En los discursos que circularon durante el conflicto entre sectores del campo y el Gobierno, se caracterizó al pequeño productor agropecuario como aquel que tiene hasta 150 hectáreas de tierra. Dentro de ese universo heterogéneo, hay desde chacareros de la Pampa Húmeda que, para trabajar esa superficie, requieren de una importante inversión de capital físico hasta productores que se encuentran bajo la línea de pobreza, están descapitalizados, acceden al mercado en condiciones desventajosas y viven en zonas que carecen de infraestructura y servicios (agua corriente, electricidad, redes de comunicación). A pesar de aportar el 25 por ciento de la producción agropecuaria, las problemáticas de estos trabajadores rurales no se vieron claramente reflejado en los cortes de ruta.

Los más pequeños “estuvieron en los cortes pero no participaron de la negociación. En la negociación se están resolviendo los problemas de inequidad dentro del modelo y los más pequeños no están dentro del modelo. Se habla de los pequeños que quieren exportar pero no de los que trabajan en el mercado interno”, afirmó Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural.

En la Secretaría de Agricultura calculan que hay aproximadamente 320 mil productores agropecuarios. Casi 220 mil son denominados “agricultores familiares”, de los cuales más de 170 mil son productores minifundistas que trabajan las tierras menos ricas del país, concentradas en el Noreste, Noroeste y Cuyo, y tienen grandes dificultades para asegurar su reproducción familiar.

Según un estudio del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, sólo el 20 por ciento de los agricultores familiares “puede evolucionar y realizar una reproducción ampliada de su sistema de producción. No presenta rasgos de pobreza, sus carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción”. Pero el grueso del sector (casi el 80 por ciento) se reparte entre familias que sólo logran una reproducción simple y otras cuya subsistencia depende del aporte de programas sociales.

“Estos productores minifundistas, que son pobres estructurales, no producen un gramo de soja para exportación; si lo hacen, es para el propio autoconsumo”, aseguró a Cash el Coordinador Nacional del Programa Social Agropecuario, José Catalano. Se dedican fundamentalmente a las actividades propias de las economías regionales, como tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, mandioca.

Estas familias tienen serios inconvenientes para acceder al agua y a la titularidad de la tierra que, en ocasiones, es insuficiente para lograr una producción sustentable. No cuentan con los medios de producción ni tecnología adecuados (en muchas provincias, la preparación de la tierra se realiza con maquinaria de tracción animal), tienen dificultad para acceder al crédito e imposibilidad de comercializar en condiciones favorables.

Angel Strappazzon, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, señaló a este suplemento que “no nos sentimos representados ni hemos pedido que nos represente el sector que hizo el lockout. Ellos son empresarios y nosotros no, ya que no empleamos mano de obra; somos nosotros los que trabajamos la tierra. Además, como idea, no compartimos la producción de soja. Ninguno de nosotros es soja. Tenemos graves conflictos con los sojeros”.

Desde el Estado hay diversos programas dirigidos a este sector. El Programa Social Agropecuario los apoya “desde el punto de vista de la organización, asistencia financiera y técnica”, explicó Catalano. El ProHuerta –programa conjunto del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social– trabaja con más de 500.000 familias en condiciones de pobreza, que producen y comercializan alimentos en muy pequeña escala y utilizan técnicas agroecológicas para conservar el medio ambiente. “La población con la que trabajamos no hace soja, no es una actividad viable para los muy pequeños productores y los pobres del campo. En realidad, la expansión de la soja muchas veces implica el desplazamiento de este sector”, explicó Roberto Cittadini, coordinador nacional del ProHuerta.

Entre los recientes anuncios del gobierno, se reflotó la creación de una Subsecretaría de Desarrollo Rural, anunciada en octubre del año pasado. Según fuentes de la Secretaría de Agricultura, desde la nueva entidad se abordarán los problemas estructurales de los pequeños agricultores: el acceso al agua, la tenencia de la tierra y las dificultades para la comercialización.