Las líneas maestras de la política energética exterior están siendo elaboradas en la Unión Europea. El borrador del documento que se presentará al Consejo tiene un contenido muy abierto, para que los líderes de los Veinticinco acerquen posiciones. El diseño de esta política exigirá una larga negociación. El documento plantea las cuestiones más espinosas que han impedido una política energética común, como la energía nuclear.

El texto aborda la transformación de Estados que de simples productores o consumidores de energía se convierten en importantes actores de la política exterior. Aunque no se cita a ninguno, las alusiones son claras. Los productores están convirtiendo la energía en un arma política fundamental de sus relaciones exteriores. También se plantea la conveniencia de lograr un consenso entre los intereses empresariales y estatales. El borrador recoge la preocupación ante la proliferación del enriquecimiento de uranio para usos civiles (Irán). Y plantea los problemas de asegurar y financiar los nuevos yacimientos y las redes de transporte que escapan al control de las empresas y exigen un acuerdo previo de los Estados afectados (Polonia en el gasoducto Rusia-Alemania por el Báltico).

Estos elementos revelan que la energía se ha convertido para la UE en la prioridad estratégica de su política exterior. Con razón. Europa importa el 50 por ciento de su consumo de gas, sobre todo de Rusia. En 2020, dicho consumo requerirá 200.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo más. Pero Rusia sólo podrá aumentar sus exportaciones en 50 millones. La necesidad de afrontar los riesgos es evidente. En la UE, cada país se busca la vida por su cuenta. El acuerdo ruso-alemán de suministro de gas es un ejemplo. El avance hacia una política común es lento. En la pasada cumbre de los Veinticinco, celebrada en marzo en Bruselas, se acordó, junto con la inclusión de la energía en la política exterior, la liberalización total del gas y la electricidad en 2007. Pero no se logró crear un regulador energético europeo, como quería la Comisión. Tampoco consiguió Loyola de Palacio, la anterior comisaria de Energía, aprobar una gestión coordinada de las reservas estratégicas de petróleo de cada país –las únicas obligatorias–, ni aumentar su cantidad. Dos medidas fundamentales, como son crear reservas estratégicas de gas y aumentar las interconexiones entre países, están aún en mantillas.

En el conjunto de Europa, las interconexiones eléctricas, que podrían actuar como colchón de seguridad, no llegan al 11 por ciento de la capacidad de producción. Pese a los anuncios de liberalización, Alemania mantiene su mercado energético cerrado; en Francia, con las grandes empresas Eléctricité de France y Gaz de France firmemente atadas al Estado, no hay competencia extranjera. Dinamarca, Suecia y Finlandia son la excepción en una Europa donde en cada país hay, de hecho, una situación de monopolio, con dos o tres empresas que dominan el 75 por ciento de los mercados del gas y la electricidad. El susto propinado por Rusia en enero, al cortar el gas a Ucrania, lo que afectó a varios países de la UE, puede espolear la formación de mercados regionales. Mes y medio después, Francia, Alemania y los tres países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) comenzaron las negociaciones, respaldados por el comisario de Energía, para crear un mercado interior en su ámbito territorial. Pero la dificultad de integrar mercados ha quedado de manifiesto en la península Ibérica. España y Portugal, dependientes y aislados, intentan desde 1999 crear un espacio energético único. Diferencias en regulación, precios, estrategias empresariales y tiempos políticos hacen que, tras siete años de contactos, el mercado eléctrico ibérico (Mibel) aún no funcione.

Empujadas por sus gobiernos, las grandes compañías, estatales o formalmente privadas, están tomando posiciones para asegurar el suministro de energía, en una suerte de nacionalismo económico. La alemana E.ON, la italiana Enel, la francesa EDF y la rusa Gazprom, disputan un partido crucial, ante una Comisión Europea debilitada. La guerra de ofertas desatada en España en torno de la primera compañía eléctrica del país, Endesa, es sólo un episodio más, en un contexto de encarecimiento de las materias primas por la escasez y la inestabilidad política en los países proveedores, y de necesidad de buscar alternativas a la quema de combustibles fósiles para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto.

Respaldadas por sus respectivos gobiernos, empeñadas en la formación de “campeones nacionales”, las empresas líderes en Europa actúan muy alejadas de cualquier proyecto común. El objetivo, aparte de ganar dinero, es asegurar el suministro a sus respectivos países. En el caso del gigante ruso Gazprom (51% del Estado ruso), la intención es distinta: participar en todas las fases del proceso, desde la producción al consumidor final, y obtener su parte de la tarta europea en forma de divisas y de influencia. Para ello presiona. Pero su entrada en el negocio no se ve con buenos ojos.

* De El Paísde Madrid. Especial para Página/12.