Ese limitado amor al prójimo

En julio, Josep Ratzinger andará de visita oficial por España en su versión de Benedicto XVI, ocasión más que propicia para que pueda continuar su carrera de dedicación y amor al prójimo atendiendo algunas lagunas que se le han escapado en la actividad pastoral de gran escala. Así, al menos, lo ha entendido la diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro, que encontró resultados preocupantes en sus pesquisas sobre la atención que el Vaticano presta a los derechos humanos. “De las 103 convenciones internacionales, el Estado Vaticano sólo ha suscripto 10 –declaró–, y no ha firmado contra los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y contra el apartheid. Eso sitúa a la Santa Sede en los últimos lugares de la lista de estados, por detrás de Ruanda. La falta del compromiso del Vaticano llega al punto de no haber ratificado ninguna de las convenciones sobre la supresión de las discriminaciones basadas en la sexualidad, la enseñanza, el empleo y la profesión. Como tampoco las relativas a la protección de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores y los derechos de las mujeres.”

¿Queda cerca?

Dos noticias dos (además de los festejos por la Bandera, claro) pusieron a Santa Fe en el candelero esta semana, y ambas –cómo no decirlo– son de lo más alentadoras en lo que a políticas efectivas de género se refiere. Por un lado, el Ministerio de Gobierno provincial puso en marcha el registro de deudores alimentarios, de acuerdo con la ley 11.945 reglamentada recientemente por el gobernador Jorge Obeid, que fue sancionada... ¡en 2001! y olvidada hasta ahora. Quienes figuren en el registro –que dependerá de la Corte Suprema de Justicia– no podrán obtener ni renovar su licencia de conducir, ser empleados públicos o contratistas del Estado, ni resultar habilitados para ser candidatos a cargos electorales (provinciales o comunales). Claro que todavía falta saber quién será su titular y cuál será la oficina correspondiente, como señaló la legisladora provincial Lucrecia Aranda. Por otro lado, cumpliendo con el monitoreo social propuesto por el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), mujeres de organizaciones barriales encuestarán a 851 usuarias del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para evaluar condiciones de acceso, calidad y disponibilidad de los servicios. Una evaluación similar se realizará en las ciudades de Santa Fe y en San Javier.