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Por Leonardo Perichinsky *

El manejo de la deuda externa se convirtió desde hace más de 20 años en el instrumento favorito de dominación. El extraordinario aumento de la liquidez mundial a principios de los ‘70 y su llegada a esta región fue utilizado en la Argentina por la primera etapa del Proceso, fundamentalmente, para subsidiar al sector privado que se benefició a través de un conocido mecanismo de especulación financiera. Durante los primeros años de la dictadura, la deuda externa pasó de ser insignificante a contabilizar unos 25 mil millones de dólares, incluida la estatización de la deuda privada. La historia de la deuda comienza, entonces, de manera fraudulenta, a través de la generación de un ambicioso subsidio por parte de la dictadura hacia el sector privado especulativo de la Argentina.
La fuerte elevación de las tasas de interés a fines de los ‘70 por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos marcó definitivamente los siguientes diez años en la historia de la deuda externa y en la marcha de la economía argentina en general. Este hecho implicó, en términos generales, que la deuda siguiera creciendo durante toda la década a pesar de que ya no ingresaba “plata fresca” el país y que los sucesivos gobiernos pagaran muchos de sus compromisos. En 1983, la deuda externa ya era superior a los 31 mil millones de dólares, producto de la capitalización de intereses.
Los ‘80 fueron una historia de aprietes constantes. Se debían aplicar las clásicas y conocidas recetas del FMI para conseguir refinanciar parte de los vencimientos. Con la vuelta a la democracia se pensaba que la situación y el manejo de la deuda podría mejorar, pero las autoridades de los organismos internacionales –principalmente el FMI– fueron más inflexibles con el gobierno democrático que con la dictadura.
Durante el período 1984-1989 la deuda externa creció en más de 16 mil millones de dólares, mientras el gobierno efectuó pagos por más de 8 mil millones y tampoco recibió fondos. Hacia fines de los ‘80, la deuda había crecido hasta los casi 60 mil millones de dólares desde aquellos 25 mil originales que generaron Martínez de Hoz & Cía.
En los últimos años de los ‘80 aparecieron nuevos enfoques desde Washington que cambiaron completamente la lógica en el manejo de la deuda. La nueva visión promulgada por Baker –y consolidada en lo que luego se denominó el Consenso de Washington– implicó el cambio hacia un nuevo esquema que exigía pagar la deuda a través de la generación de nuevos negocios para los acreedores, por parte de los Estados deudores. Esto exigía llevar adelante reformas estructurales que generaran, además del ajuste de las cuentas públicas, un nivel de rentabilidad mayor que la tenencia de deuda pública.
En este sentido, el proceso de privatizaciones debe entenderse dentro de esta nueva lógica. Las privatizaciones fueron diseñadas para que los acreedores externos obtuvieran nuevos y renovados rendimientos de sus depreciados títulos de deuda que cambiaron a valor nominal (cuando en el mercado cotizaban al 20 por ciento de paridad) por acciones de empresas públicas cuyo poder monopólico se mantuvo intacto. Aproximadamente unos 14 mil millones de títulos denominados en dólares fueron tomados como dólares físicos y sirvieron para comprar las principales empresas estatales.
El segundo eje que explica la dinámica de los ‘90 fue la implementación del Plan Brady, el cual, a través del canje de deuda por títulos, impulsó la creación de un mercado de deuda en el exterior para los países emergentes. Este último punto resulta clave para entender el nivel y la atomización que posee la deuda externa argentina actual. En la actualidad hay en circulación unos 48 mil millones de bonos denominados en moneda extranjera, entre Brady, Globales, Euroletras y Samurais, emitidos por el Estado, y sin contar las nuevas emisiones a partir del rescate bancario.
La creciente necesidad de financiamiento implicó, en la práctica, el sometimiento ante los organismos internacionales en el manejo de la política económica. Durante la vigencia de la convertibilidad, la Argentina pagó casi dos veces lo que debía al inicio de ese plan y finalizó el período con un endeudamiento dos veces y medio mayor.
Si la deuda ya era impagable por entonces, luego del colapso financiero y de la megadepreciación del peso, se tornó realmente insostenible. A pesar de la pesificación de algunos bonos, los niveles de endeudamiento del Estado se mantienen en niveles similares en dólares a los de la salida de la convertibilidad. Sin embargo, los ingresos públicos y el PBI cayeron a menos de la mitad medidos en dólares.
Asistimos en la actualidad a un nivel de endeudamiento sin precedentes. Los vencimientos para el 2003, entre capital e intereses, representan una vez y media la recaudación total del Estado nacional en el año. Aun planteando un escenario exitoso de renegociación de los títulos públicos en dólares y la evolución de la paridad cambiaria, el Estado nacional debería destinar anualmente sólo por este rubro un 20 por ciento de su presupuesto.
Después del colapso financiero y el default, a la Argentina, en términos financieros, ya no le podía ocurrir más nada. Había que mirar hacia adentro y generar políticas para reactivar la demanda. Transferir la renta de los exportadores al resto de la sociedad que pagó el costo de la devaluación y desarrollar políticas monetarias y fiscales expansivas. Paradójicamente, estas políticas generarían seguramente una mayor capacidad de pago que las que exige el FMI.

* Economista de la UNLP y director de KP&M Consultores.