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Es un error pensar que el afianzamiento del capitalismo global conlleva un progreso para todos aquellos países que, aceptando sus postulados, se sometan a su dinámica funcional. Los hechos no abonan la tesis de que es necesario incorporarnos al escenario de la globalización económica como remedio a nuestros morbos estructurales. Se machaca con que es el procedimiento más eficaz y el mejor de los atajos para que nuestro país disfrute de los halagos de la fortuna del Primer Mundo. Vano intento: aquí y en el resto de Latinoamérica semejantes afirmaciones quedan pulverizadas por el peso creciente de los millones de marginados.
Si bien esto es muy sabido, desde gran parte de la clase política, el Gobierno y el establishment se insiste en que soltarse de la teta de la globalización es morir de inanición. Y con ese desmentible argumento justifican algo tan injustificable como anteponer las exigencias de los organismos internacionales de crédito a las garantías constitucionales que nos amparan. ¿Prima la política económica por encima de la Constitución? ¿Están los derechos crediticios de los acreedores por sobre los derechos sociales? ¿Puede el pago de la deuda ser más importante que el hambre?
De igual modo, ¿debemos aceptar que la calidad de los servicios públicos sea más importante que la calidad de vida de millones de argentinos? El aumento de tarifas en un contexto de pauperización, de pérdida masiva del poder adquisitivo, de tasas de desempleo que espantan, es cuanto menos un acto de perversión económica.
Estamos en un escenario de recursos insuficientes y por ello debemos actuar solidariamente. Los costos sociales de esa insuficiencia tienen que ser atenuados con una política económica que distribuya equitativamente las penurias. No es justo resolver el problema de las empresas privatizadas socializando, con un aumento del cuadro tarifario, sus problemas financieros y operativos.
Es necesario –se nos dice– un ajuste de tarifas que pagan los usuarios para garantizar las inversiones y así evitar los cortes u otros problemas: ¿pero qué es peor? ¿Correr el riesgo de cortes o agravar aún más los padecimientos de los miles y miles de argentinos que son privados de los servicios porque no pueden pagarlos?
Todas las empresas de servicios tuvieron, hasta fines del 2001, sus años de vacas gordas. Una dirección empresaria responsable debió entonces acumular las reservas para afrontar las previsibles épocas de vacas flacas. No debemos aceptar acríticamente la presión del FMI y el vocinglerío catastrófico de gran parte de las empresas privatizadas. Por supuesto que las reservas para emergencias no son ilimitadas, pero en el actual contexto de hambrunas y miseria, todo indica que la cooperación social es el camino de la justicia.