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La crisis energética, o sería más preciso decir la maniobra oligopólica de retención de la oferta para forzar una suba de las tarifas, está revelando el lugar de privilegio que tienen reservado las petroleras en el seno del gobierno. La convocatoria a una audiencia pública para el 6 de mayo es en la práctica una formalidad para convalidar un aumento del precio del gas de boca de pozo. En 28 meses poco se ha avanzado en la redefinición de nuevos contratos con las empresas que integran el complejo gasífero (productoras-transportistas-distribuidoras). La pelea Roberto Lavagna versus Julio De Vido refleja la puja que existe en esa instancia del poder político sobre a quién le recaerá el mayor costo del aumento de tarifas. Ninguno de los dos pesos pesado de la administración Kirchner plantea la revisión de la estructura y regulación de un área estratégica, como la de hidrocarburos. Las críticas y amenazas públicas a las gasíferas sirven para sentarlas a la mesa de negociación, pero esas palabras no tienen continuidad en hechos. El caso más evidente fue el proyecto de elevar las retenciones a las exportaciones de gas, iniciativa que tuvo amplia difusión y ahora ni es mencionada en el acuerdo con las gasíferas. Como en muchas cuestiones fundamentales que inquietan a la sociedad, ahora la seguridad, después será la deuda y en semanas antes del comienzo del invierno será la provisión de gas, la discusión se circunscribe a aspectos gaseosos sin ver lo que hay en el fondo del pozo.
En el acuerdo que se alcanzó con las gasíferas, éstas se comprometieron a “garantizar” el abastecimiento de 121 millones de metros cúbicos diarios de gas para el mercado interno, a cambio de un aumento del precio de boca de pozo del 35 al 50 por ciento, que se elevará al ciento por ciento en un plazo de 15 a 18 meses. La distorsión que tiene el esquema privatizador de los ‘90 queda en evidencia en ese “garantizar”, cuando en realidad debería ser una “obligación” satisfacer toda la demanda de gas que se pueda transportar por las redes troncales. Y aquí se hace presente el núcleo de la crisis, que consiste en la insuficiente estructura de transporte. El problema no es la producción de gas, que si bien las reservas disminuyeron a unos 12-14 años aún son suficientes. Ni las tarifas, que en economías “normales” son incentivos a la inversión pero que en este modelo son la variable para contabilizar ganancias extraordinarias y reaseguro del pago del elevado endeudamiento, que en gran parte sirvió para “garantizar” el giro creciente de utilidades a las casas matrices.
En esta puja distributiva que se desarrolla alrededor del gas existen ideas que de tanto repetirse aparecen como ciertas pero que, en realidad, no son tan así. Se sostiene que las tarifas de gas están atrasadas y que deberían dolarizarse, como si fuera un commodity como el petróleo. Pero el gas no reúne todas las características de commodity porque no es un bien que se pueda exportar a cualquier lugar del mundo. El comercio internacional de gas es muy restringido porque el gasto de transporte es muy elevado, hay que comprimirlo a presiones muy altas o bajarle la temperatura, procesos que son muy costosos. Por ese motivo el precio del gas ha sido uno residual de la explotación de petróleo. El gas surge como un producto asociado a la extracción de petróleo. Para hacer uso de ese fluido hay que entubarlo; en caso contrario se ventea, como era usual en la década del ‘80. El precio del gas es, por lo tanto, uno marginal al del petróleo.
¿Cuáles son, entonces, los costos de prospección y de explotación del gas? No se saben, aunque especialistas independientes estiman que no son elevados. Aspirar a la dolarización de la tarifa es querer definir al gas como un commodity cuando no lo es plenamente, aunque una parte es exportada a países limítrofes. En esa nebulosa se define un aumento del precio del gas de boca de pozo, que en realidad apunta a capturar una porción de la renta de un conjunto de industrias que exportan o que sustituyen importaciones, todas ellas compañías beneficiarias de la devaluación y de la pesificación y congelamiento de tarifas. De hecho, Techint renegoció el año pasado el precio del gas reconociendo un valor más elevado. Ahora, las gasíferas lograron que esa suba se generalice a toda la industria.
El Estado, otra vez, actuó como espectador, corriendo detrás de la crisis para inclinar la balanza a favor de las petroleras. Pero luego de allanarse a esa maniobra oligopólica de retención de la oferta de gas para forzar la discusión tarifaria, la crisis estallará en el invierno. Y en ese momento aparecerá la restricción fundamental: en los últimos quince años no se construyeron gasoductos para el mercado interno y, por lo tanto, no se podrá satisfacer el aumento de la demanda. Ese crecimiento equivale a un 10 por ciento de la actual capacidad de transporte, red que está al máximo de su utilización.
Como quedó probado con la desregulación y privatización del gas, el mercado no resolverá ese problema. Pese a esa evidencia, el gobierno parece que archivó muy rápido la propuesta de subir las retenciones a las exportaciones de gas y petróleo para que ese ingreso adicional sea destinado a un fondo fiduciario para, por ejemplo, la construcción de nuevos gasoductos.