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El holding Bunge y Borg es propietario de 110 mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires: el valor de mercado de esa tierra supera los 4000 millones de pesos. Pero su valor fiscal es de apenas 754 millones de pesos. Por ese motivo abona de impuesto inmobiliario sólo 46 mil pesos mensuales, el 0,00013 por ciento del valor real de los campos. El castillo La Candelaria, construido por el arquitecto francés Molière en 1840, tiene 1200 metros cubiertos, con un parque de 340 hectáreas, diseñado por el prestigioso paisajista Carlos Thays, y un total de 8000 hectáreas sembradas con soja. En 2008 tributó de impuesto inmobiliario 4453 pesos mensuales. En la provincia de Buenos Aires los 50 propietarios rurales más grandes concentran en total 3,2 millones de hectáreas. Estos terratenientes pagan, en proporción, veinte veces menos de lo que abona en un centro urbano el dueño de un departamento de dos ambientes. Aun así, las entidades agropecuarias preparan protestas para resistir un incremento impositivo que igual seguirá manteniendo el gravamen en valores ridículamente bajos.

En el 2000, una hectárea de tierra en Pergamino costaba 3000 pesos y pagaba de impuesto inmobiliario 22 pesos; en la actualidad su valor alcanza los 40 mil pesos, treinta y tres veces más, y el impuesto es de 82 pesos, que sólo se multiplicó por cuatro. Es decir que, en valores reales, pagan sólo el 12 por ciento de lo que aportaban hace nueve años. Con el aumento que aprobó la Legislatura provincial, pasará a contribuir apenas el 15 por ciento de lo que pagaban en el 2000. Este tibio aumento desató la furia de la Mesa de Enlace provincial, que amenaza con un paro.

Un informe elaborado por los especialistas del sector, Osvaldo Barsky y Leonardo Fernández, revela que en el último Censo Agropecuario se detectó una disminución del 21 por ciento de unidades productivas: “Tal disminución obedece a la caída de campos de menos de 500 hectáreas”, explicaron. Las unidades de entre 500 y 5000 hectáreas ganaron 3,5 millones de hectáreas desde el último censo. Y las de más de 10 mil sumaron un millón de hectáreas más. Esta concentración, que va dejando el campo cada vez en menos manos, incrementa el poder de lobby de los grandes propietarios, tanto a nivel político como mediático.

Amalia Lacroze de Fortabat posee en la provincia de Buenos Aires 105 mil hectáreas por un valor de 3940 millones de pesos. Pero tributa impuesto inmobiliario por el valor fiscal que es sólo de 685 millones de pesos. En 1995, cuando un dólar cotizaba por ley a un peso y la actividad agropecuaria apenas sobrevivía, el precio promedio de la tierra en la provincia era de 2000 pesos y el ente recaudador bonaerense cobró en concepto de impuesto inmobiliario 151 millones de pesos. En 2008, con un valor promedio de la tierra de 31 mil pesos, quince veces más, recaudó 435 millones de pesos, menos de tres veces más que 1995.

La fuerte concentración de la tierra en el territorio bonaerense llevó a que los primeros 1566 propietarios ya cuenten con 7,9 millones de hectáreas, en 32 por ciento del total. El resto del campo se reparte entre 102 mil propietarios. Los grandes dueños de la tierra no sólo vieron multiplicarse por treinta el valor de sus campos, también su rentabilidad. Según datos de la Consultora Agropecuaria SEA, en 2001 una hectárea de soja en Pergamino arrojaba una ganancia de 155 pesos; en la actualidad, la revista Márgenes Agropecuarios señala que una hectárea en esa zona obtiene una utilidad de 2400 pesos mensuales, un 1500 por ciento más que hace ocho años. En ese período el impuesto inmobiliario pasó de 43 a 82 pesos, lo que equivale a una suba de menos del ciento por ciento.

El Haras San Benito, situado en San Antonio de Areco, tiene un valor de mercado de 6,8 millones de pesos. De ese total, 5,6 millones corresponden al precio del casco de la estancia. En 2008 pagó de inmobiliario 172 pesos mensuales. Una particularidad de la legislación que regía el impuesto inmobiliario hasta la reforma de la semana pasada era que los cascos de las estancias no tributaban impuesto provincial, salvo en los casos en que el valor de lo construido superara en diez veces el precio de la tierra. Por ejemplo, para que un casco de una estancia de 500 hectáreas en la zona de Rojas pagara impuesto tenía que costar más de 50 millones de dólares. Así, prácticamente ningún casco de campo de la provincia tributaba el impuesto inmobiliario.

En Inglaterra, una de las cunas del liberalismo económico, existen decenas de clubes privados de campo que funcionan en estancias con castillos centenarios. El fisco inglés les cobra una tasa diferencial del 0,5 por ciento anual, por considerarlas propiedades suntuosas. Un ejemplo similar en el país es la Estancia La Macarena, en Exaltación de la Cruz. En su castillo se reúnen algunos de los personajes más ricos del país. En La Macarena disfrutan de la caza y del avistamiento de aves, entre otros entretenimientos. La propiedad tiene un valor de mercado de 4,1 millones de pesos. En 2008 tributó en concepto de impuesto inmobiliario 142 pesos por mes.

La injusticia del Inmobiliario Rural se nota claramente comparándolo con lo que pagan los propietarios de unidades urbanas. Un departamento de dos ambientes en Haedo, de un valor fiscal de 92 mil pesos, pagó en 2008 452 pesos de inmobiliario, el 0,5 por ciento. Un hotel en San Martín, valuado por el fisco bonaerense en 4,4 millones de pesos, abonó el año pasado 49.285 pesos, más del uno por ciento. El Haras Cinco Vientos, en General Madariaga, con una bajísima valuación de 721 mil pesos, pagó 2877 pesos, el 0,28 por ciento de ese valor fiscal.

Cuando Cristóbal Colón llegó a América, la nobleza europea no pagaba impuestos. Ni trabajaba. En la actualidad, el espíritu de los sistemas impositivos es que los gravámenes cumplan una función redistributiva. Pero, luego de 500 años, en el país la situación no ha cambiado mucho. La impresionante concentración de la riqueza, en este caso de la tierra, resulta en que los grandes propietarios ostenten un poder de lobby sobre políticos y medios de comunicación que les permite pagar, en proporción, mucho menos en impuestos que la clase media y baja. En Santa Fe no se actualiza el impuesto inmobiliario desde 1992. El Congreso provincial no aceptó una reforma que propuso el gobernador socialista Hermes Binner el año pasado. El tímido incremento implementado por Scioli en Buenos Aires fue catalogado por la mayoría de los medios de difusión como “Impuestazo”. Así, los dueños de la tierra siguen estando entre los privilegiados que tributan menos impuestos en el país.