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El debate sobre la inflación trasciende la coyuntura e introduce una cuestión que divide aguas. Abordarlo sin la dimensión distributiva tiene la misma matriz de pensamiento que el discurso sobre la pobreza que omite la centralidad de la igualdad. Así planteados, estos debates comprometen la idea misma de democracia. El neoliberalismo arrasó con derechos conquistados e impuso un paradigma de sociedad de mercado construida sobre la noción de individuos-consumidores que redujo y desplazó al de ciudadanía. Esta sustitución significó un retroceso devenido de la sustancial remercantilización de bienes que satisfacen necesidades básicas, cuyas coberturas habían sido previamente reconocidas como derechos humanos por el desarrollo del pensamiento democrático y por los protagonismos populares que se desplegaron para alimentarlo. Así, la salud y la educación, las pensiones de vejez y otras conquistas sociales fueron degradadas a la condición de mercancías.

El sentido sustantivo de la democracia es el fundamento que subyace en la indivisibilidad de los derechos humanos. Ese criterio otorga el mismo nivel a los derechos civiles y políticos que a los económicos y sociales, sin prelación. Así como es irreductible la vigencia plena del derecho a votar y a ser elegido, del derecho a opinar, del de profesar el credo, también lo es la del derecho a la alimentación, al vestido, y a contar con un empleo digno. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que la Constitución Nacional asigna un rango superior a las leyes, reconoce que “estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”, a su vez legisla “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de sus condiciones de existencia”. Y sigue con que “los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.

Argentina transcurrió estos últimos años con tasas de inflación más altas que en la década del noventa. Sin embargo, resulta diferente la situación actual a la de los momentos iniciales del despliegue de la política económica en curso, en los que las subas de precios significaban, centralmente, reacomodamiento de precios relativos. Hoy hay puja distributiva, con una sustantiva caída estructural del desempleo y con discusión salarial en paritarias. Es decir, fuera de las lógicas mercantiles desplegadas en el marco de una explicitada política oficial de mejorar la participación de los salarios en el ingreso y acompañada por iniciativas sustantivas y concretas de reparación a los sectores más sumergidos, como la asignación universal por hijo y el plan Argentina Trabaja.

Las mejoras en los ingresos de los más humildes implican un aumento del consumo de los bienes de necesidad esencial, fundamentalmente alimentos. Como muchos de esos mercados tienen ofertas concentradas o rígidas, y también la de los insumos (aluminio, cartón, plásticos, químicos) que participan del proceso de su elaboración y comercialización, las empresas que integran las cadenas de esos sectores se apropian de las mejoras de los ingresos de los asalariados y beneficiarios de planes. Lo hacen en el mercado formando y disponiendo precios.

Economistas ortodoxos y algunos heterodoxos, referentes de la oposición política y encumbrados exponentes del empresariado concentrado se esfuerzan con denuedo en otorgarle a la cuestión de la inflación el lugar central, cuando no exclusivo, en los objetivos de la política económica. A pesar de que predican la necesidad de asunción del problema nunca sinceran el carácter de las opciones que plantean. La propuesta que emerge como predominante, entre las que promueven, es el esquema de metas de inflación. Este supone un diagnóstico que responsabiliza al aumento de la demanda como causal de la suba de precios y asume la imposibilidad de ajuste de la oferta por medio de políticas públicas. Entiende que esa supuesta presión excesiva de demanda proviene de un nivel de actividad económica que reduce el desempleo a un nivel muy bajo que incitaría a un desbordado reclamo por aumentos de salarios. Ese incremento sería convalidado por empresarios requirentes de mano de obra en una economía que crece demasiado rápido. Así, el supuesto clave del esquema es la necesidad de un nivel de desempleo que asegure la no aceleración de la inflación, o sea, una tasa lo suficientemente alta para evitar que los trabajadores pujen por mejoras salariales que recorten las ganancias empresarias.

La clave del enfoque es evitar las pujas por una mejor distribución del ingreso. Su recomendación de política es enfriar la economía, reduciendo la demanda y el nivel de actividad. La herramienta es subir la tasa de interés para deprimir la inversión y el consumo. La consecuencia perseguida es más desempleo y menores salarios. La estrategia es que con la recuperación de las ganancias empresarias y los menores costos salariales se restaurarían las condiciones para la estabilidad de precios.

Si bien no todos los “sobre-preocupados por la inflación” comulgan con esta lógica predominante, no dejan de coincidir en la necesidad de disciplinar la demanda pública y privada con racionalizaciones de gastos y contenciones salariales. Así la discusión sobre el carácter del ordenamiento del sistema de precios presenta dos vertientes:

1. La de los planes clásicos de estabilización. Reducción de la demanda para que caiga la producción y el empleo, desarticulando la capacidad negociadora de los gremios, garantizando la no afectación de las ganancias empresarias, y componiendo un marco de retroceso de la justicia distributiva. Los regímenes de metas de inflación y de devaluaciones seriales son alternativas para esta lógica que supone un orden exclusivamente mercantil.

2. La otra visión afirma el objetivo redistributivo, con intervención pública en la determinación de los precios mediante procedimientos de administración de los mismos, establecimiento de controles, creación de empresas u ofertas testigo y dispositivos de promoción de la competencia cuando sea factible. Así, la presencia de mecanismos extra-mercantiles en la formación de precios, especialmente en la de los bienes que cubren derechos sociales, persigue la meta de garantizar y afirmar el objetivo distributivo.

Queda planteada una discusión sobre las estrategias respecto de la inflación. Un abordaje democrático y transformador, respetuoso de la Constitución, requiere de la desmercantilización de derechos esenciales de los ciudadanos

* Economista, director del Cefid-AR y profesor de la UBA.