La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, de Italia, y la Commission de Surveillance du Secteur Financier, de Luxemburgo, autorizaron la reapertura del canje. El organismo italiano fue el que ofreció mayor resistencia. Algo similar había sucedido con la Securities and Exchange Commission, dependencia de regulación del mercado estadounidense, que contribuyó a retrasar el inicio de la operación. La explicación de ese recelo no radicó en consideraciones acerca de supuestas debilidades del país. Los reguladores son los que están ahora a prueba luego de que permitieran a bancos que debían controlar hacer negocios millonarios que culminaron en la peor crisis mundial desde el crac del ‘30. La necesidad de revertir una mala imagen les corresponde a esos reguladores; no a la Argentina, en este caso. De hecho, un informe del Banco Mundial señala que los organismos latinoamericanos actuaron correctamente. La connivencia entre reguladores y calificadoras es una de las principales causas del estallido financiero en el mercado global. “En la actividad de los bancos de inversión no hay códigos. Esas entidades miden su propio riesgo y las agencias de calificación se autorregulan. Nadie los controla, más allá de una simple inscripción”, señaló a Cash el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. Comportamiento que se explica en la creencia de que los mercados se autorregulan.

Los resultados fueron concluyentes. Dos de los bancos de inversión más grandes del mundo, Bearn Sterns y Lehman Brothers, quebraron, mientras que Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America con ayuda del gobierno estadounidense. Este también tuvo que acudir además al rescate de AIG, la más grande compañía de seguros, y a la de los dos gigantes del mercado hipotecario, Freddie Mac y Fanny Mae. En Europa, por caso, los gobiernos del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) salieron en auxilio de sus dos bancos más importantes: Fortix y Dexia.

La SEC falló en sus auditorías, además de delegar la responsabilidad en informes de las compañías de rating –Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch–, a pesar del evidente conflicto de intereses. Por eso hoy son incapaces de ofrecer una respuesta a la actual crisis internacional. “En este caso no es sólo una deficiencia en la función del regulador, sino que responde a los intereses de los sectores vinculados con el sistema financiero”, agregó Vanoli.

El caso italiano tiene otras facetas. Luego de la declaración de la cesación de pagos de la deuda, bancos peninsulares transfirieron a las carteras de sus clientes tenencias de bonos en default. Esos ahorristas son los que ahora reclaman una supuesta estafa del gobierno argentino y lo hacen vía judicial para cobrar la totalidad de los bonos. Si esto fuera poco, a la Consob también se le escapó el escándalo de Parmalat. En este caso quedó involucrada S&P por haber retrasado la baja de la calificación de las acciones de la multinacional láctea, que finalmente quebró.

Luxemburgo, uno de los principales paraísos fiscales, también se mostró selectivo al momento de la aprobación. Esa plaza se mantiene como jurisdicción offshore debido a que sus leyes prohíben revelar información bancaria al resto de los países. Paradójicamente, esos dos órganos reguladores fueron los que solicitaron a Economía reiteradamente información adicional para estar seguros antes de dar el visto bueno, dilatando los plazos del canje. El apuro del gobierno argentino era por evitar un cambio de escenario mundial, como el que se presenta ahora a raíz de la situación de insolvencia de Grecia