En la década del noventa emergió con fuerza un nuevo bloque de poder económico, que nació de la comunión de grupos locales, bancos internacionales y multinacionales de servicios públicos. Las compañías privatizadas surgieron a partir del desguace del Estado y pasaron a ocupar un lugar central en el ámbito económico. Su inmenso poder financiero, incrementado por una estructura tarifaria que les regalaba una elevada rentabilidad, lograba sumar voluntades de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Incluso un sector de la población estaba satisfecho porque tenía una línea de teléfono, autopistas, luz y gas sin cortes en el suministro y no le importaba pagar caro por el servicio ni que se incumpliera el compromiso de brindar cobertura a áreas marginales.

En esos mismos años, la banca concentrada vinculada a grupos económicos locales y la internacional constituyeron otro núcleo de poder que dominaba la escena doméstica. Esa presencia relevante tenía el antecedente de la reforma financiera de 1977 de la dictadura militar y en la década del noventa se completó con la desregulación y apertura del sistema al mercado global. El enorme poder económico de la banca, acrecentado por tasas de usura, bicicletas con bonos públicos y la subordinación estatal por la desmedida carga de la deuda externa, lograba cautivar las conciencias de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta una porción importante de la población se encontraba cómoda porque podía depositar en dólares y las tasas altas le permitía obtener una renta atractiva. Poco importaba en ese entonces que se estuviera incubando una crisis de proporciones, como la que estalló con el corralito, prisión de depósitos que fue el rostro más terrible para las ilusiones financieras de los ahorristas.

En silencio, mientras esos dos bloques de poder se reacomodaban después del terremoto de 2001, se fue consolidando uno nuevo, alimentado por una política cambiaria de dólar alto y un contexto internacional extraordinariamente favorable para las materias primas. Los piquetes verdes que duraron 21 días fueron la exteriorización del poder económico emergente de los barones de la soja. A diferencia de las privatizadas y los bancos, en este caso cuentan con el invalorable aporte, físico y discursivo, de pequeños productores y de la clase media agraria ascendente. Como se pudo observar con nitidez en estos días, el gigantesco poder financiero del complejo sojero, que investigadores aliados al negocio del poroto denominan sin inocencia “tramas productivas”, lograron capturar el interés de políticos y de gran parte de los medios de comunicación. Hasta reductos de defensa del desarrollismo y de la industria han mudado su vocación a la tutela del negocio de la soja, integrado por grandes arrendatarios, pools de siembra, multinacionales de la semilla transgénica, acopiadores y gigantes exportadores. Esa corriente es acompañada por un sector de la población urbana, ya sea por oposición al Gobierno o por estar vinculado con la renta del campo. Incluso el gobierno fue cómplice del crecimiento de ese nuevo bloque de poder porque en una primera etapa le sirvió para dar estabilidad a la economía luego del derrumbe de la convertibilidad. Como en los momentos de auge de las privatizadas y de los bancos, hoy poco importa que probablemente se esté incubando una crisis por la extrema vulnerabilidad económica, social, política y ambiental que implica el monocultivo. Ya llegará el tiempo para lamentarse de políticos, productores, clase media y el coro de voceros afinados por la adoración al poroto de oro, del mismo modo que lo hicieron luego con las privatizadas y los bancos cuando se rompió la cadena de la felicidad.

El fabuloso ciclo de alza de las materias primas, impulsado por la revolución industrial tardía de China, el avance sostenido de India y el desarrollo de los biocombustibles, ha permitido la creación de un dinámico núcleo de poder económico. En los últimos cinco años no hubo sector que haya creado y concentrado tanta riquezas como el de la soja y subproductos. El capital, que en Argentina tiene una acentuada característica rentístico, va mudando en busca de los nichos de mayor rentabilidad. Los grandes capitales locales se lanzaron a participar del proceso de privatización, para luego retirarse previa valorización de sus respectivos paquetes accionarios. También intervinieron en posiciones de liderazgo en el sistema financiero, para terminar vendiendo al mejor postor extranjero. Siempre con abundante liquidez disponible, poseen la particularidad de ir recorriendo los sectores de mayor rentabilidad con una estricta lógica financiera para su capital. En el pasado lejano fue la industria sustitutiva de importaciones con protección estatal, luego la banca y la especulación financiera, más tarde las privatizadas y ahora el agronegocio. Este comportamiento nómada del capital brinda pistas para entender la tibia y hasta indiferente posición que tuvieron las cámaras que reúnen a empresarios de la industria, de la banca, la construcción y los servicios frente al desafío del campo. No se trató de solidaridad corporativa, sino que muchos de los dueños de compañías de esos rubros tienen también capitales invertidos en el agro porque hoy les resulta una actividad financiera rentable.

La reacción destemplada de un sector del campo no hay que entenderla entonces por la suba de unos pocos puntos en las retenciones porque, haciendo bien las cuentas, no afectan la rentabilidad esperada cuando decidieron la siembra. La suba de los precios internacionales en los últimos meses más que supera la tibia intervención estatal vía retenciones móviles. El saldo del piquete del desabastecimiento fue el alumbramiento de un nuevo bloque de poder, que ha tenido como partero la invalorable colaboración de los pequeños productores liderados por la que en otros tiempos planteaba opciones progresistas Federación Agraria.

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