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Luis Cevasco, jefe directo de los fiscales contravencionales de la ciudad, aseguró ayer a Página/12 que “no hay orden de la Justicia contravencional a la policía” para que actúe en casos de chicos que están en la calle. “No hay ningún tipo de instrucción al respecto”, insistió en alusión a la denuncia de diversas organizaciones sociales dedicadas a la niñez, más el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre la persecución policial a los chicos.
–¿Y quién le ordena entonces a la policía actuar en esos casos? –preguntó este diario.
–No lo sé. Pero no es la Justicia contravencional.
Tal como consignó Página/12 en la edición del lunes, las autoridades del Consejo de Niños y Niñas de la ciudad ya alertaron de la situación al Ministerio de Interior: la semana pasada, su presidenta, María Elena Naddeo; Diana Gondra, una abogada del organismo; y Ana Chávez, del Serpaj, se reunieron con el subsecretario de Seguridad Interior, Ricardo Colombo, para ponerlo al tanto sobre el cuestionado accionar de la Federal en un área de neto corte social y no de seguridad.
De acuerdo con la denuncia de las ONG, en los últimos dos meses la Policía Federal incrementó drásticamente los operativos en las calles contra los niños y niños que deambulan o viven en ellas. Las entidades y el Consejo mencionan al menos 40 casos en los que la policía se llevó a los chicos. También denunciaron que, en muchas situaciones, los efectivos les rompen los elementos con los que limpian los vidrios y hacen malabares. Y que, en numerosas ocasiones, esa actuación termina con una causa penal contra los chicos. Es el caso de un niño o niña que quiere escapar del agente y termina acusado/a de “resistencia a la autoridad”.
Un caso concreto de ese tipo fue revelado por este diario: el 18 de marzo pasado, un grupo de chicos dormía en la vereda de la avenida Del Libertador frente al shopping Patio Bullrich, llegó la policía, intentaron escapar y 15 de ellos (todos menores) terminaron esposados –incluido uno de 9 años– frente a una jueza penal. Un dato nuevo en ese episodio es que en el operativo participaron 17 patrulleros.
Cevasco negó ayer que ese caso haya sido ordenado o avalado por la Justicia contravencional. “En lo que va del año, hay en total 20 actuaciones contravencionales con menores, en su mayoría por cuestiones de identificación, para determinar si son menores o mayores”, sostuvo, aunque insistió en defender la aplicación del Código Contravencional en casos de limpiavidrios o malabaristas: “Hay que determinar si hay hostigamiento o están explotados por algún mayor. No se puede negar la existencia de las normas”. También reiteró sus críticas al Consejo, al que acusó de “inoperante”.
–Usted dijo el lunes en una entrevista radial que “si hay 10 mil chicos de la calle que tienen entre 8 y 10 años ahora, no les extrañe que dentro de 10 años ésos sean los peores asesinos que han conocido”.
–Eso lo dije recordando una frase que mencioné en el ’85 u ’86, en referencia al riesgo del estado de abandono. No se la puede sacar de contexto.
En el gobierno porteño, las detenciones de chicos en las calles “venían impactando mal” desde que la situación comenzó a conocerse, según confió un vocero a este diario. “Por eso –indicó la fuente–, simultáneamente al planteo de una línea crítica del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes respecto del accionar de la Justicia contravencional, desde hace un mes se está elaborando un proyecto para darles escala a los programas sobre chicos de la calle.”
El proyecto aludido por el vocero fue el presentado ayer por Ibarra y el vicejefe, Jorge Telerman.
–¿Cómo se garantiza el éxito del programa si en una esquina están los operadores del gobierno tratando el problema con un espíritu social y en la otra la policía corre a los chicos? –le preguntó Página/12 a Ibarra.
–La problemática de la niñez no se resuelve con una visión superficial y romántica ni con una visión policial. Por eso este programa aborda el tema en toda su profundidad. Es el camino más difícil, pero el único que puede llevar soluciones efectivas.
Por su parte, Naddeo consideró que “la discusión de fondo es si la infancia en situación de extrema pobreza o de vulnerabilidad social es un tema de la Justicia o si es un tema de políticas públicas”. Y se respondió: “Es un tema de las políticas públicas y esto requiere ampliar los programas sociales, e implica tener acciones en el corto y en el mediano plazo, porque son formas de intervención que llevan más tiempo que una intervención policial coyuntural”.