Guadalupe Medina vivía en una casilla de chapa y cartón, en una villa de Rosario que los vecinos llaman La Boca, y forma parte de una amplia zona llamada Villa Banana. Tenía 12 años, iba a séptimo grado de la escuela Marcelino Champagnat, si bien el último mes había faltado mucho. Era la menor de 8 hermanos, una nena rebelde que -según su papá- tenía “mala junta”. En el barrio, la banda Los Cuatreros, de narcotráfico y ocupación de viviendas, capta niñas como Guadalupe y niños de la misma edad por la vía de la adicción. Con familias impotentes y un Estado ausente, esas chicas son presas fáciles. Guadalupe fue violada y asesinada en la madrugada del 25 de mayo pasado, en un rancho desocupado, a 20 minutos del centro de Rosario. Es difícil saber cuáles eran los sueños de Guadalupe: su familia está aterrorizada porque Jessica y Romina, dos integrantes de la banda fueron a amenazarlos la misma noche del velorio. Y además, saben que la policía va a proteger a la banda, lo viven a diario.

Buscar con lupa en la vida de la víctima para encontrar alguna mácula que justifique el femicidio es una gimnasia que apasiona a algunos periodistas. Pero Guadalupe no llena páginas de diarios ni horas de televisión como Angeles Rawson, o el más reciente femicidio de Micaela Ortega. En todo caso, al igual que a Melina Romero, las sospechas le caen por la cabeza con la misma violencia que han vivido: sin agua caliente que salga de una ducha, sin calefacción que haga más amable el invierno, sin asfalto ni cloacas, viviendo apretadas en una habitación mínima.

Y hasta su identidad es intercambiable. Antes del reconocimiento definitivo del cuerpo de Guadalupe, la mamá de otra nena de 12 años, A. V., fue al Instituto Médico Legal porque pensaba que la asesinada era su hija, que se había ido de la casa hacía un año. Poco después, supo que A. estaba bien, y el fiscal Florentino Malaponte dio intervención a la Dirección Provincial de Niñez. Hoy, A.V. está en un hogar de menores de la ciudad de Rosario. Guadalupe y A. son sólo dos de miles de chicas en riesgo. “Es para pensar que mientras el Estado tiene un dispositivo para que duerman los varones niños y adolescentes en situación de calle en Rosario, eso ni siquiera se contempla para las niñas y jóvenes que están en la misma”, consideró Marcela Lapenna, coordinadora del centro de día La Casa, que gestionan entre la Municipalidad de Rosario y la Asociación CHICOS, para niñas y niños en situación de calle.

Acá no se trata de oponer femicidios, sino de sumar violencias sobre violencias. Guadalupe sabía que los bienes tan deseados eran inaccesibles para ella. Si su vida tuvo el vértigo de tomar lo poco que se podía en cada momento, su horrorosa muerte a los 12 años terminó resultando apenas una noticia más entre tantas. Como si sus riesgos por ser mujer estuvieran añadidos, apenas, a los de nacer en una villa. Será que los equipos de televisión no se animan a entrar en la zona donde son cientos las familias que día a día viven ese terror. ¿Será que las Guadalupes “venden menos”? Lo cierto es que Guadalupe fue asesinada y no hubo marchas multitudinarias, sólo la bronca y la impotencia que llevó a sus vecinos y vecinas a quemar algunas casillas de la zona. Y el miércoles, organizaciones sociales del barrio llegaron a Tribunales para pedir justicia. Denunciaron, claro, la complicidad de la comisaría de la zona, de la policía provincial, con la banda que los aterroriza. La violación y muerte de la niña retumba aún más en el silencio que la sigue. Si sus vidas son invisibles, ¿por qué se hablaría de sus muertes?

“Escuché y vi muchas veces en distintas canales y emisoras radiales el nombre y la historia de Micaela (Ortega, de Bahía Blanca), ni una vez escuche a Guadalupe, ni una. Fue cerca de casa y más aún de la de muchos amigos, y en la soledad que vivió, esa que por destino te toca por ser de la villa, es la que recorre su femicidio. La desigualdad es estructural, nos atraviesa, por ello Belén sigue detenida. Nos queremos Vivas en una casilla de chapa, nos queremos vivas en una cama grande que cobija a siete hermanitxs, nos queremos vivas en la sala del hospital, nos queremos vivas en la desigualdad social”, escribió la secretaria de género de la CTA Autónoma de Santa Fe, Liliana Leyes, que pone el cuerpo para acompañar a mujeres que sufren violencia machista.

Guadalupe ni siquiera tuvo acceso a las netbook del programa Conectar Igualdad: la única escuela de su barrio es la Maristas (así le dicen lxs vecinxs) Marcelino Champagnat, gratuita, pero de gestión privada. Y la ley excluye a las escuelas privadas. Las docentes de la escuela fueron a la Defensoría del Pueblo para pedir que sus alumnxs puedan acceder a las computadoras gratuitas, pero les contestaron que la legislación no admitía excepciones. Tampoco su madre cobraba toda la Asignación Universal por Hijo: al ser una escuela privada, el porcentaje que acreditan al constatar la escolaridad no le correspondía. Pero no había otra escuela tan cerca de la casa de Guadalupe.

El crimen desnudó otro desamparo: su mamá había ido en febrero a pedir ayuda en la Dirección provincial de Niñez, organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Infancia. Sin embargo, las autoridades creyeron que no había “riesgo” suficiente para intervenir ante las rebeldías de la niña. Para los papás de Guadalupe, estaba claro que el peligro era “la junta”, quienes terminaron matándola. Las Guadalupe merecen ser parte del grito que se escuche hoy en todo el país.