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Por Jorge Colina *

El Gobierno anunció el aumento del tope salarial para tener derecho a la percepción de las asignaciones familiares. Análogo a lo ocurrido con los aumentos salariales de suma fija, el impacto redistributivo de la medida es muy relativo ya que beneficia a los trabajadores registrados, cuando el principal factor de pobreza e inequidad es la masiva presencia de trabajadores “en negro”.
Las asignaciones familiares son ayudas del Estado para los trabajadores en relación de dependencia registrados que tienen cargas de familia. Varios son los eventos de la vida familiar que se subsidian: el embarazo, el nacimiento de un hijo, la adopción, el matrimonio y una ayuda escolar anual. Sin embargo, el más importante es el subsidio por hijo. Esta ayuda consiste en un monto mensual que se otorga al trabajador, por cada hijo, en función de su nivel de ingreso. Los que tienen un salario inferior a $ 500, reciben $ 40 mensuales por hijo, los que tienen un salario entre $ 500 y $ 1000, reciben $ 30 mensuales por hijo, y los que ganan entre $ 1000 y $ 1500 reciben $ 20 mensuales por hijo. El Gobierno ha levantado el “techo” salarial de las asignaciones familiares desde los actuales $ 1500 hasta $ 1725. El fundamento es que hubo un aumento de salario de $ 224, otorgados por decreto, que afectará a los trabajadores con salario próximo a los $ 1500, ya que al sobrepasar el “techo”, dejan de percibir asignaciones familiares. La medida aparenta ser justa, pero en realidad es inequitativa.
Según la EPH, los asalariados registrados del sector privado con salarios de entre $ 1275 y $ 1500 con hijos, es decir, la población afectada por la medida, tienen las siguientes características:
n No superarían el 1 por ciento del total de trabajadores registrados del sector privado, es decir, no serían más de 30.000 trabajadores.
n El salario promedio de estos trabajadores es de 1450 pesos.
n La cantidad promedio de hijos es de 1,95 hijos por trabajador.
En el otro extremo del mercado laboral, se observa que:
n El 83 por ciento de los trabajadores “en negro” tiene carga de familia.
n En promedio, ganan 420 pesos y tiene 2,7 hijos por familia.
n Dos de cada tres está por debajo de la línea de la pobreza.
Aumentar el tope para el cobro de asignaciones familiares puede parecer racional pero, en las actuales condiciones, no contribuye a la equidad. En la medida que se va conformando una seguridad social elitista que deja fuera a las personas que más la necesitan, el Estado pierde una poderosa herramienta de redistribución de ingresos. Para aumentar la equidad la prioridad es combatir el empleo no registrado. De allí se deduce la importancia que tiene instrumentar una estrategia integral para promover el “blanqueo” de las relaciones laborales, la cual debería incluir de manera articulada la fijación de un mínimo no imponible para la determinación de las cargas sociales (de manera de reducir la presión impositiva sobre los puestos de trabajo de menor productividad); la simplificación de la registración laboral (para disminuir la presión burocrática sobre las pequeñas empresas) y la mejora en los sistemas de control.

* Economista jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.