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Capacitación judicial con perspectiva de género

En la Provincia de Buenos Aires falta capacitar en perspectiva de género al 97 por ciento de jueces y juezas y en Mendoza al 90 por ciento, según el Indicador de Género en el Poder Judicial, de la Oficina de la Mujer (OM), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En San Luis, Santa Cruz y Santa Fe alrededor del 85 por ciento de quienes tienen que proteger a las víctimas de violencia de género, abuso sexual, trata o acoso no estudiaron ni en la Facultad de Derecho ni en cursos especiales los fundamentos de las nuevas normas que protegen a las mujeres. En Salta, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Jujuy y Chaco a ocho de cada diez empleados/as judiciales que tienen que leer expedientes, tomar declaración y dictar sentencia les falta la actualización en género que la ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ya fallecida- Carmen Argibay consideraba imprescindible. En Tucumán, Río Negro, La Pampa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un 30 por ciento de secretarios/as, fiscales y magistrados/as con conocimiento de causa en cuestiones de género, pero un 70 por ciento que sabe de leyes pero toca de oído en los avances de derechos de las mujeres. Las provincias con peor situación y predisposición son San Juan -donde no hay datos- y en La Rioja donde no hubo ni una sola capacitación. En Formosa aseguran que el 97 por ciento de la población judicial está capacitada y en Catamarca y Corrientes que cuatro de cada diez trabajadores/as de los tribunales están aptos para proteger a mujeres, niños y niñas. La situación no presenta perspectiva de mejoras porque la mayoría de las capacitaciones se hacen con un formato de voluntariado con más convicciones que fondos para salarios y traslados. Y porque las impulsaba Carmen Argibay que ya no está en la Corte ni su lugar fue ocupado por otra mujer -además de Elena Highton de Nolasco- con perspectiva de género. Por eso se pide que haya más mujeres en la Justicia y en la Corte Suprema de Justicia.

Menos información para prevenir violencia en las redes sociales:

El femicidio de Micalea Ortega, de 12 años, en Bahía Blanca, que fue engañada por Jonatan Luna en Facebook con un perfil falso despertó el debate social sobre el riesgo de las redes sociales. La culpa -nunca- es de las víctimas. Tampoco de las nuevas tecnologías. Pero el Estado sí tiene -o tenía- herramientas para ayudar a prevenir crímenes y violaciones. Y no puede quedarse de brazos cruzados. El Programa “Con vos en la Web” del Ministerio de Justicia de la Nación contaba con ocho empleados/as especializados en capacitar en talleres en escuelas y en videos a chicos y chicas sobre cómo evitar correr peligros en las redes sociales. Sin embargo, salvo dos personas todas fueron despedidas y, si bien aseguran que el programa no está cerrado, se encuentra inactivo y enmarcado dentro de políticas generales -y no destinadas a niñas y adolescentes- de Protección de Datos. Además hay videos que ya no pueden verse en su página web -que a través de cuentos como Caperucita Roja ayudaban a que las chicas no confíen en personas desconocidas en Facebook o que no den datos de su ubicación- hasta que la nueva gestión evalúe si los considera aptos para todo público en el segundo semestre.

Educación Sexual Integral sin impulso

Desde el gobierno anuncian como una buena noticia que el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación de la Nación no cerró. Pero no es suficiente porque tiene que cumplir con la ley 26.150, del 2006, que obliga al Estado a dar Educación Sexual a chicos y chicas desde el jardín hasta la secundaria, en escuelas públicas y privadas. El ministro Esteban Bullrich mantuvo, hasta el momento, a Mirta Marina al frente del Programa que venía trabajando desde la gestión anterior. Nunca alcanzó, pero se trabajó en cumplir la ley. Hubo 12.000 escuelas primarias con docentes que fueron capacitados en ESI. Y por ejemplo, solo en la Provincia de Buenos, se repartieron 800.000 materiales, en el 2014, entre láminas, revistas para hablar de educación sexual en familia y manuales para docentes de nivel inicial, primario y secundario. Ahora no hay nada prohibido. Pero tampoco se reimpulsa la reimpresión de los cuadernillos para prevenir noviazgos violentos y abusos sexuales y se congeló el presupuesto con una inflación galopante. Además, el año pasado, a un mes de Ni Una Menos, el Ministerio de Educación de la Nación organizó las Jornadas Federales “La violencia contra las mujeres; las escuelas como escenarios de protección de derechos” que, por ahora, no están anunciadas para este año.

Un misógino en la Comisión de la Mujer

En la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia del Congreso de la Nación pusieron como presidente a un varón y misógino. El actual diputado (Cambiemos) Julián Dindart declaró, en el 2012, como ministro de Salud de Corrientes: “Las adolescentes se embarazan porque tienen un recurso económico como premio por haber tenido un hijo”.

La misoginia no es inocua. La Comisión se reunió una sola vez, en todo el año, el 29 de marzo. Los asesores solo se vieron las caras el 11 de mayo. El ritmo de tortuga no es una pesada herencia. En el 2015 los diputados/as se reunían una vez cada quince días y sus asesores todas las semanas. ¿Cómo se van a aprobar leyes si ni siquiera hay reuniones? Y lo que espera es mucho e importante: está frenado el proyecto de licencia laboral por víctimas de violencia de género, la ley de traslado laboral para víctimas y la norma que impondría prisión preventiva a quienes incumplan las medidas cautelares por violencia de género, entre otros proyectos.

Los asesinos siguen con la patria potestad

El 16 de enero de 2008 fue asesinada Rosana Galliano. El Tribunal Oral en lo Criminal 1º de Zárate-Campana sentenció a perpetua a José Arce y a su madre -como cómplice -, Elsa Aguilar. Sin embargo, los hijos -de 10 y 11 años- de Rosana, se crían con el hombre que mató a su mamá. Incluso a pesar que su abuela y su tío paterno reclaman por los chicos. En el Congreso está presentado un proyecto de ley para que los femicidas pierdan la patria potestad o responsabilidad parental. Pero la iniciativa duerme el sueño de los injustos y en diciembre pierde estado parlamentario.

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia

En julio se va a presentar ante el Congreso de la Nación un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia que tiene que ser aprobado por diputados/as y senadores/as para que cuente con presupuesto efectivo que pueda llevar adelante la protección efectiva de la vida y la integridad de las mujeres que denuncian. Un informe de las Mujeres de la Matria Latinoamericana señala que hoy el Estado designa solo $4,50, por mujer, para prevenir la violencia machista. Sin mayores fondos no hay protección posible.

Ley Brisa, sin ayuda para huérfanxs de femicidios

Cada semana seis chicxs se quedan sin mamá por el gatillo impune de los femicidios. Desde 2008 hasta 2015 ya hay 2.518 niños y niñas que se quedaron si mamá por la violencia hacia las mujeres, según datos de La Casa del Encuentro. Se pide que el Congreso apruebe una norma que ampare económicamente a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas. “El anteproyecto de Ley Brisa está en la etapa final de realización, en manos de las abogadas de La Casa del Encuentro. El objetivo es que las hijas y los hijos de mujeres asesinadas en el marco de femicidios reciban una reparación económica mensual (el Estado no evitó el daño, por lo tanto debe intentar repararlo) equivalente al monto de la jubilación mínima. Asimismo, que tengan acceso a cobertura de salud. Se toma el nombre de Brisa para llamar al anteproyecto por la hija menor de Daiana Barrionuevo, asesinada, en diciembre de 2014, en Moreno, por su pareja, Iván Rodríguez. El cuerpo, dentro de una bolsa, fue hallado de casualidad a mediados de enero de 2015. Brisa, y sus dos hermanitos Tobías y Elías (mellizos de siete años) viven con una tía, Cintia, que es madre de tres chicos. El Estado, hasta el momento, no brinda asistencia alguna a los chicos o al grupo familiar”, subraya el periodista especializado en género y promotor del proyecto Maxi Montenegro.

Patrocinio Jurídico Gratuito, hecha la ley, ausente el dinero

El año pasado, después de las demandas de Ni Una Menos, el senador Juan Manuel Abal Medina presentó un proyecto de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género que fue aprobado, por consenso con todos los bloques, en el Congreso de la Nación. El 26 de noviembre del año pasado se publicó, en el Boletín Oficial, la creación del cuerpo de Abogadas y Abogadas del Estado para víctimas de violencia de género. Sin embargo, la norma todavía no se reglamentó, ni cuenta con presupuesto, por lo tanto, una mujer puede denunciar que es golpeada, pero no cuenta con un abogado que siga su querella. En su visita a la Argentina la abogada y primera dama norteamericana Michelle Obama destacó la iniciativa. Pero, por ahora, no cuenta con fondos. En una visita al Senado el ministro de Justicia Germán Garavano admitió: “Es una ley que, en una interpretación lineal, requiere una carga presupuestaria fenomenal. Respecto de esto quiero ser muy realista y transparente: estamos viendo la manera más creativa -y usando sobre todo instituciones como el Colegio de Abogados- de nutrir a este organismo porque armar ese cuerpo de abogados de cero es realmente un presupuesto muy grande”.

Registro Oficial de Femicidios sin novedades

De acuerdo al relevamiento realizado por el Movimimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 3 de junio del 2015 y el 31 de mayo del 2016, se registraron en la Argentina un total de 217 femicidios y 24 femicidios vinculados (nueve femicidios de mujeres y niñas y 15 femicidios de varones y niños). También se registraron 8 travesticidios. El Estado se comprometió a contar con cifras oficiales de mujeres asesinadas por ser mujeres. Las cifras hasta ahora son tomadas, a través de la publicación de los medios de comunicación, por la ONG La Casa del Encuentro y/o por Mumalá. La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó en el 2015 un informe sobre femicidios. Pero el registro que estaba elaborando la Secretaría de Derechos Humanos todavía no fue difundido públicamente. Por otro lado, la actual gestión del Concejo Nacional de las Mujeres está trabajando en un registro único de casos de violencia junto al Ministerio de Justicia y el INDEC. También la Línea 144 está publicando datos oficiales. Sin embargo, la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Edurne Cárdenas advierte: “Después de la movilización del 3 de junio de 2015 se anunciaron diversas iniciativas a nivel estatal, que revelaron muchos de los asuntos relegados en materia de derechos humanos de las mujeres: la Secretaría de Derechos Humanos oficializó la Unidad de Registro de Femicidios; el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) presentó el Registro Único de Casos de Violencia Contra la Mujer (RUCVM); y el Ministerio Público de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de los reclamos y de los diversos anuncios estatales, no se cuenta con información estadística pública y oficial sobre violencia de género”.

Más refugios

Se empezaron a construir 25 refugios que tenían una demora de tres años en la Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Mendoza y otras provincias. Cada uno va a tener 20 o 25 plazas en promedio. “Queremos generar una red de hogares integrales seguros que sean para las mujeres, más allá de las localidades donde se encuentran, para que si una mujer necesita trasladarse del lugar donde vive no encuentre trabas”, sostiene Fabiana Túñez, la titular del Consejo Nacional de la Mujer.

Seguimiento de las denuncias en la Línea 144

“La línea 144 amplió su funcionamiento con el seguimiento de las victimas. En paralelo estamos articulando un convenio con la línea 911 para que, en una emergencia, se pueda llamar, desde el 144, a un móvil policial, mientras se sigue hablando con la víctima”, destaca Túñez.

Tobilleras electrónicas para el 2017

Este año se va a hacer una prueba piloto de tobilleras electrónicas para controlar a los violentos con órdenes de restricción de acercamiento a sus víctimas. El mayor problema en la actualidad es que las mujeres denuncian pero no se consiguen formas efectivas de frenar a sus agresores. La tobillera para los agresores representan un avance porque controlan al victimario, porque tienen un dispositivo de geolocalización que avisa si violan la restricción de acercamiento y sirve, además, como prueba de la infracción judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hizo gestos de su conformidad con su implementación. Eso sí recién van a estar en disponibilidad a partir del 2017. Todavía no hay cálculos oficiales de cuántas tobilleras se pueden llegar a necesitar. Además se está desarrollando una aplicación con celular para que la mujer víctima de violencia -con protección judicial- pueda sacudir el teléfono y hacer disparar tres teléfonos de emergencia ante una situación de peligro.