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Los efectos sociales de la crisis económica en Estados Unidos no se revertirán en el mediano plazo, advierte Bernardo Kliksberg, asesor principal de la dirección del Pnud/ONU para América latina. Declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña, Kliksberg dialogó con Cash sobre los efectos de la crisis en los sectores más desfavorecidos.

¿Qué implicancias de la crisis se observan hoy en Estados Unidos?

–La crisis implicó la caída del PIB de Estados Unidos en 2,5 por ciento y de la Eurozona en 3,9. Estas caídas afectaron la confianza, el consumo, las inversiones y tuvieron un impacto en términos de empleo muy importante. La tasa de desempleo abierto en los Estados Unidos era de 4,6 por ciento a fines del 2007 y en abril de 2010, del 9,7, según el Departamento de Trabajo. Por cada puesto de trabajo que se ofrece hay seis aspirantes. La tasa de desempleo de la población de color se estima en 15,6 por ciento, la de los latinos, de 12 a 13, y la de los jóvenes, en 25. El Consejo de Asesores Económicos de Obama tiene serios interrogantes sobre la posibilidad de una reactivación rápida en esta materia, más bien ven la posible extensión de una tasa de desocupación alta.

¿Cree que la regulación del sistema financiero que está promoviendo el presidente Obama puede ayudar a resolverlo?

–Obama se ha mostrado partidario de las soluciones posibles. Los intereses en juego son fenomenales, entonces los proyectos de regulación son dentro de la lógica de lo posible. Un gran triunfo para la sociedad norteamericana fue haber obtenido una ley de protección de la salud, muy significativo para 25 millones de personas que estaban desamparadas. Si se logra crear una agencia de protección de los intereses del consumidor, ingresar en el mercado de las hipotecas y en el de los derivativos –que estaba al margen de toda regulación–, esto va a tener efectos.

En relación con América latina, ¿todavía no llegó lo peor?

–En 2009 la crisis golpeó fuerte. Hubo una caída significativa del Producto en la región, una reducción de las exportaciones, de los flujos de inversiones, del turismo y una caída del 11 por ciento en las remesas migratorias, que eran de 65 mil millones de dólares hace tres años y protegían a veinte millones de familias. Pero la región tenía instrumentos interesantes de política económica y además había tenido una excelente performance en años anteriores, con un 4,7 por ciento de crecimiento interanual. Hay una nueva generación de políticas públicas que viene por mandato de la ciudadanía en gran cantidad de países de América latina. En los Estados Unidos hubo una discusión fenomenal sobre el seguro de salud. En América latina, el seguro de salud está legitimado para gran parte de la población.

¿Cree que es suficiente para enfrentar la crisis?

–En la sociedad latinoamericana hay un nivel de madurez mucho mayor respecto de la necesidad de que haya más equidad, más instrucción social, menos niveles de pobreza y desempleo. Es interesante que en Latinbarómetro, encuestas que se hacen en dieciocho países de América latina, cuando se pregunta sobre la legitimidad de la actividad del Estado, los indicadores son muy altos.

¿Cómo evalúa las últimas políticas impulsadas por el gobierno argentino, como la asignación universal por hijo y el plan Argentina Trabaja?

–Creo que programas de este tipo pertenecen a la nueva generación de políticas sociales. Se trata de armar un contrato con las comunidades y se les da espacios de participación. Pero junto a esto se necesita más. Se necesita abordar programas que permitan insertar a ese 25 por ciento de jóvenes que está fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. La opinión pública está capturada por la visión de que los jóvenes son disruptores y pide políticas de mano dura. Se necesita ampliar y avanzar cada vez más en programas incluyentes. Cuando se aplican programas inclusivos, las tasas de delincuencia joven bajan; cuando se aplican programas de mano dura, las tasas de delincuencia joven suben