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El mercado laboral argentino exhibe un deterioro sustantivo que excede, en mucho, la cifra sobre desocupación abierta. El desempleo existe en simultáneo con un 48,5 por ciento de trabajo clandestino, con un elevado índice de subempleo del 18,6 por ciento y con un 41,8 por ciento de sobreempleo. Dividiendo el excedente de horas por 45 (que correspondería a la semana legal) surge el total de puestos de trabajo que se crearían. Se obtendrían entre un mínimo de 840.470 y un máximo de 1.091.266 puestos de empleo. Ciertamente, si bien la cifra no resuelve la realidad que hoy viven los más de tres millones de desocupados, es obvio que ayudaría y mucho poder garantizar la jornada de 8 horas en el mercado laboral.
Sin embargo, y pese a lo expuesto, resolver la problemática del sobreempleo así como los demás déficit que exhibe el mercado laboral, requiere de una intervención política eficaz que sólo se logra en tanto se discuta la causa de los problemas. Carece de sentido pensar que la problemática del sobreempleo o del trabajo clandestino en general se resuelve sólo con una más eficaz inspección laboral. Ninguna inspección puede resolver un dato básico del problema. En un contexto de desempleo generalizado, el trabajador ocupado se ve transformado en un rehén que debe resignar sus condiciones laborales en función de preservar su trabajo. En este marco, es difícil que una inspección prospere.
Además, la ausencia de democracia a nivel de las empresas que no permite que los trabajadores se organicen en libertad creando nuevos sindicatos cuando los existentes no los expresan, debilita más aún la capacidad del trabajador para discutir sus condiciones laborales. Sean éstas la ilegalidad laboral general o, puntualmente, la imposición de una sobrejornada impaga.
Es decir, sólo habrá una regulación laboral eficaz si los trabajadores están en capacidad de discutir en mejor medida sus condiciones laborales, y esto sólo ocurrirá si sienten que tienen sus espaldas cubiertas tanto en lo relativo a la dinámica del mercado de trabajo, como en lo referente a disponer de organizaciones que efectivamente los representen. Por eso es necesario establecer garantías para el accionar sindical en democracia. Es decir, que si los trabajadores desean crear una nueva organización sindical, no paguen con el despido dicha decisión.
Es fundamental, también, instituir un seguro de empleo y formación sobre todos los jefes y jefas de hogar hoy desocupados cuyo monto (a diferencia del actual) se fije en relación con la canasta básica de pobreza y que sirva como mínimo salarial tanto a nivel del sector público como del sector privado.