Pocos meses atrás, el actual coordinador administrativo del Ministerio de Energía y Minería, Sebastián Scheimberg, anticipaba la política salarial del gobierno de Mauricio Macri en el sector petrolero: “Si bien puede sonar políticamente incorrecto, es un secreto a voces la preocupación que tiene la industria, en estos momentos de bajos precios internacionales, para hacer atractivo el negocio. Sobre todo los cañones apuntan a problemas de índole gremial, y en particular a los efectos sobre la productividad del trabajo (...) En términos generales lo que se nota es una mayor radicalización de los reclamos y posiciones poco transigentes de los gremios, que a pesar de la inflación mantienen salarios en dólares que en promedio superan hasta el costo salarial de un trabajador del sector en los EE.UU.” (El Cronista, 23/9/2015).

En otras palabras, en épocas de vacas flacas la variable de ajuste debe ser el ingreso de los trabajadores. Al mismo tiempo que el precio internacional del barril cae por debajo de los 30 dólares, el jefe de Scheimberg y ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, está dando pasos en esta dirección. Ante la posibilidad de que los sindicatos petroleros realicen paros en contra de las suspensiones y despidos, el ex CEO de Shell dobla la apuesta: dejó trascender que no está dispuesto a ofrecer mayores compensaciones a las petroleras y que importará combustibles en caso de que los gremios lleven adelante medidas de fuerza.

En otras notas de este Observatorio se han analizado comparativamente las medidas tomadas por el gobierno anterior y el actual para enfrentar la crisis petrolera mundial producto de la abrupta caída de la cotización del barril. En lo que respecta al precio interno del crudo, el gobierno de Cristina Fernández y las empresas habían acordado a fines de 2014 un barril en torno a los 77 dólares para la variante Medanito y 63 dólares para la variante Escalante. A su vez, en febrero de 2015, la disuelta Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas aplicó medidas de estímulo que ayudaran a atenuar el impacto de la disminución del precio internacional sobre el nivel de actividad y empleo local y a mantener las pautas de inversión previstas por el sector productor, tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. La resolución planteaba la Creación de un “Programa de Estímulo a la Producción de Crudo” por el plazo de un año, cuya financiación era solventada por el Tesoro de la Nación y que se compensaba con la menor erogación de divisas que supone la compra de combustibles importados.

Entre otras medidas, se establecía una compensación económica de hasta 2 dólares por barril –pagadera en pesos– para aquellas empresas que destinaran parte de su producción de crudo al mercado externo que por sus características técnicas no puede ser procesado internamente. Es el caso del crudo Escalante, predominante en la cuenca del Golfo San Jorge, en las provincias de Chubut y Santa Cruz. A su vez, aquellas empresas que incrementaran su promedio de exportación trimestral, el monto del estímulo era de hasta 3 dólares por barril de crudo exportado, monto no acumulable con la compensación anterior.

Recientemente, el CEO de Energía Aranguren alcanzó un nuevo acuerdo con las empresas del sector para disminuir el precio del barril interno: 67,4 dólares en el caso del Medanito y 54,9 en del Escalante. Pero tomó la decisión de no renovar la compensación dirigida al crudo exportable, generando fuertes controversias fundamentalmente en la provincia de Chubut. La empresa Tecpetrol, perteneciente al grupo Techint, que opera en esa provincia y exporta parte de su producción amenazó con despidos, poniendo en guardia al Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut. El secretario general del mismo, Jorge Avila, advirtió que peligran 5000 puestos de trabajo y cuestionó a los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y a Aranguren, afirmando que son CEO que fueron preparados para defender los intereses de las empresas. En este marco, Avila planteó entre las medidas de fuerza un acampe en Buenos Aires si es que no hay respuestas concretas del gobierno nacional sobre el precio del crudo para la zona.

La respuesta del CEO de Energía implica una doble amenaza para la política petrolera sostenida por el gobierno anterior. La importación de combustibles –que podría ir unida a la gestión que el macrismo viene realizando para importar gas desde Chile– supone, como advierten los gremios, la pérdida de miles de puestos de trabajo con consecuencias inestimables a nivel social y económico en la región. Pero también supone el repentino abandono del camino que conduce al autoabastecimiento, tal como establece la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, en función del cual el Estado argentino ha procurado incrementar la producción con el fin de sustituir la importación de gas y combustibles. Desde el punto de vista del neoliberalismo energético que sostienen Aranguren y su equipo, el petróleo es un mero commodity por lo cual es indistinto si proviene de afuera o es fruto del trabajo nacional.

De cualquier manera, cabe hacer una última observación. Si bien atraviesa una situación externa particular, el sector petrolero no es ajeno a la ola de despidos que el gobierno de Macri puso en marcha. La creación de un ejército de desocupados es condición sine qua non del ajuste del salario real que se quiere imponer en las próximas paritarias con el fin supremo de recomponer la tasa de ganancia del capital, en este caso las petroleras privadas.

* Investigador del Observatorio Oetec.