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Acordar algún criterio de productividad para negociar salarios, como pretende de aquí en más Roberto Lavagna, es un asunto bastante sencillo cuando se trata del convenio laboral de los metalúrgicos, de varios otros que se están discutiendo ahora, o de los mucho más de cien que se firmaron desde principios de 2004 y que abarcaron a un tercio de los trabajadores registrados. La discusión entre el ministro y los caciques de la CGT –que además de ajustes por productividad insisten con aumentos generalizados y la fijación de remuneraciones mínimas más elevadas– difícilmente pase a mayores a menos que la inflación se desboque.
Pero nada de eso le sirve a la mitad de los asalariados privados, que según las últimas mediciones oficiales, revistan en el sector informal de la economía, sin sindicatos que los representen, desamparados de casi toda cobertura y que, obviamente, fueron los que menos pudieron recomponerse tras el sablazo del 2002. A tal punto que la brecha que se abrió entre los trabajadores formales e informales alcanza hoy niveles record. Para tener una idea –basta considerar que mientras el salario promedio de los que mantuvieron su empleo en el sector formal ya recuperó el 58 por ciento de la inflación acumulada, desde la devaluación de hace tres años– el salario en negro, apenas se reajustó un 17 por ciento.
El aumento del empleo en negro que se verificó en la ya mencionada última medición del Indec llevando el registro a casi el 50 por ciento muestra que la campaña a favor del blanqueo que en la segunda mitad del año pasado llevó adelante el Ministerio de Trabajo resultó un fracaso. El “Esta vez va en serio” se quedó en slogan.
La informalidad es un problema de una magnitud, gravedad y complejidad que requiere de esfuerzos mucho más grandes, firmes y sistemáticos que los que el Gobierno utilizó hasta ahora. ¿Cómo hacer, si no, para atacar un flagelo que castiga a 5 millones de empleados (sin contar el millón de empleadas domésticas que en un 95 por ciento están en negro), de los cuales dos terceras partes están diseminados en medio millón de unidades productivas que ocupan a menos de cinco personas, con un promedio de tres? Las campañas de concientización o disuasión son prácticamente inocuas para esa multitud de pequeños comercios, kioscos y tallercitos que pululan empobrecidos por todos lados. Ni hablar de apelar al garrote para quien apenas puede mantenerse en pie fuera de los márgenes de la legalidad fiscal y previsional. La pregunta entonces es ¿qué hacer para angostar el abismo y lograr que la recuperación también alcance al menos a una parte de los informales?
Hasta ahora, la política de ingresos del Gobierno se focalizó sobre el sector formal, que se benefició plenamente de los aumentos por decreto y que pudo apropiarse de una parte de la mayor rentabilidad empresaria, de manera tal que –como ya se señaló– en promedio recuperaron el poder adquisitivo de fines del 2001 (en peor situación están los que consiguieron ocuparse tras la crisis, ya que el salario de partida es inferior al promedio de mercado para puestos equivalentes).
El especialista Ernesto Kritz sostiene que las campañas para regularizar el trabajo en negro pueden tener algún efecto sobre el tercio que no está empleado en las microunidades productivas que sobreviven a duras penas. En cuanto a la mayoría restante, opina que lo único que se puede esperar es que opere una especie de “efecto derrame”, en el sentido que una persistente tendencia de crecimiento en la demanda laboral vaya incorporando al sector formal a gente desocupada o que ahora trabaja en negro. El titular de la consultora Sociedad de Estudios Laborales observa que dos ventanas importantes de reinserción podrían ser el sector de la construcción y el comercio.Volviendo por un instante a la relación productividad-salario, es interesante advertir que un relevamiento realizado por esa consultora entre un centenar de empresas líderes arrojó que desde la salida de la convertibilidad la masa salarial les aumentó un 38 por ciento, lo que a todas luces indica que el costo laboral por unidad facturada por esas compañías ha disminuido significativamente (téngase en cuenta que los precios minoristas subieron casi un 60 por ciento y mucho más los mayoristas).
Si el margen de maniobra es tan acotado como sugiere Kritz, no es mucho ni muy rápida la mejora que pueden esperar quienes hoy están en la informalidad.
Y tampoco pueden alentar demasiadas esperanzas al respecto las grandes firmas que se dicen afectadas por la competencia desleal que significa la informalidad. Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados calculan que la facturación en alimentos y artículos de limpieza de comercios que funcionan en la informalidad asciende a 18.000 millones de pesos anuales, que es lo mismo que facturan en esos rubros el conjunto de las grandes cadenas.