Viernes, 16 de marzo de 2007 | Hoy
RESISTENCIAS
En 2003, como integrantes del movimiento Mujeres en Lucha, detuvieron el remate de 42 hectáreas, en Chivilcoy, que significaba el sustento para tres generaciones de una familia. La semana que viene, un día antes del aniversario del último golpe militar, las mismas mujeres que les dieron la chance a miles de pequeños productores de recuperarse serán juzgadas por lesiones y resistencia a la autoridad.
Por Sonia Tessa
Cuatro integrantes de Mujeres en Lucha, productoras rurales que supieron enfrentar el despojo de las pequeñas propiedades en los años ‘90, estarán sentadas en el banquillo de los acusados de los Tribunales de Mercedes el viernes 23 de marzo, un día antes del aniversario del golpe militar. “Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad”, intentaron entonar el 12 de septiembre de 2003 Ana Galmarini, Ana María Ribeiro, Sara Coll y Emma Martín en Chivilcoy. Por ese acto el juez Rogelio Massón ordenó que las expulsara la policía. Las llevaron con violencia, estuvieron detenidas varias horas, y fueron denunciadas por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Desde entonces, rechazaron la alternativa de cumplir con una probation porque implicaba reconocer que habían cometido un delito. “No aceptamos porque no podríamos ir más a parar un remate, y además, nos imponen un trabajo solidario cuando ya lo hacemos”, argumenta Emma. De modo que el juicio oral y público puede terminar con condenas de hasta un año de prisión. Y por eso convocan a todas las organizaciones sociales del país a apoyarlas para impedir que se criminalice la protesta social.
Hay algo épico en el recuerdo de aquella jornada. Con más de 100 personas apoyando a los productores endeudados que no tenían dinero para recomprar la propiedad, al mediodía parecía que el remate se había suspendido. Pero llegó el juez civil y comercial de Mercedes en persona y se despachó con un discurso sobre el respeto a la ley. Mientras tanto, proliferaban los integrantes de “las Ligas” que se dedican a comprar los pequeños campos a precio vil en los remates de provincia de Buenos Aires. En este caso, era una parcela de 42 hectáreas, sustento de Ricardo y Mónica de Vassallo, sus padres y sus hijos.
Las militantes recuerdan perfectamente la confianza entre el juez y los integrantes de “las Ligas”. Estos personeros a veces compran para otros, y también revenden lo comprado a un precio mucho mayor. “Son una mafia”, definen las militantes que, de tanto verlos en los remates, ya los conocen. Pero el juez, dicen, estaba “a los abrazos” con dos de los integrantes de las Ligas, según puede verse en la filmación de Norma Fernández.
Aquel día fueron cuatro las militantes trasladadas a la comisaría de Chivilcoy, y luego llevadas en patrulleros hasta la alcaidía de Mercedes. También detuvieron a los propietarios del campo y un sobrino de ellos, José Luis Aro, que recibió una tremenda golpiza en la cocina de la comisaría. Del comisario a cargo de la seccional, Daniel Rago tuvieron noticias poco después: cayó en el marco de una purga de la policía bonaerense. Ellas pasaron la noche en la alcaidía.
Al día siguiente, las militantes fueron liberadas. El remate se había hecho, pero gracias a una presentación del movimiento agrario, sus efectos quedaron suspendidos hasta que la Justicia defina (o no) su nulidad por haberse realizado a puertas cerradas y por un precio vil. Mientras tanto, la familia continúa explotando sus 42 hectáreas, y Mujeres en Lucha considera que existen muchas posibilidades de mantenerles la propiedad.
El abogado Roberto Carpano, quien junto a Fernando Molinas ejerce la defensa de las mujeres, pidió el sobreseimiento y argumentó que sólo ejercieron “el derecho constitucional de reclamar frente a la simulación de un remate”. Ese argumento es el que llevarán a los Tribunales, donde creen que no sólo estará en juego la valoración de la protesta, sino también la nulidad del remate. “Los dos juicios están relacionados, si prospera el proceso contra nosotras, también se considerará válida la subasta del campo que la Justicia continúa analizando”, estimó Coll.
“Es una barbaridad que le hagan juicio a Mujeres en Lucha justo un día antes del 24 de marzo, no se puede creer. Es una zancadilla política”, consideran las militantes de este movimiento que nació en 1995, con Lucy de Cornellis, en La Pampa. El objetivo era parar la ola de remates. “En aquellos años era tal el endeudamiento del campo debido a los bajos precios, la falta de rentabilidad, los intereses que cobraban los bancos, que desaparecía un productor cada ocho horas –rememora Galmarini–. Decidimos movilizarnos cuando el gobierno nacional anunció oficialmente que dentro de ese modelo había 200.000 medianos productores que no tenían cabida. Era una política de concentración y provocó la mayor extranjerización de la tierra.”
Un año después, estas mujeres se organizaron en la provincia de Santa Fe, donde el Grito de Alcorta, en 1912, había abierto la puerta a miles de chacareros a la tenencia de su propia tierra. Aquella pueblada democratizó el acceso a la propiedad, pero los ‘90 fueron su contracara. 105.000 productores agrarios perdieron sus tierras.
Cuando empezaron los remates, Mujeres en Lucha fue una expresión de resistencia a ese fenómeno de concentración. Al principio, las mujeres del pueblo donde se realizaba la subasta rezaban el rosario, pero luego se decidieron por el Himno. En 1999, en un pueblo del norte santafesino, La Gallareta, donde aún quedan los vestigios de La Forestal, se levantaron las clases y tanto alumnos como maestros fueron a acompañar la movida para impedir la enajenación de la tierra. “Hubo un clic en la historia. El remate pasó de ser un problema individual a convertirse en una pueblada”, analiza Galmarini. Los centenares de remates que pararon estas mujeres no alcanzaron para impedir la concentración de la tierra, pero sí les dio a muchos productores margen para recuperarse y volver a producir. Pero a ellas les toca seguir resistiendo. La semana próxima les tocará hacerlo en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de personalidades como la propia Lucy de Cornellis, el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las diputadas santafesinas del ARI Susana García y Alicia Gutiérrez y el cineasta Fernando “Pino” Solanas. “Es importante que venga todo el mundo a apoyarnos para evitar la criminalización de la protesta social”, dice Galmarini, atareada en la búsqueda de testigos. Esperan que la localidad de Mercedes –conservadora por historia y por costumbre– viva una conmoción.
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