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La distribución funcional del ingreso revela la participación de la masa salarial y beneficios empresarios en el PIB. Las mediciones realizadas por diversos institutos, en la Argentina, presentan diferencias significativas. La participación de los trabajadores alcanza el 39 por ciento para el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) de la CTA, el 42,4 por ciento para el Centro de Población, Economía y Desarrollo de la UBA (Ceped), dirigido por Javier Lindenboim, el 42,9 por ciento en el caso del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular (Claudio Lozano) y el 51 por ciento para el desacreditado Indec. Las diferencias residen en la metodología y/o datos utilizados. Sin perjuicio de eso, el factor común es que se produjo un crecimiento –en mayor o menor medida– de la participación asalariada en el ingreso durante la etapa kirchnerista.

La estrategia económica macrista apunta a fijar un nuevo estadio distributivo. El objetivo central es reducir la incidencia salarial en el costo empresario. El reacomodamiento de precios relativos, en perjuicio de los trabajadores, dependerá del resultado de las negociaciones paritarias vis a vis la dinámica inflacionaria.

Por lo pronto, el ministro Alfonso Prat-Gay declaró que la “paritaria discute lo que puede discutir, pero no es sólo la dimensión del salario sino cuidar el empleo...cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”.

Los sindicatos alzaron la guardia ante la advertencia ministerial. Por ejemplo, el líder camionero Hugo Moyano respondió que “no nos van a asustar diciendo que se van a perder puestos de trabajo”.

La pretensión de la conducción económica es que las negociaciones colectivas cierren en un número cercano al 25 por ciento. Por el contrario, Moyano planteó que “si fueron generosos con los empresarios, también tienen que serlo con los trabajadores”.

La idea de que puede haber un gobierno “generoso” con todos los sectores es equivocada. La visión de un escenario donde todos salen ganando (win-win) es más cercano a las películas de ciencia ficción que al mundo real. Las políticas económicas nunca son neutrales e implican transferencias intersectoriales de recursos. Las apelaciones al “diálogo y consenso” no eliminan la puja distributiva. En todo caso, la implementación de una eficaz política de ingresos puede apaciguar la carrera de precios y salarios.

La lógica de funcionamiento del sistema capitalista es que los trabajadores pretendan mejoras salariales y que, como contrapartida, los empresarios pujen por beneficios más elevados.

El grado de intensidad de esa puja distributiva es variable y depende de elementos institucionales e históricos: combatividad de los trabajadores, niveles de sindicalización, existencia (o no) de negociaciones paritarias, tasa de desempleo.

Adam Smith decía que el empleador “pretende pagar lo menos posible por el trabajo que contrata”. En esa línea, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega, consideró que los dirigentes sindicales que reclaman aumentos desmedidos “no contribuyen a la paz social ni a bajar las expectativas inflacionarias”.

El periodista económico Enrique Silberstein decía que “nos pasamos la vida hablando contra la inflación, todo gobierno y todo ministro de Economía (hoy políticos de la oposición con sus economistas de la city) lo primero que promete es combatir la inflación. Y, si uno se fija bien, el ataque a la inflación va dirigido al incremento de los costos, o sea al aumento de salarios. Jamás se ha combatido la inflación diciendo que se debe al crecimiento de las ganancias... Nadie se ha preguntado si las ganancias tenían sentido y si eran económicas”. La puja distributiva no es otra cosa que la disputa por el excedente económico entre empresarios y trabajadores. El resultado de 2016 todavía está abierto.

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@diegorubinzal