La desértica colocación de deuda de la semana pasada no fue una sorpresa para quienes se animan a revisar los números desde la salida del “cepo”. Más bien, la falta de acompañamiento en el mercado de capitales se circunscribió dentro de una dinámica que alcanza los cincuenta días de gobierno de Cambiemos, y que hace particular mella desde el levantamiento del “cepo”.

En primer lugar, y remontándonos unas semanas atrás, queda al descubierto que el supuesto éxito del levantamiento no es tal. La campaña mediática al respecto no deja de llamar la atención, puesto que omite hacer hincapié en los principales factores que determinarían el éxito o fracaso de tal medida: el primero de ellos es la devaluación, la quita del “cepo” significó la mayor escalada del peso desde 2002, cercana al 40 por ciento y con un fuerte componente de transmisión a precios (pass through). Asimismo, para que los bancos no ingresen al negocio del dólar se les ofreció una exorbitante tasa del 38 por ciento a través de Lebac sin exigirles que incrementen las tasas pasivas, es decir, se les permitió generar un esquema donde podían tomar dinero al 25 por ciento y colocárselo al Estado al 38. Esta estrategia es vastamente conocida en nuestro país, similar a la aplicada por el BCRA en 2002. Consiste en no convalidar la inflación cambiaria contrayendo la base monetaria, es decir: colocando Letras y retirando pesos. Allá por 2002 la política tuvo éxito inflacionario puesto que contuvo el pass through, siempre a costa de un enfriamiento de la economía vía retracción de la oferta monetaria (menos crédito, menos consumo, menos todo). Pero claro, el trade-off en 2002 entre extender un tanto más la recesión o sumarle a la misma un fuerte proceso inflacionario era sencillo de resolver. Hoy, la cosa parece haber salido doblemente mal, con el 38 por ciento que costó reducir la base monetaria se indujo a la economía a una recesión severa y todo esto sin evitar el pass through, tal muestra el Ipcba de diciembre, que escaló hasta 5 por ciento en los bienes transables o el IPC de San Luis que arrojó un 6,5 por ciento para ese mes.

Como si fuera poco, hasta el momento no entraron dólares ni bajo la forma de inversiones (ya sean directas o en cartera), ni al ritmo prometido de liquidación de exportaciones. En conclusión, lo que se generó fue una monumental transferencia de ingresos del Estado hacia los bancos y de los consumidores hacia los exportadores (a lo que se le suma un 30 y tanto por ciento más de la quita de retenciones), esto sin lograr reducir la devaluación de un 40 por ciento, ni tampoco generar ingreso de capitales en el corto plazo.

Entonces ¿cuál es el éxito de haber levantado el “cepo” en estos términos? Una de las únicas retóricas válidas indicaba que luego del 40 por ciento de devaluación el tipo de cambio se había estabilizado (y apreciado levemente), es decir, se habría evitado una corrida post devaluación. Claro está que dándole 38 por ciento de interés a los bancos sin exigirles nada a cambio y 40 por ciento más 30 por ciento a los exportadores, tal cuestión se hace un tanto más sencilla. Justamente, la devaluación de diciembre, cuando de manera brusca el tipo de cambio volvió a saltar de 13 a 14, puede ser leída en la misma clave de disputa política entre el gobierno y el capital financiero que vació la colocación de bonos de hace quince días. Esto se explica por la rápida reducción de tasas que llevó adelante el BCRA (hasta el 29 por ciento el último miércoles), cuestión que los bancos no tomaron con total amabilidad puesto que, en el esquema de liberalización y ajuste por precios que propone el gobierno, los riesgos de una nueva devaluación aún siguen vigentes. El gobierno convalidó esta inquietud desacelerando el ritmo de caída de la tasa Lebac. Si sumamos a ello que el valor final del dólar no pareció satisfacer las necesidades de acumulación de los exportadores agropecuarios y la liquidación de dólares para financiar este esquema se dilató en el tiempo, parece entonces no sólo existir un desajuste político sino también uno económico. En este contexto, los bancos saben que pueden forzar devaluaciones del peso como la de días atrás y que las mismas rendirán mucho más que la tasa actual, lo que fomenta que se acoplen a la estrategia de presión cambiaria de los exportadores que aún no liquidaron sus stocks (la mayoría). En realidad, esta comunidad de intereses es endeble, puesto que de tener éxito el reclamo de mayores tasas por parte del sistema financiero, se desalentaría la demanda de dólares y con ello el incremento de su cotización, retrasando aún más la liquidación y sumando tensiones al armado político-económico de Cambiemos.

En este aspecto, el gobierno nacional se empujó a sí mismo hacia una dicotomía bastante compleja de resolver porque la misma implica ir en contra de una de las dos fracciones del capital elegidas para conducir este proceso político (bancos y agroexportadores), o generar un nuevo ajuste del tipo de cambio y de la tasa de interés forzando una vez más el límite de tolerancia económica y política de los sectores asalariados, la pequeña y mediana empresa y el sector industrial en su conjunto. En términos políticos este desajuste hacia adentro del bloque histórico entre la estructura (es decir, las fracciones de capital que conducen el Estado) y la superestructura (“La troika”) puede ser también sintetizada como un cortocircuito entre el gobierno y los que gobiernan.

* Centro de Economía Política Argentina.