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Antes del receso de verano, la diputada jujeña María Teresa Ferrín (UCR) solicitó nuevamente que fuera tratado en la Cámara un proyecto de ley que ella, junto a Liliana Puig de Stubrin y Pascual Cappeleri (ambos de la UCR), presentó en abril de 2003. La iniciativa consiste en una modificación al famoso artículo 86 del Código Penal, que limita las posibilidades de aborto post-violación a mujeres dementes o incapaces. De acuerdo con la redacción que se sugiere, el nuevo texto ampliaría la posibilidad legal de abortar a toda mujer que haya quedado embarazada como producto de una violación. En el caso de “la menor impúber o de las incapaces –continúa el texto propuesto– que por su condición no pudieren manifestar su voluntad de manera indudable, será requerido el consentimiento de sus representantes legales”. Entre los fundamentos, se destaca que actualmente “la ley y el pragmatismo ortodoxo le piden a la mujer violada que soporte las huellas de la violación”, mientras que, por otro lado, las leyes que implementan programas de salud reproductiva dan cuenta de un espíritu legislativo por lo menos contradictorio. “Si, por un lado estamos observando en el avance legislativo la necesidad de que la mujer intervenga con sus decisiones en la planificación familiar, no podemos sostener, en el actual estado de cosas, que asuma las consecuencias de un embarazo no deseado y producido de un hecho brutal de profanación.”