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Viernes, 18 de junio de 2004

SOCIEDAD

Un ovillo sin deshacer

A cinco meses de sucedido, el femicidio de Sandra Cabrera alimenta una investigación judicial que arrojó un acusado policía y una hipótesis: la del crimen pasional, una calificación que borra las relaciones entre prostitución, institución policial y poder político para dibujar una historia de amor desgraciada. Mientras tanto, siguen en pie los artículos del Código de Faltas que permiten a la policía extorsionar a las trabajadoras sexuales, aunque hace meses el gobierno provincial prometió derogarlos.

Por Sonia Tessa

Para procesar al policía federal Diego Parvluckzyk como autor material del homicidio agravado con alevosía de Sandra Cabrera, el juez Carlos Carbone recogió 116 declaraciones testimoniales, 25 informativas y la indagatoria del propio acusado, que no sólo se contradijo sino que además fue visto por testigos con la dirigente de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) en la madrugada del 27 de enero. De hecho, una testigo clave contó que Sandra se fue a las 5 de la mañana con “el federal”, como lo conocían sus amigas. Incluso, como mantenían una relación sentimental, alguien recuerda que ella se puso contenta cuando lo vio en la zona de la Terminal de Omnibus de Rosario. A la mañana siguiente la encontraron muerta de un disparo en la nuca, en la vereda de Iriondo 647. Aunque muchos testimonios relaten el vínculo personal entre la dirigente gremial y el policía, eso no basta para calificarlo como un “crimen pasional”. En todo caso, el vínculo desnuda las complejas relaciones entre policías y prostitutas, que excluyen cualquier posible simetría. Y si la causa judicial ya tiene un acusado, otras piezas del tablero que pateó el crimen se movieron con más lentitud: todavía no se derogaron los tres artículos del Código de Faltas provincial que permiten a la policía extorsionar a las trabajadoras sexuales, aunque fue una de las primeras promesas del gobierno con el cadáver aún caliente.
La comisión de Asuntos Constitucionales no trató la derogación de los artículos 83, 87 y 93 del Código, que penalizan la “ofensa al pudor”, así como la “prostitución escandalosa” y el “travestismo”. La derogación no cuenta con consenso en la Legislatura provincial, y algunos sectores del gobernante Partido Justicialista impulsan la modificación de los artículos. “No nos sirve, lo único que nos sirve para trabajar sin ser molestadas es la derogación”, dicen Claudia Lucero, la nueva secretaria general de Ammar Rosario, y Blanca Ibáñez, la tesorera. Por eso estuvieron la semana pasada en Santa Fe, la capital provincial, para forzar la discusión. La iniciativa de Ammar se cristalizó en un nuevo proyecto de derogación presentado en abril por la diputada provincial del ARI, Verónica Benas, quien consideró que “la ambigüedad de los artículos deja a las trabajadoras sexuales merced a la interpretación policial”. Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la provincia armó una comisión investigadora del crimen que tomó declaración a distintas compañeras de Sandra. “Nuestro principal objetivo es colaborar con la investigación judicial, brindando un ámbito para que declaren aquellas personas que no se animaron a hacerlo en la Justicia”, afirmó Raúl Lamberto, presidente de la comisión.
El juez Carbone contactó a algunos testigos en la calle, donde había resistencia a declarar por temor a las represalias de la Policía Federal. En el expediente hay testimonios sobre la actividad de Sandra como informante del oficial –que trabajaba en una brigada de DrogasPeligrosas– e incluso una de las testigos aseguró que él se quedaba con droga de los operativos que ella le “batía” para compartir los frutos de la venta. Carbone no descarta que el crimen se haya debido a la cantidad de información que tenía Sandra sobre este tipo de manejos. “En este contexto, en que se tejen relaciones matizadas en algunos casos con episodios de connotaciones delictivas, es evidente que la relación de Sandra Cabrera con Parvluckzyk ocultaba un costado oscuro que, de conocerse, afectaría sensiblemente a este último, que en una oportunidad Sandra lo amenazó a él que lo iba a mandar en cana (sic), que ella le sabía muchas cosas”, relata el juez en los considerandos de su resolución. Desde la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que integra Ammar, la abogada María Eugenia Caggiano descree de la hipótesis pasional y asegura que la muerte de Sandra tiene un claro contenido político, debido a que conocía la forma de operar de la Policía Federal en los procedimientos de drogas. Sandra Cabrera era ingobernable. Su figura parece un prisma que refleja destellos de luz muy diferentes, depende del ángulo. La relación con las drogas y su romance con un policía (que él niega, pero muchos testigos acreditan) son dos aspectos desconcertantes. En relación con ellos, la secretaria general de Ammar nacional, Elena Reynaga, declaró hace pocos días: “Sabía que salían porque ella me lo había dicho. Obviamente no acordaba porque estoy segura de que el agua y el aceite no se mezclan. Le advertía mucho que él quería usarla, pero a veces los seres humanos, cuando se enamoran, se ponen tontos y ciegos”. Para Reynaga, esas relaciones son “una metodología que la policía usa con un sector muy vulnerable. A veces hay compañeras que piensan que porque les pasan una mano en el hombro son buenas personas, o porque les dan menos días de arresto, pero en definitiva siempre hay un interés económico. Entre otras cosas, de cómo les sacan dinero a las chicas”. Reynaga también está segura de que no fue “un crimen pasional sino institucional. A Sandra no la mataron porque era amante de Diego sino para callarla sobre algunas cosas que la policía hacía, de las que seguramente él era parte. Diego es sólo la punta de un gran ovillo de corrupción”.
El prisma refleja también a una dirigente fundacional para las trabajadoras sexuales de la ciudad, que puso foco en la conquista de sus derechos. Para las compañeras de Sandra, está claro que su muerte se debió al trabajo y a las denuncias que realizaba. “A ella la mataron por ser nuestra dirigente”, dice sin lugar a dudas Claudia Lucero, su comadre y sucesora. Con dificultades, no dejaron de trabajar después del asesinato. Además de visitar a la hija menor de Sandra, que ahora vive en San Juan, le están tramitando un subsidio, al tiempo que pudieron equipar la organización sindical con una computadora. Entre los logros, cuentan que obtuvieron atención médica en el departamento de Medicina y Trabajo del Hospital Provincial del Centenario para todas las compañeras. Y se siguen movilizando para obtener la derogación de los tres artículos que penalizan su trabajo. Desde las paredes de la pequeña oficina que ocupa Ammar en la CTA, Sandra está presente en los folletos, afiches y carteles que expresan sus reivindicaciones. “Tu lucha sigue”, dice uno de ellos.

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