias sobre lo que significó la impunidad en nuestro país. Es complejo pero no hay tanta discusión. Para los que tenemos claro cómo fue esta historia y cuál es el eje, es decir, que el Estado se transformó en terrorista, no es tan complicado poder contarla.