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Por Fernando Krakowiak

El flamante presidente Néstor Kirchner encontrará a su disposición un informe de más de 6.500 páginas donde se detallan los lineamientos para encarar una estrategia nacional de desarrollo. La propuesta fue elaborada durante los últimos diez meses por más de 70 prestigiosos investigadores de distintas vertientes ideológicas, convocados por la Cepal para pensar un nuevo modelo de país. La intención fue privilegiar las coincidencias para formular un conjunto de recomendaciones que permitan generar crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo. En el informe se destacan diez propuestas centrales:
1. Garantizar el superávit fiscal.
2. Fortalecer el peso como reserva de valor.
3. Sostener un tipo de cambio competitivo.
4. Reestructurar el sistema financiero para orientar el crédito a la producción.
5. Incentivar las exportaciones y la industrialización sustitutiva de importaciones.
6. Consolidar la integración regional en el Mercosur.
7. Generar empleo estable y calificado.
8. Destinar mayores recursos públicos a la investigación científica y tecnológica.
9. Alentar la inversión privada en actividades de innovación
10. Promover el desarrollo de las pymes a nivel local.
Este decálogo marca un punto de quiebre con las concepciones políticas que favorecieron la concentración económica y valorización financiera durante la década del ‘90.
Los lineamientos no fueron pensados como parte de un plan económico sino como un conjunto de cuestiones a debatir en el nuevo escenario abierto a partir del derrumbe de la convertibilidad. En la Cepal sostienen que los 3.000 dólares de ingreso per capita que se consolidaron durante el año pasado no se corresponden con las potencialidades del aparato productivo que sobrevivió a la crisis. Reconocen que las empresas han comenzado a recomponer sus márgenes por la reducción de los costos financieros y laborales. Pero en la mayoría de los casos se comercializan montos pequeños y al contado por la incertidumbre que todavía perdura. Para avanzar en un proceso de crecimiento sustentable afirman que no sólo se debe lograr la estabilización macroeconómica, sino también buscar la consistencia con el desarrollo de políticas a nivel micro.
En relación con el proceso de sustitución de importaciones, se afirma que el mismo requiere para desarrollarse el fortalecimiento de la trama productiva que fue debilitada durante los ‘90. Situación que explica los todavía débiles indicios de reactivación. Hasta el momento, la producción se concentró en los bienes de consumo final no durables y semidurables. El informe plantea interrogantes sobre el horizonte posible de sustitución en el caso de los bienes intermedios y de capital y sobre cuál será la elasticidad-producto de las compras externas cuando se agote el stock acumulado.
En el caso de la agricultura se resalta el rol de la siembra directa que posibilitó un fuerte aumento de la productividad y del rendimiento de los principales cultivos, siendo el caso más conocido el de la soja transgénica, aunque se afirma que en muchos casos la producción se basa exclusivamente sobre el monocultivo, situación que pone en riesgo la fertilidad y la estructura de los suelos. Para controlar estos procesos resulta fundamental la investigación pública. Sin embargo, actualmente las autoridades reguladoras carecen de recursos e información, lo que las ubica en inferioridad de condiciones frente a proveedoras de semillas, como la empresa multinacional Monsanto, que logró “privatizar” una red deconocimiento que incluye desde los saberes necesarios para sembrar hasta los efectos que el nuevo paquete agronómico produce.
Otra de las falencias se refiere a las dificultades que tienen los empresarios para lograr una buena inserción internacional de los productos de valor. En el informe se sostiene que Argentina tiene posibilidades de multiplicar sus ventas de vinos, aceitunas, aceites esenciales, espárragos, frutas finas, kiwis y hortalizas. Pero esta potencialidad aparece limitada por la escasez de crédito para las pymes, los limitados recursos destinados a la investigación y el desarrollo de productos no tradicionales y la escasez de emprendimientos asociativos.
Para el caso del crédito, la propuesta incluida en el informe identifica como prioridad la reestructuración del sistema bancario, pero sin introducir cambios en su arquitectura institucional. De esta forma se descarta la creación de una banca offshore o la división en entidades de inversión y transaccionales. Se recomienda poner límites a la recepción y otorgamiento de dinero en moneda extranjera para evitar el descalce entre pasivos y activos, mientras que para incentivar el ahorro se propone un sistema de indexación sobre depósitos y préstamos, siempre que se asegure disciplina fiscal y monetaria. El objetivo en el mediano plazo es ampliar el stock de financiamiento al sector privado del 16 al 20 por ciento del PBI, incremento que se debería destinar a inversiones en sectores transables y créditos para el consumo privado, descartándose la opción de que el sistema financiero doméstico provea de crédito al gobierno de turno.
En el documento también se afirma que la economía argentina debe resolver los desequilibrios en materia de asignación y aprovechamiento de recursos para tratar de recomponer niveles de empleo e ingresos. Luego del estallido de la crisis de 2001, el valor real de las remuneraciones medias de los asalariados cayó al mínimo desde 1940 y la desocupación alcanzó el 23,6 por ciento. En principio, las posibilidades de revertir esta situación son muy difíciles en el contexto actual. Según las proyecciones elaboradas para el informe, si la economía crece sólo un 3 por ciento promedio en los próximos seis años y la elasticidad empleo-producto se mantiene en 0,42, la tasa de desempleo permanecerá en un nivel similar o superior al actual. Por lo que los Planes Jefas y Jefes deberán seguir vigentes por largo rato.
La proyección de empleo es consistente con el escenario macroeconómico incluido en el informe, que contempla, además de un crecimiento de 3 por ciento del PBI, un aumento de las exportaciones del 7 por ciento anual, una reducción paulatina del tipo de cambio real y un amplio superávit en la cuenta corriente. Además se prevé generar un superávit del 3 por ciento del PBI para comenzar a pagar la deuda pública. Las restricciones dentro de este esquema son altísimas. Según afirmó a este suplemento Bernardo Kosacoff, director de la Cepal, el “pesimismo” de algunas conclusiones debiera servir como disparador para reflexionar sobre la fuerte necesidad de implementar políticas públicas tendientes a revertir la situación.
El trabajo favorece la discusión en un momento central para la Argentina, no sólo por la asunción de su nuevo presidente sino también por la necesidad de consolidar un modelo de país diferente al de las últimas décadas.