Hugo Chavez el miércoles pasado, prestando juramento ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores.

A los espacios locales llegó tarde y con poco ruido, por lo que los detalles no fueron más allá de un cierto relieve anecdótico que hizo hincapié, por ejemplo, en el amplio espectro taxonómico que significa enumerar 19 tipos diferentes de violencia de género. Por supuesto: hubo quienes, en la enumeración, leyeron fanatismo y no minuciosidad. Y sin embargo de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no sólo puede decirse que fue sancionada tras un único debate parlamentario, sino que cabe agregar algo más: que, en realidad, viene a ser la punta del iceberg a la hora de hablar de las políticas públicas con perspectiva de género en Venezuela, un país que también cuenta con el Banco de Desarrollo de la Mujer (dedicado a facilitar la inserción económica a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y social) y el Instituto Nacional de la Mujer, un organismo autónomo con presupuesto propio y capacidad de implementación de políticas (presidido por una feminista histórica que brindó un apoyo sólido durante el proceso previo a la sanción). Tan grande (al menos en sus intenciones) es el iceberg, que puede causar asombro y sin embargo, sí, sí, aquello no sólo sucede en el país del cual sólo llegan eventuales escándalos por decisiones económicas ampulosas y llamativas, o por intervenciones oscuramente norteamericanas, o por la asunción presidencial. Y por supuesto: estos asuntos tienen una importancia nada menor en lo que –oh sorpresa para muchas y muchos– podría llamarse uno de los laboratorios de política igualitaria de género en la región, y que ahora, con la asunción del tercer mandato de Hugo Chávez, va por más: más precisamente, a por una aplicación efectiva e integral de los instrumentos preparados en la última década.

La estadística no descubre ningún mundo nuevo: en Venezuela, cada 10 días una mujer muere como consecuencia de la violencia de género; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística reporta alrededor de tres mil casos anuales (y una proyección indica que las denuncias sólo alcanzan el 10 por ciento de los casos); en 2005 (es demasiado pronto para los datos de 2006), las organizaciones públicas y privadas atendieron poco menos de 40 mil casos de violencia. Cuando el cerco opaco en que pueden convertirse los países de la misma región comienza a caer, se conocen cosas asombrosas. Se puede saber, por ejemplo, que el mismo 25 de noviembre, obviamente que en deseada coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia, la Asamblea Nacional dio por aprobada (tras un proceso de “Parlamentarismo de calle” a lo largo del cual se desarrollaron jornadas para poner a consideración pública 46 textos legislativos) la nueva ley contra la violencia de género. Venía, Venezuela, de una situación al menos compleja y riesgosa: por algún cálculo evidentemente errado, la anterior ley de violencia (que tutelaba el derecho a la no “Violencia contra la Mujer y las Familias”) había sido derogada antes de tiempo, lo que hizo imposible que entre mayo y noviembre se efectivizaran medidas cautelares, como exclusiones del hogar. En noviembre, entonces, la situación se remedió con la sanción de esta ley, la única en toda Latinoamérica que reconoce que la violencia de género excede lo estrictamente físico y el maltrato psicológico, la califica como “sexista”, la reconoce como posible también fuera del ámbito doméstico y acota: “queda delimitada claramente por el sujeto que la padece: las mujeres”, con lo cual obtura en una línea todo posible revisionismo conservador. Aún más: la relevancia institucional de atención de la violencia se refuerza con la creación en el Tribunal Supremo de Justicia de una sección especializada en violencia de género.

Redactada por políticas chavistas y antichavistas, integrantes de ONG, académicas y activistas históricas del movimiento de mujeres venezolano, la ley contó también con el respaldo de asesores intachables para la oposición (que la tuvo, asombrosamente la tuvo), como el médico obstetra que –en una sesión extraordinaria previa a la sanción– afirmó que en 30 años de práctica profesional había presenciado cómo las mujeres recibían humillaciones, maltratos y abusos por parte de un sistema de salud machista que, entre otras bondades, no respeta el parto. Su testimonio no pasó inadvertido, habida cuenta de que la violencia obstétrica es uno de los modos que la nueva ley reconoce, tipifica y castiga. El listado de violencias de género tipificadas contempla: violencia laboral “para abordar prácticas lesivas del derecho de la mujer a acceder, ascender y mantenerse en el empleo, así como para preservar su derecho a igual salario por igual trabajo”, patrimonial; “ofensa pública en razón del género realizada a través de los medios de comunicación o difusión masiva”; institucional, “ejecutada por los funcionarios o funcionarias públicos mediante acciones u omisiones que impiden u obstaculizan el acceso de la mujer” a sus derechos y “los delitos vinculados con la delincuencia organizada, tales como trata de mujeres, niñas y adolescentes y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes”.

Que era una pérdida de tiempo, que otros temas resultaban más urgentes y que las legisladoras abocadas a la cuestión no eran más que “parásitas e imbéciles” (y quienes la apoyaban, “brujas estúpidas y anormales por pretender la supremacía de los derechos de las mujeres por sobre los de los hombres”). En esa línea tan sutilmente argumentada se manejó la oposición, cuyo razonamiento de todas maneras –inevitablemente– forma parte del proceso de cambio a que apunta la ley, tal como recordó Gabriela Ramírez, presidenta de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud: al machismo “no lo arregla una ley. Es una cuestión de asumir un compromiso, que la mujer asuma la ley, todos debemos unirnos para luchar contra la violencia. Cuando maltratan a una mujer delante de sus hijos, estamos formando a nuevos maltratadores”.