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Dos factores coincidieron en las últimas semanas para consolidar un escenario de suba de tasas de interés en el mercado doméstico. En el frente externo, la previsible alza de la tasa de corto dispuesta el martes pasado por la Reserva Federal (banca central estadounidense) adelanta un sendero en esa dirección a ritmo creciente para lo que resta del año. En la plaza local, por su parte, el instituto emisor ha retocado para arriba las tasas que paga por las Lebac en las dos recientes licitaciones de esos instrumentos de intervención monetaria. En uno y en otro caso, esas medidas reflejan preocupación por el recorrido ascendente de la inflación. Pero, como resulta evidente, la FED opera sobre una economía madura, la principal potencia mundial y con la suficiente prudencia para evitar caer en recesión. Aquí, en cambio, el BCRA actúa en una economía que todavía no puede ser considerada “normal”, hipersensible al nivel de la tasa de interés y con riesgos de que las recetas tradicionales –y ortodoxas– que se ofrecen en los manuales básicos precipiten una indeseable desaceleración de la actividad económica.
La política fiscal ya es lo suficientemente contractiva –de eso se trata un superávit rcord– y lo será todavía más en los próximos tres meses, como para acompañarla con una política monetaria restrictiva. En general, los funcionarios son reacios a aprender de las experiencias-frustraciones pasadas y mucho más de las recientes. Una de esas últimas lo tuvo como protagonista al anterior presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay. En la Argentina posdevaluación y poscorralito no era fácil estimar la demanda de dinero, o sea la cantidad de moneda doméstica que la gente está dispuesta a mantener en saldos líquidos. En esa nebulosa, Prat Gay definió una política monetaria ortodoxa, aunque no tan contractiva como la que pedía el Fondo, pero restrictiva al fin. Asumió que la demanda de dinero se comportaría como en los últimos años, como quien no quiere sumar complicaciones. La demanda transaccional histórica de los ‘90 no superó el 10 por ciento del PIB, nivel que ya había alcanzado a principios de 2003. Para Prat Gay cualquier expansión de la oferta (emisión), entonces, impactaría en una suba de precios y no en la cotización del dólar.
Esa estrategia recibió un reprobado. En el acuerdo con el FMI de ese año, el objetivo de inflación previsto era del 35 por ciento anual, con un tipo de cambio navegando por los 3,85 y una tasa de interés coqueteando el 15 por ciento anual. La marcha de los precios finalmente fue de un dígito: 3,7; el dólar retrocedió a niveles de 2,85 y la tasa se disparó por encima del 20 por ciento, para luego retroceder cuando se flexibilizaron las metas de expansión.
El costo de esa errónea medida fue una fuerte caída del dólar sin que ese descenso se tradujera en traslado a precios. Además provocó un incipiente freno a la recuperación de la actividad, que ante la veloz revisión de esa política monetaria contractiva evitó que se interrumpiera la recuperación económica.
Una inflación creciente, cuando se dispara ese proceso, es un problema. Enfrentarlo con el combo de política fiscal y monetaria contractiva es curar la enfermedad con cicuta. Esa receta ofrece el resultado que ya se conoce y que es preferible no tener que volver a padecerlo.