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Por P. L.

Una mujer efectúa una, dos, tres denuncias por violencia familiar; la Justicia no actúa y, más tarde o más temprano, ella es asesinada por el hombre a quien había denunciado. Para examinar las causas de esta situación –fuertemente evocada por los crímenes producidos en Castelar–, Página/12 consultó al fiscal general de Morón (distrito donde Paola Orozco formuló sus denuncias) y a una abogada especialista en violencia familiar.
“La política de esta fiscalía general es tomar las medidas necesarias para proteger a la víctima, incluso la exclusión del hogar, pero la gran mayoría de las veces es la víctima quien no las acepta –afirmó Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón–. Los hechos de violencia familiar son fenómenos culturales que, en general, los denunciantes mismos no están dispuestos a modificar: se da un círculo vicioso donde la persona denunciante no quiere que el denunciado sea excluido del hogar, y no quiere que se tome ninguna medida que coarte los ingresos económicos, que suelen provenir del denunciado. Además y sobre todo, la Justicia penal, para actuar, necesita pruebas y, en la mayoría de los casos, en la amenaza personal en las parejas es la palabra de uno contra la del otro.”
En cambio, la abogada Haydée Birgin –presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género– sostuvo que “en general, cuando una mujer hace una denuncia por violencia familiar, pide medidas concretas como la exclusión del hogar: es obligación de los fiscales investigar los hechos, buscar pruebas y, en la provincia de Buenos Aires, la Justicia penal está facultada para aplicar la exclusión del hogar. En todo caso, para las mujeres afectadas es preferible hacer sus denuncias ante el fuero de familia, que se maneja con pruebas ‘indiciarias’: si los vecinos la vieron con moretones, si la escucharon gritar, puede ser suficiente para presumir que quien convive con ella la golpeó y dictar medidas como la exclusión del hogar”.