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Los últimos casos de default en América latina fueron en Perú y en Ecuador. Y si bien cada caso tiene sus particularidades, el rasgo común fue que los llamados “fondos buitre” mantuvieron en su poder los títulos de la deuda defolteados, desechando un acuerdo con el gobierno en la mesa de negociaciones. Elliot Associates enjuició al Estado peruano ante los tribunales de Nueva York, el mismo procedimiento que están llevando a cabo otros fondos de inversión ahora, contra la Argentina. En el “caso Elliot”, el fondo obligó al gobierno peruano, en el 2000, a pagarle los bonos a valor nominal: unos 58 millones de dólares, a pesar de que los había adquirido a la mitad de ese precio cuatro años antes. La cesación de pagos de Perú fue por 3700 millones.
Elliott ya portaba antecedentes. Actuó de la misma manera en Ecuador, Costa de Marfil, Panamá, Polonia y Congo. Más atrás en el tiempo, en 1985, Costa Rica también perdió en los tribunales de Manhattan y fue obligada a pagar sus deudas. El juicio lo había entablado el Allied Bank International, que en principio tuvo un fallo a favor del país. Luego esa sentencia fue revocada cuando el gobierno estadounidense le soltó la mano al costarricense afirmando, a través del Departamento de Justicia, que el default había sido declarado de manera unilateral y que no contaba con el apoyo de Estados Unidos.