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Por Susana DIaz

Los referentes del agro de los candidatos presidenciales se reunieron con los productores minifundistas que participan del Programa Social Agropecuario. El Programa, que depende de la Secretaría de Agricultura, es una propuesta de promoción y desarrollo productivo que busca generar prácticas asociativas para superar las restricciones que enfrentan los pequeños productores. Además cuenta con el apoyo técnico del INTA y financiero del Estado. El plan se extiende a 21 provincias y llega a 50.000 familias. Según Agricultura, a 250 mil personas. Los destinatarios son productores cuyos ingresos no superan el doble de lo percibido por un peón de campo y que, salvo en épocas de cosecha, emplean exclusivamente mano de obra familiar. Obviamente, tienen una escasa superficie de tierra y de capital.
Del encuentro participaron Carlos Cheppi (Néstor Kirchner), Jorge Raúl Díaz (Adolfo Rodríguez Saá), Rubén Volando (Elisa Carrió), Arturo Navarro (Ricardo López Murphy) y Hernán Martínez (Carlos Menem). Los minifundistas fueron representados por medio centenar de productores de las distintas provincias. Al exponer sus propuestas, los especialistas de los candidatos se refirieron casi exclusivamente a la homogeneización del IVA, la baja de Ganancias y la disminución o eliminación de las retenciones, es decir, a las propuestas que suenan como música en los oídos de los integrantes de la Sociedad Rural, pero que están alejadas de los problemas inmediatos de los pequeños productores. “Pudimos ver la carencia de proyectos que hay en el tema del minifundio. En general, las propuestas de los referentes giraron en torno de los temas macroeconómicos del agro y a sus plataformas políticas de buenas intenciones, pero ninguno trajo una estrategia definida que tenga como actor central al pequeño productor”, resumió al final del encuentro Marcos Peña, representante de la región del NOA.
Los pequeños productores tienen demandas concretas y de fácil resolución si media la voluntad política: terminar con las tenencias precarias de tierras, soluciones impositivas y previsionales y un plan de viviendas rurales. También, que el Estado cumpla con lo ya otorgado. El PSA tiene asignada para el 2003 una partida de 10 millones de pesos para 250 mil personas. Esto significa un giro trimestral de 2,5 millones. No obstante, Agricultura recortó arbitrariamente el giro a 1,2 millón, a lo que se sumó que la Secretaría de Hacienda jamás los giró. Una cuestión de prioridades.