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Por Fernando Krakowiak

Los candidatos presidenciales han venido formulando numerosas propuestas para intentar sacar una luz de ventaja sobre sus oponentes a sólo una semana de las elecciones. Saben que para lograrlo lo mejor es prometer lo que la mayoría de la población desea. Por lo tanto, las alternativas para generar empleo se convirtieron en uno de los ejes centrales de la campaña. Se prometieron planes de forestación, canalización de ríos, construcción de viviendas, extensión de rutas y vías, levantamiento de puentes y hasta la reducción de los aportes patronales y la flexibilización de las leyes laborales. La promesa más audaz fue formulada por Adolfo Rodríguez Saá: en los 125 puntos de su programa se afirma que si llega al gobierno implementará un plan de obras públicas para eliminar la desocupación en seis meses. Néstor Kirchner no quiso quedarse atrás e incluyó entre sus propuestas un plan de viviendas para generar cinco millones de empleos. Carlos Menem prometió un “trabajazo” para hacer descender la desocupación a un dígito. Elisa Carrió no se animó a arriesgar una cifra, pero también pronosticó una caída del desempleo en caso de ser Presidente. Mientras que López Murphy aseguró que creará las condiciones para que se genere un “círculo virtuoso” que incentive el empleo privado. Tanto derroche de optimismo no se corresponde, sin embargo, con la opinión que sostienen reconocidos especialistas en política de empleo, los cuales negaron ante Cash la posibilidad de que pueda concretarse un descenso abrupto de la desocupación en el corto plazo.
Desde vertientes ideológicas opuestas, todos coinciden en que la destrucción del empleo iniciada a comienzos de los ‘90 alcanzó tal magnitud que, en el mejor de los casos, sólo se podría esperar un descenso de la desocupación de entre 1 y 2 puntos por año. En octubre, la tasa de desempleo fue del 23,6 por ciento si se incluyen entre los desocupados a los receptores del Plan Jefas y Jefes. Por lo tanto, si la leve recuperación que sobrevino al derrumbe se transforma en una reactivación sostenida, la desocupación podría descender el próximo año apenas por debajo del 20 por ciento, pero no más.
Para llevar la tasa de desocupación a un dígito la economía debería crecer al 7 por ciento anual durante los próximos diez años. Si el crecimiento del PBI fuera del 5 por ciento, cifra superior a la pronosticada para este año, el desempleo apenas descendería al 16 por ciento en el 2011. Si el crecimiento fuera menor la desocupación aumentaría. Cabe aclarar que la Argentina no atraviesa una década de crecimiento sostenido desde el período 1964-1974.
Esa tasa de desempleo fue proyectada por la Central de los Trabajadores Argentinos tomando en cuenta un crecimiento de la población económicamente activa del 2,1 por ciento, idéntica a la de la década pasada, y una elasticidad empleo-producto del 0,5 por ciento, que duplica la elasticidad de 0,26 por ciento vigente durante los ‘90. Esto significa que por cada punto de crecimiento del PBI el empleo subiría medio punto y no un cuarto de punto, como ocurrió en los últimos años. La elasticidad elegida también supera el promedio histórico de 0,44 por ciento que registró la Argentina entre 1900 y finales de los setenta. Para completar un cuadro optimista, se decidió incluir entre las hipótesis la improbable posibilidad de que durante la década actual se consolide un crecimiento promedio del 7 por ciento del PBI. Pero ni así se pudo obtener como resultado un escenario similar al imaginado por los entusiastas candidatos.
Las restricciones que atraviesa la economía argentina son conocidas, pero igual los aspirantes a la presidencia proponen crear millones de empleos en pocos meses a través de la implementación de ambiciosos planes de obras públicas que dejarían en ridículo a los faraones egipcios.
Entre las iniciativas más llamativas se destaca una de Carlos Menem para construir un tren “bioceánico” capaz de conectar Argentina con Chile. El proyecto contrasta con lo ocurrido durante sus diez años de gobierno, cuando las vías útiles se redujeron de 35 mil a 8 mil kilómetros y el número de personas empleadas en el ferrocarril cayó de 95 mil a 13 mil.
Otra apuesta fuerte es la de Rodríguez Saá, quien en su programa prometió, además de canalización de ríos y construcción de viviendas, la creación de un millón de empleos a partir de la puesta en práctica de un Plan Nacional de Forestación. La meta es plantar “1200 millones de árboles en los primeros seis meses de gobierno”. Si el candidato puntano gana las elecciones, para cumplir el objetivo debería plantar 6,6 millones de árboles por día de manera ininterrumpida durante medio año. La misión parece imposible, pero Rodríguez Saá afirmó que quienes no le creen es porque “no se atreven a soñar”.
Néstor Kirchner pareció en un comienzo no querer sumarse a la catarata de promesas. Sin embargo, hace pocos días difundió un programa donde se asegura que pondrá en marcha un plan “neokeynesiano” de obras públicas que incluya la construcción de “tres millones de viviendas para generar cinco millones de puestos de trabajo”. El candidato oficialista pareciera contemplar un crecimiento fuerte de la población económicamente activa, pues si no fuera así los empleos propuestos serían más de los necesarios para terminar con la desocupación.
La candidata del ARI, Elisa Carrió, también prometió un incremento de las obras públicas para impulsar un descenso significativo del desempleo. Entre las actividades se destaca la construcción de viviendas sociales, planes de forestación, extensión de redes de agua y cloacas y construcción de caminos. Además, en el programa se afirma que se alentará “la conformación de asociaciones locales que configuren sistemas productivos para generar empleo en pymes”, aunque sin dar mayores precisiones sobre cómo lograrlo.
Otra de las propuestas fue formulada por Ricardo López Murphy, quien prometió reducir los aportes patronales y profundizar la flexibilización laboral para favorecer “la entrada y salida” de los trabajadores del mercado. La iniciativa no es novedosa. Durante la década del 90 se sancionaron numerosas leyes y decretos para eliminar las “rigideces del sistema”. Se fijaron “período de prueba”, “contratos de aprendizaje” y “modalidades promovidas” para poder tomar trabajadores sin necesidad de pagar aportes patronales, aguinaldos, vacaciones, jubilación, licencias ni indemnizaciones. Además, entre 1993 y 1999 las contribuciones patronales cayeron del 33 al 17,5 por ciento en promedio. Sin embargo, la desocupación continuó aumentando. La última iniciativa tendiente a generar empleo reduciendo los aportes la concretó Domingo Cavallo en junio de 2001, cuando introdujo los Planes de Competitividad que permitieron computar a cuenta de IVA toda la contribución patronal, salvo el 5 por ciento de las obras sociales. La alquimia propuesta por el ex superministro tampoco funcionó y encima generó una pérdida fiscal estimada en 1000 millones de pesos anuales.
Menem también propuso la disminución de los aportes patronales, pero no para subsidiar a las empresas sino para aumentar el salario de bolsillo de los trabajadores en un 30 por ciento. La iniciativa implica un riesgo fiscal fuerte, pero además sólo alcanzaría a los empleados registrados, cifra cercana al 40 por ciento.
La recomposición del salario real para el conjunto de los trabajadores aparece como una tarea mucho más difícil de concretar mientras persista una desocupación alta que sirva para disciplinar a los que tienen empleo. Los especialistas aseguran que cualquier modificación en el escenario laboral por positiva que fuere será irremediablemente lenta. Sin embargo, los candidatos desbordan entusiasmo y prometen una rápida recuperación para generar esperanzas entre las millones de personas que perdieron el trabajo y apuestan al voto para modificar su situación.