Primero fue el fallo inédito de la Corte Suprema de Justicia, que consideró “el derecho a la salud de la mujer, en su más amplio sentido”, para que la salteña Gloria Catalina Yapura se realizara la ligadura de trompas de Falopio. La mujer había argumentado ante la Justicia Correccional de Salta y la Corte provincial sobre su estado de “pobreza extrema” porque ya no podía hacer frente a las erogaciones que implicaba la crianza de sus cuatro hijos, e invocó “los derechos al resguardo de la familia, la salud y la autodeterminación”. Debió terciar el tribunal supremo para revertir la decisión judicial que rechazó in limine el pedido de la mujer. La segunda instancia se vivió la semana última, cuando la Cámara de Diputados nacional aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece que mujeres y hombres mayores de 21 años tienen derecho a realizarse la práctica de ligadura de trompas o vasectomía en los servicios del sistema de salud públicos y privados, lo cual implica el respectivo acceso en forma gratuita o bajo la cobertura de obras sociales y prepagas.

A partir de entonces, una serie de fantasmas se están agitando sobre la agenda legislativa de la Cámara alta y desde algunos sectores oficiosos de difusión, que pretenden demonizar los procedimientos bajo el supuesto de esterilizantes, definitivos y discriminatorios. Los casos de Gloria Yapura o Sandra Almeyda, en Neuquén, a quien la Corte local autorizó la ligadura tubaria, son espejo de una situación compleja. Las intervenciones quirúrgicas sólo están aprobadas en catorce provincias. Y son consecuencia de los cabos sueltos que quedaron tras la sanción de la Ley 25.673, con la creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, en 2002: la anticoncepción quirúrgica voluntaria fue claramente excluida del listado de métodos anticonceptivos aprobado en ese momento, que sí incluía el DIU, las píldoras y el preservativo.

El contenido de lo aprobado en Diputados –que surgió de un consenso entre propuestas de las diputadas Juliana Marino, Graciela Gutiérrez, Irene Bosch de Sartori (Frente para la Victoria), Marcela Rodríguez (ARI), María del Carmen Rico (Peronismo Federal) y María Elena Barbagelatta (socialista, con mandato cumplido)– abre la posibilidad de recurrir a hospitales públicos e instituciones privadas sin indicación médica previa, sólo con un pedido formal. Tampoco será necesario el consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial, imprescindible para los menores de edad y los declarados judicialmente incapaces. Los médicos deberán informar sobre estas intervenciones, sus riesgos, posibilidad de reversión y consecuencias, y sobre otros métodos de anticoncepción no quirúrgicos. Y los profesionales de la salud podrán ampararse en el derecho a la objeción de conciencia y negarse a efectuar la práctica solicitada, que de todas maneras sí están obligadas a garantizar las instituciones donde se desempeñen. A la fecha, no existen índices oficiales que den cuenta de la cantidad de mujeres y hombres que se han realizado estas prácticas, más que un sondeo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de 1994, donde se revela que el 4 por ciento de las mujeres de la provincia de Buenos Aires accedió a la ligadura tubaria. En todo caso, sería interesante recordar la experiencia recorrida hace menos de tres años por las mujeres neuquinas del Colectivo La Revuelta, a propósito de la aprobación en esa provincia de la ley 2.431 de ligadura de trompas y vasectomía. “La contracepción quirúrgica –insistieron– constituye un problema de derechos humanos, de justicia social y de ciudadanía sexual, porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición. No nos cansamos de repetir que la ley no obliga a nadie, sólo garantiza el ejercicio de un derecho. No respetar la autonomía en cuanto a decidir sobre el propio cuerpo es el eje de toda la subordinación de las mujeres.”