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–¿Qué hay de comer?

La pregunta es tan sencilla, cotidiana y clásica como cierta. No se puede contestar con apelaciones, discusiones o “no sos vos, soy yo”. En una separación en la que la madre es la que está la mayoría de los días y las noches con sus hijos/as, es ella la que tiene que darles de comer: desayunar, almorzar, mandar viandas, merendar, invitar amigos a tomar la leche y cenar. También es la que tiene que hacerles caso a los médicos con comer sano –siempre más caro– y variado.

La mamá tiene que contestar con comida. No importa de dónde la saque, tiene que dar de comer. En cambio, en muchos divorcios, el padre no cumple con la cuota alimentaria y las mujeres se quedan en un paredón de exigencias concretas y angustiantes. Ante esta situación, el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto para que se genere un Registro de Deudores Alimentarios en Mora –para quienes deban a partir de tres o más cuotas– para que la impunidad no les quite ni un jugo de naranja a miles de niños, niñas y adolescentes.

Fernández remarca, en los fundamentos del proyecto, que se debe organizar un listado a nivel nacional que unifique la información existente y permita establecer sanciones en todo el territorio nacional: “Motiva este proyecto la necesidad de que el Estado, en su rol promotor de derechos, centralice la información de aquellos que teniendo responsabilidades determinadas por autoridad judicial no cumplen con el pago de las cuotas alimentarias. No hay razón que exima a los progenitores del cumplimiento de la obligación asignada en relación a sus hijos, ya que estaría perjudicándolos y violando el ejercicio de sus derechos”. Las sanciones a los deudores serán no poder ni abrir ni renovar las tarjetas de crédito, ni realizar operaciones bancarias, ni sacar el pasaporte ni licencia de conducir, no poder estar en un puesto público, ni participar de una licitación ni solicitar la Asignación Universal por Hijo.