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El debate abierto alrededor del proceso iniciado por Monsanto para determinar derechos antidumping sobre las importaciones de glifosato revela, ante un análisis objetivo, una mezcla de falsedades, mala fe e ignorancia. Desde nuestro punto de vista hay que destacar algunos puntos, que seguramente no serán del agrado de ninguna de las partes, situación normal cuando una discusión tiene los ingredientes mencionados:
1. Las informaciones proporcionadas por Monsanto respecto de la inversión y el costo de producción de glifosato no son correctas.
2. La posición de los sectores agrícolas puede ser atendible, pero no hacen al caso, ya que no demuestran que los exportadores chinos no practiquen dumping en sus precios.
3. El gobierno chino no ha aportado datos fehacientes de los precios practicados en su país ni de sus estructuras de costos, tal como son entendidos en acuerdos internacionales a los que China ha adherido.
4. Los datos de las firmas que procesan glifosato, tanto como los de Monsanto, son incorrectos. Además, también por determinación de acuerdos internacionales a los que tanto Argentina como China han adherido no pueden ser incluidas en la “rama de producción nacional”.
Con lo dicho queda claro que hasta el momento los planteos se han dirigido a temas ajenos a la determinación del dumping. El hecho real es que el conocimiento del mercado chino así como de la industria de ese país permiten por lo menos suponer una situación de competencia desleal, derivadas del origen de la propiedad de las fábricas, tasas de interés, tarifas de los servicios.
El presunto daño económico o monopolio por parte de los beneficiarios de una determinación de medidas antidumping a que se refiere el sector agrícola no tiene mayor sustento, ya que los aumentos que se pudieran generar son poco significativos, menos del 1 por ciento del retorno de una hectárea de soja, y el monopolio es imposible porque el actual abuso del uso de glifosato ha desplazado muchos otros herbicidas alternativos, la mayoría de fabricación nacional. Esta industria es la que está siendo seriamente dañada, cuando es la que ha sido la artífice del sistema de registro vigente en Argentina que ha convertido a nuestro país en un mercado altamente competitivo, garantizándole al productor agrícola los menores precios de productos fitosanitarios del mundo. Sin esta legislación hoy no habría ningún mercado competitivo de glifosato ni de ningún otro producto fitosanitario, con lo que a los productores agrícolas, tomando como referencia los precios que pagan sus colegas brasileños, la cuenta anual de productos fitosanitarios se les incrementaría alrededor de trescientos cincuenta millones de dólares anuales. Como en muchos otros temas en la realidad argentina, el campo necesita mirar más lejos que la punta de su nariz.