Fernanda Aguirre

La niña de las flores

Tres claveles. Esa fue la diferencia entre la vida y la nada de Fernanda Aguirre el 25 de julio de 2004, mientras ayudaba a su madre a traer y llevar esas flores del puesto que la familia tiene en la localidad entrerriana de San Benito. La chica, que este mes cumpliría 16 años, fue secuestrada de camino a su casa por Miguel Angel Lencina, un peón que vivía en ese pueblo, y existen sospechas firmes de que habría sido vendida para ser utilizada en redes de prostitución. El juez Héctor Toloy, que investiga el secuestro, considera que “si Fernanda está con vida es muy fácil pensar que estaría integrando una red de prostitución infantil. Es una posibilidad real”.

El 6 de agosto de 2004, días después de su detención, Lencina apareció ahorcado en la celda de la comisaría 5ª de Paraná. Su mujer, Mirta Chávez, también fue detenida y en la actualidad permanece alojada en la cárcel de mujeres de la misma ciudad, acusada de haber llamado por teléfono a los Aguirre para pedir un rescate de 2000 pesos. El tercer implicado en la causa es Raúl Monzón, primo de Lencina, procesado como partícipe secundario en el secuestro de Fernanda.

Este mes, su madre, María Inés Cabrol, volvió a exigir respuestas de las autoridades provinciales que ayuden a echar luz sobre paraderos posibles, y pidió la colaboración de testigos que puedan aportar datos. “De las autoridades espero una respuesta y que se pongan las pilas para investigar y decirme dónde está mi hija. No puede ser que no tengan nada —deploró—. Tampoco la gente quiere hablar, pero alguien tiene que haberla visto.” El panorama es oscuro: el abogado Sergio Federik, que representa a la familia Aguirre, reconoció este lunes que los cientos de llamados anónimos recibidos durante estos años nunca acercaron pistas concretas. Y el cuerpo de Fernanda se polariza en mil geografías posibles. La telaraña que se tragó a la niña crece saludable: sólo en 2006, en la Argentina hubo 476 desapariciones de mujeres.

Andrea López

El peso de la frontera

La situación del caso de Andrea Noemí López expone la carencia más pesada que arrastran las desapariciones de mujeres: la nacionalización de su búsqueda. Surge como traba inmediata la ausencia de una ley que desdibuje límites y abra caminos, pero tampoco se aprecian resultados nítidos desde la gama variopinta de organismos oficiales que dedican áreas a trata y tráfico. Algunos familiares de las víctimas hacen de esto una lectura más bien pesimista; dicen que la vasta oferta de agencias públicas no aúna, más bien disgrega los esfuerzos para hallar y asistir a las víctimas. Y la desaparición de Andrea es un espejo donde se refleja ese abanico de flaquezas.

Antes de desaparecer en La Pampa, el 9 de febrero de 2004, la mujer de entonces 24 años era obligada a prostituirse por su pareja, el boxeador Víctor Purreta, quien también acostumbraba a molerla a golpes y someterla a su voluntad, bajo amenaza de atentar contra el hijo de ambos, Carlos, que hoy tiene ocho años. De todo esto podría dar cuenta la actual jueza de Menores, Cristina Baladrón, que representara a Purreta como defensora de Estado en el juicio por proxenetismo, y que antes interviniera en una audiencia de conciliación y acuerdo entre “golpeador y golpeada”, como estipulaba la ley provincial de Violencia. En la actualidad Purreta cumple condena por “facilitación a la prostitución” y Baladrón le niega la tenencia de su nieto Carlos a Julia Ferreyra, madre de Andrea, que sólo logró obtener una guarda. El colectivo Mujeres por la Solidaridad denunció que en los límites provinciales la búsqueda se redujo a las acciones formales y que Jorge Luis Howe, el juez de la causa contra Purreta, “nunca aceptó la colaboración de los organismos nacionales”. Para Mirta Fiorucci, integrante de ese movimiento, existen indicios fuertes de que Andrea haya sido captada por una red de trata y tráfico de mujeres. “Sin embargo la policía y la Justicia no motorizan la causa. La Pampa se ha quedado callada y todo depende de la voluntad de la familia de Andrea, porque la creencia sigue siendo que debe haberse ido por propia voluntad.”

Florencia Pennacchi

Cuando la desaparición no implica delito

A la estudiante neuquina Florencia Pennacchi se la tragó la tierra con lo puesto la mañana del 17 de marzo de 2005. El encargado del edificio donde vivía junto a su hermano Pedro, en Güemes al 4700, del barrio de Palermo, la vio salir con el teléfono celular en la mano. La noche anterior había cenado con amigas y luego fue a una disco de la zona. Al día de hoy no existen indicios siquiera débiles sobre su paradero o sobre los autores de la desaparición. Sólo pesan las críticas de sus familiares, amigos y amigas hacia el desempeño del fiscal de la causa, Martín Retes, que nunca logró resultados concretos ni bifurcó su investigación ante un posible caso de trata y tráfico de personas. Según Lilén Díaz, amiga y compañera de Florencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Retes manifestó en varias oportunidades que “la desaparición por sí sola no constituye delito, por lo que no debería haber un expediente de búsqueda de persona en su fiscalía”. También cuestionó la actuación de policías de la comisaría 23ª, que durante los cuatro días posteriores a la última vez que vieron a Florencia “no investigaron. Era Semana Santa —recordó Díaz— y los agentes se quejaban porque los hacíamos trabajar”.

Como un caso de manual, el de Florencia Pennacchi no dejó lugares comunes por transitar: en la primera etapa de instrucción, voces de la División Antisecuestros de la Policía Federal deslizaron que habría escapado junto a un hombre a alguna provincia del país o a Río de Janeiro. Otras fuentes inflaron aún más la fábula difundiendo un supuesto consumo de psicofármacos y alcohol. Pusieron en duda su salud mental y hasta pretendieron adosarle “una vida nocturna intensa”, como si ese dato bastara para desaparecer. Valgan algunos datos extra que confirman la desidia a la hora de investigar las desapariciones de mujeres: el listado de números marcados y llamadas recibidas desde el celular de Florencia demoró meses en ser realizado. Los días previos a la desaparición, la joven hizo varias llamadas a un hombre que no pertenecía a su entorno; la Justicia logró ubicarlo, pero lo citó a declarar un año después de lo ocurrido. Los rastrillajes provinciales dejaron de hacerse hace tiempo y, obviamente, la imagen de la joven ya no empapela Buenos Aires.

Marita Verón

Todos los 3

”Pido justicia por el secuestro y desaparición de mi amada hija Marita y de todas las mujeres desaparecidas en democracia”, repite como una plegaria Susana Trimarco en las movilizaciones que encabeza los días 3 de cada mes. Es el número que cristaliza el aniversario siniestro del 3 de abril de 2002, cuando a María de los Angeles Verón, “Marita”, la capturó una banda mafiosa en Tucumán para venderla por 2500 pesos a un prostíbulo de La Rioja. Desde entonces, Susana recorrió el país, cruzó fronteras, liberó a unas cien mujeres esclavizadas para ejercer la prostitución y recibió algunos galardones que no le llenan el alma pero le abren puertas valiosas que ayuden a encontrar a su hija, como el premio Mujeres de Coraje, que le entregara en marzo la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice. Lo que Susana Trimarco logró hasta hoy, en definitiva, es un arduo trabajo de concientización para que las desapariciones de adolescentes y jóvenes dejen de figurar en los registros policiales como “fugas de hogar”, cuando en verdad se trata de secuestros organizados por circuitos de tratantes. En el camino la acompañan otros actores solidarios, como el abogado Carlos Garmendia, de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, que sostiene las denuncias de las víctimas y realiza un trabajo peregrino para romper la aprensión judicial. “Es un problema grave —reflexiona Susana—, porque los tratantes de personas tienen mucho dinero y poder; son capaces de comprar jueces y policías. Todos los días las mafias secuestran a una mujer en la Argentina; de hecho, Marita habría vuelto a casa hace cuatro años, pero la fiscalía de Tucumán recibió muchísimo dinero de los tratantes para desviar todas las pistas que teníamos y finalmente volvimos a perderla.”

Otoño Uriarte

Oídos sordos

En horas, el caso de Otoño Uriarte se convirtió en un cuerpo mutilado de 16 años, con campera negra de vivos verdes. La reducción a ese horror es la última metamorfosis sufrida por una causa que padeció el autismo de su carátula prácticamente inamovible de “averiguación de paradero” desde el inicio, las sospechas arrojadas sobre una relación conflictiva entre la adolescente y su familia, los juicios desvergonzados de funcionarios policiales que todavía relacionan las desapariciones de mujeres con cuestiones sentimentales, y la mezquindad de la Justicia rionegrina al recaratular tardíamente —una semana antes de que aparezca un cuerpo que podría ser el de Otoño— el caso como “privación ilegítima de la libertad”, después de que el 8 de este mes se revelaran escuchas telefónicas realizadas en la comisaría de Choele Choel que descubrieron la connivencia entre policías y proxenetas de la zona para la explotación sexual de adolescentes.

Otoño desapareció la noche del 23 de octubre de 2006, en la ciudad de Fernández Oro, donde residía con su padre, Roberto Uriarte, y su hermano, Leandro. Cursaba el secundario en el CEM 14, tenía un novio, una bicicleta roja que también se tragó la oscuridad y un celular que apareció hace menos de un mes en manos de un sospechoso reciente. Apenas veinticuatro horas después de cumplirse seis meses de su desaparición, el cuerpo de una joven, seccionado y sin manos, con una campera idéntica a la última prenda que vistió Otoño, fue hallado en el pozo de agua de una usina en Cipolletti. El nuevo fiscal de la causa, José Rodríguez Chazarreta, aguarda que el resultado de los análisis de ADN les dé una identidad a los restos. “Es muy angustiante —dice Ana Becerra, la madre de Otoño—, porque estamos buscando a una persona viva.”

“Siempre supimos que no se fue por voluntad propia, pero nunca quisieron escucharnos”, lamenta Roberto Uriarte. Al parecer, la sordera alcanza al ex fiscal de la causa, Oscar Cid, y al comisario de la ciudad, Ives Vallejos. De ambos podría decirse que ignoraron o al menos desatendieron las líneas de investigación que proponían los Uriarte y que señalaban la posibilidad de que Otoño hubiera sido víctima de una red de trata y tráfico de mujeres. Cid fue apartado de la causa luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro solicitara informes sobre la actuación judicial en el caso y Vallejos fue separado del cargo para que se investigue su responsabilidad en el presunto encubrimiento policial a proxenetas.