A mediados de los ’90, cuando comenzaron a tener prensa los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (México), no se sabía cuáles eran sus causas. Diez años después, con alrededor de 400 muertas, tampoco hay respuestas. Sí montones de hipótesis, elaboradas dentro y fuera de México, inventadas para desviar las investigaciones o con algún asidero real, pero ninguna confirmación.

Lo que sí está claro en estos diez años es que los casos no se resuelven por razones políticas. No hay ningún misterio chamánico embrujando a esta ciudad desértica del estado de Chihuahua, a 20 minutos apenas de la frontera con los Estados Unidos.

En estos días, representantes políticos de los tres poderes están en pleno debate acusándose mutuamente de falta de actuación en el caso. Las legisladoras nacionales, con la feminista Marcela Lagarde a la cabeza, dicen que el ombudsman nacional debería emitir una recomendación de resolución sobre los casos y el ombudsman echa a su vez las tintas sobre la comisionada especial de Gobernación para Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín (representante del gobierno federal), acusándola de falta de compromiso.

Mientras tanto, la fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) para Ciudad Juárez y Chihuahua, Mireille Roccatti, acaba de advertir lo que ya todos suponían: no todos los asesinatos podrán resolverse, porque en varios casos no hay evidencia alguna para hacer la investigación y castigar a los culpables.

Ciudad Juárez no es el único lugar en el que ocurren femicidios de esta magnitud en América Central. En Guatemala, El Salvador y Honduras, hay una ola de asesinatos imparable desde comienzos del 2000, y las muertas son aún más que en Juárez. Pero la particularidad de esta ciudad “con velocidad”, como le dicen por la gran cantidad de submundos que conviven en ella –las maquilas con sus trabajadoras provenientes del México profundo, los inmigrantes de camino a Estados Unidos y la abundancia de burdeles y picaderos de droga–, es que confluyen en un lugar relativamente pequeño pujas de poder e intereses económicos y políticos que hacen imposible develar los crímenes.

A este escenario confuso fueron convocados, en el 2004, los miembros del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAF) –los que trabajaron y aún lo hacen en la identificación de los cuerpos de los desaparecidos de la última dictadura militar– para que aportaran su saber en la identificación de los más de 50 cadáveres de mujeres NN que se acumulan en Juárez y Chihuahua.

El llamado vino de la ONG Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y en mayo del año pasado Patricia Bernardi, Mercedes Doretti y María Cristina Mendonça (una patóloga brasileña invitada especialmente) llegaron a Juárez con el objetivo de hacer una primera misión exploratoria. “Evaluamos las condiciones del país para hacer un trabajo forense y tratamos de ver qué piensan los organismos no gubernamentales y gubernamentales que vienen trabajando con el tema, para después poder trabajar sin influencias”, explica Bernardi, recién llegada nuevamente de Juárez. Después de esa primera visita hubo otras tres, y a comienzos de este año firmaron un convenio con la Procuraduría del estado de Chihuahua para identificar más de 70 cuerpos. La primera etapa acaba de terminar y la segunda comenzará a fines de septiembre.

Para llegar a la firma del convenio, el EAF atravesó diferentes instancias en las que sus integrantes comprendieron la delicada trama detrás de los asesinatos. En octubre del 2004 tuvieron una reunión con Guadalupe Morfín, representante del gobierno federal que tiene autoridad para sugerir pero no para ordenar. Al poco tiempo fueron convocadas por la recientemente nombrada procuradora del estado de Chihuahua, Patricia González, con quien firmaron el actual convenio: las antropólogas harán el peritaje tomando en cuenta las sugerencias de las ONG, de los familiares y de la comisionada Morfin, pero sin ningún tipo de injerencia federal.

“El objetivo es la identificación de los NN femeninos no identificados, y también el análisis de los cuerpos que aunque hayan sido identificados los familiares, tienen dudas sobre si realmente son sus hijos”, explican Bernardi y Sofía Egaña, otra antropóloga del equipo que está participando del convenio. Se trata de 53 cuerpos divididos entre la morgue y 16 fosas comunes, más la veintena sobre los que tienen dudas los familiares.

En la primera etapa, que acaba de concluir, las antropólogas trabajaron sobre los cuerpos que estaban en la morgue, hicieron un estudio de los registros de cementerios para ver el posible recorrido de los enterrados en fosas comunes y compararon esos datos con los de los 24 expedientes judiciales analizados durante 2003, que fue su primer trabajo de aproximación a este femicidio y cuyos resultados fueron presentados a fines del año pasado a las más altas autoridades nacionales: desde los parlamentarios hasta el Tribunal Supremo de Justicia. “Contrastamos lo que decían los expedientes con lo que en verdad había sucedido.”

“Era muy importante para nosotras ser transparentes con los familiares, porque fueron muy maltratados, están muy divididos entre ellos y ya no creen en nadie. No queríamos sacarles nuevas muestras de sangre innecesarias, queríamos que estuvieran al tanto de cada paso que se daba, que supieran quién nos financiaba, y que nos preguntaran lo que quisieran –puntualiza Bernardi–. Uno de los temas que más los preocupaba era cómo iba a ser la custodia de los análisis genéticos, porque su experiencia era la desaparición de pruebas. Entonces propusimos a un laboratorio de Estados Unidos y nos ofrecimos nosotras como custodia, así que hasta hace pocas semanas siempre alguna hacía el viaje de Juárez a Virginia.”

La segunda etapa del convenio, que empieza a fines de septiembre y durará dos meses, consiste fundamentalmente en la exhumación de las fosas comunes. Pero ellas no creen terminar ahí. “Hay masacres como la de Guatemala o El Salvador, donde llevó mucho tiempo la identificación. Aunque los laboratorios hayan avanzado muchísimo después del atentado a las Torres Gemelas porque analizaron muestras calcinadas, en pésimo estado, los casos de Chihuahua y Juárez son muy difíciles porque la mayoría de las asesinadas son chicas de entre 12 y 19 años, casi sin operaciones, sin arreglos dentales, y aunque los hubiera, ¿dónde pedís una ficha odontológica? No tenemos mucho de qué agarrarnos. Y a esto se suma que muchas de ellas tienen reconstrucciones faciales, un procedimiento habitual en América Central, algo así como una momificación. Pero para poder hacer los análisis ahora, nosotras tenemos que deconstruir esas máscaras hechas con un pegamento que se adhiere a los huesos y no sabemos si daña el ADN.”

¿Quién está matando a las mujeres de Juárez? Estas tres mujeres, aun habiendo pasado tiempo allá, no tienen siquiera una hipótesis que predomine sobre las otras, todo es demasiado confuso.

“Estas chicas tan jóvenes, con un promedio de 15 años, trabajaban todas en la maquila, con lo cual se modificó el aporte de las mujeres a la canasta familiar. Este nuevo rol de las mujeres podría estar detrás de la violencia que se desató contra ellas por parte de hombres que, en gran parte, no tienen trabajo. Pero también es cierto lo que se dice de la ‘velocidad’ de Juárez, con lo cual se puede pensar en pornografía, prostitución y poder como móviles, que incluso se pueden haber ido modificando con los años. ¿Cómo puede cambiar nuestro trabajo el curso de las investigaciones? Es demasiado pronto para saber el impacto, pero ¿qué pasaría si se les dijera a los familiares que los restos que les entregaron no eran los de sus hijas?”