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Pese a la reactivación de la economía, la expansión del crédito a plazos largos y tasas accesibles continúa siendo una asignatura pendiente. La discusión de fondo se está dando en el Banco Central, donde los técnicos continúan revisando las restricciones financieras implementadas en los ‘90. El futuro del crédito dependerá de la profundidad de los cambios que se terminen introduciendo en la normativa. Algunas modificaciones ya han comenzado a anunciarse, como la decisión de dar vía libre a los créditos personales hasta 15 mil pesos sin necesidad de presentar recibo de sueldo. Para favorecer una mejor comprensión de las limitaciones que encierra el modelo de crédito neoliberal e incidir en el debate actual, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR), thinktank de los principales bancos públicos y cooperativos, elaboró un documento de trabajo donde se detallan las consecuencias adversas que generó la regulación bancaria, inspirada en el Acuerdo de Basilea. Cash adelanta las principales reflexiones contenidas en el informe “La regulación bancaria en Argentina durante la década del noventa”, elaborado por los economistas Guillermo Wierzba y Jorge Golla.
Para los autores, el huevo de la serpiente que explica las restricciones del crédito se expresa en el Acuerdo de Basilea, elaborado en julio de 1988 por los principales países desarrollados. Allí se establecieron una serie de “recomendaciones” para adecuar los sistemas bancarios nacionales a la creciente liberalización de capitales. El objetivo era aumentar la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional, reemplazando las diferentes regulaciones macroeconómicas vigentes en cada país por un conjunto de disposiciones de carácter exclusivamente microeconómico, para emparejar la cancha poniendo a los sistemas financieros nacionales a tono con la globalización financiera.
El eje del nuevo esquema consistió en la imposición de requerimientos mínimos de capital fijados mediante la calificación de los activos de las entidades de acuerdo a los destinatarios de los créditos, el tipo de operaciones, las garantías y el plazo de las financiaciones. Esa lógica llevó a los bancos a racionar el crédito a las pymes, financiar al sector privado más concentrado y privilegiar los préstamos de corto plazo. “La introducción de esas disposiciones normativas de nueva generación, limitó seriamente la capacidad de los estados de orientar la asignación del crédito en función de sus objetivos de política económica (...) De ahí que los estándares de Basilea representen la clase de regulación prudencial aceptable para los partidarios de la liberalización, pues aseguran que las fuerzas del mercado (los tenedores del capital) determinen el monto de préstamos que los bancos pueden otorgar y el destino de los mismos, sin injerencia de los hacedores de política”, afirman los autores.
Si bien el Acuerdo de Basilea estaba dirigido a los bancos transnacionales con sede en los países centrales, el documento exhortaba a la adopción de esa metodología en los restantes países para el caso de bancos con actividad internacional. Argentina fue el caso extremo en la aplicación de esas regulaciones. Basilea recomendaba el establecimiento de un requerimiento mínimo de capital de 8 por ciento de los activos ponderados por riesgo. En el país alcanzó el 11,5 por ciento y se complementó con otra serie de exigencias que aumentaban los requerimientos de capital para los bancos cuando sus calificaciones eran peores o las tasas de interés de sus préstamos eran más altas, posicionando las exigencias de capital en 13,7 por ciento sobre las financiaciones totales (70 por ciento más que las recomendaciones de Basilea).
Esas normas, denominadas “Basilea Plus”, llevaron a los bancos a no querer prestarle a las pymes o a evaluar los proyectos privilegiando las garantías por sobre la capacidad de repago y la rentabilidad potencial dela iniciativa. Wierzba y Golla sostienen que las políticas neoliberales no discriminaron por tipo de entidad “imponiendo regulaciones iguales a todos los bancos sin atender a la escala, región, origen, forma jurídica, especialización o clientela. Este tratamiento resultaba inequitativo debido a que, en el marco de la existencia de segmentación del mercado del crédito, conduce a un tratamiento dispar de las entidades, beneficiando a aquellas que atienden la clientela con menores dificultades de bancarización; así resultaron perjudicados los bancos especializados en pymes o de actuación regional”.
A través de las recomendaciones de Basilea, la ortodoxia buscó fortalecer el sistema bajo el supuesto de que la solvencia y liquidez de las entidades alcanzaba para garantizar su fortaleza. Los autores sostienen que la crisis de 2001 dejó en evidencia la incapacidad de las exigencias de capital para hacer frente a corridas bancarias cuya naturaleza es eminentemente macroeconómica. Luego del estallido del sistema local Basilea Plus dejó de existir de hecho. Sin embargo, muchas de las recomendaciones del Basilea original continúan vigentes.