Este aviso fue publicado el 10 de agosto en Ambito Financiero, pero no es una excentricidad (muchos más se pueden encontrar en www.omarserrano.com.ar, aunque la mayoría de las ofertas están publicitadas en inglés) ni un sincericidio. En la Argentina es legal vender tierras, aun a compradores extranjeros, y aunque tengan grandes reservas de agua, un recurso que puede escasear brutalmente en apenas quince años.

El periodista Gonzalo Sánchez está preparando un libro de investigación sobre los nuevos dueños de la tierra en la Patagonia –que aparecerá en el 2006– y él opina: “Resulta imposible afirmar que detrás de la voracidad foránea con que se compra tierra en lugares como la Patagonia o el Litoral, se esconden intenciones relacionadas con la futura falta de agua. Pero es real, sin embargo, que llamativamente muchas de estas compras se producen en sitios que además de belleza, albergan tesoros naturales que podrían ser gravitantes en treinta o cuarenta años”. Y explica quiénes son los nuevos dueños de la Argentina: “Douglas Tompkins, magnate textil norteamericano devenido gurú de la ecología profunda posee 300 mil hectáreas en el sur de Chile y otras 55 mil en la región de los Esteros del Iberá, sobre el acuífero guaraní. Pero aunque su presencia despierta sospechas de todo tipo, él defiende un ambicioso proyecto de conservación de la flora y de la fauna. El caso de Joe Lewis en el Bolsón también es paradigmático: es la sexta fortuna de Inglaterra y el dueño de las 14.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido, un espejo de 600 hectáreas de agua pura. Sus detractores en la zona aseguran que el inglés busca dominar las cuencas hídricas de la región. Se dice que podría haber enviado muestras de agua hacia el Viejo Mundo como para comenzar a seducir inversores con el producto más codiciado de los próximos años. Nada de eso, por ahora, se puede probar. Lo concreto es que más allá de las presunciones, los extranjeros millonarios compran la tierra por migajas, siempre con la anuencia de las administraciones locales, persiguiendo el sueño del mundo propio autosuficiente y del paraíso privado”.

Para que Argentina no sea Douglas & Joe S.A. (ni dependa de sus buenas o malas intenciones), actualmente hay cuatro iniciativas legislativas que apuntan a proteger el agua como recurso nacional. La senadora nacional Mónica Arancio de Beller (de la UCR de Jujuy) propone que el agua sea un recurso estratégico que sólo pueda ser manejado por el Estado. También la diputada Patricia Walsh (de Izquierda Unida) pide que el agua no sea considerada una mercancía y, por lo tanto, no se pueda comprar ni vender privadamente y que además caduque la concesión a Aguas Argentinas por incumplimientos en el contrato de privatización. Mientras que Lucrecia Monteagudo (del Partido Intransigente) también auspicia la nacionalización del agua y por otra parte que, conjuntamente con las elecciones de octubre, se realice un plebiscito sobre el agua para que la gente vote si es una mercancía o un recurso, como se hizo en Uruguay, donde el 60% del electorado votó en contra de la privatización del agua. “Vamos a seguir juntando firmas para llegar a una consulta popular –asegura Monteagudo–. No vamos a dejar que por monedas de euros los extranjeros se queden con la tierra que contiene el acuífero guaraní.”