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La mujer había sido violada en distintos prostíbulos donde era explotada por redes de trata. Logró escapar. Pidió un aborto no punible que fue vociferado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. La asociación Pro Familia presentó un amparo ante la jueza Myriam C. Rustan de Estrada –que ahora enfrenta un jury de enjuiciamiento– y logró suspender la práctica. Después, la Corte Suprema de Justicia volvió a darle a la mujer el derecho contemplado por el Código Penal desde 1921. Pero no se trata de un caso sino de muchos.

No fue un error, un exceso, ni una excepción. La estrategia de los sectores más conservadores es utilizar a supuestos expertos/as en bioética o a asociaciones pro vida o pro familia para obstaculizar los abortos legales, manipular a las víctimas (a las que suelen atormentar con imágenes falsas de fetos “llorando” o tentarlas con ofertas económicas) y generar una falsa polarización en la opinión pública. No se trata de actos o personajes aislados, sino de una estrategia que funciona en la Argentina y en el mundo.

La periodista Marta Vasallo, en el libro En nombre de la vida, cuenta en su capítulo sobre “La ofensiva católica en América latina” que las principales organizaciones que actúan en nuestro continente son el Opus Dei, Legionarios de Cristo, los Sodalites y Human Life Internacional, que es la fuente de los grupos pro vida. En Córdoba, el Portal de Belén logró, en el 2002, que se prohibiera una marca de anticoncepción de emergencia (Inmediat) y judicializaron distintos derechos sexuales y reproductivos.

La historia de esta máquina de poner obstáculos empieza al mismo tiempo que las dictaduras. “Desde los ’70 comenzó en los Estados Unidos y luego se extendió a todo el continente, un importante número de ong generadas a nivel nacional y transnacional para defender doctrinas religiosas. En el caso del catolicismo, un antecedente importante es Vida Humana Internacional, fundado a principios de los ’80 en reacción a la despenalización del aborto en Norteamérica, y después fue abriendo filiales en distintas regiones. Se estima que para mediados de los ’90 ya había dieciocho sedes en Latinoamérica”, explica Juan Marco Vaggione, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, que denomina la estrategia como la onginización de lo religioso. “La postura oficial de la Iglesia Católica sobre la sexualidad y la reproducción es también defendida por medio de ong, autodenominadas pro vida o pro familia, que encabezan el activismo contrario a los derechos sexuales y reproductivos. Este fenómeno ha producido un desplazamiento en el activismo católico conservador, ya que es cada vez mayor la presencia y el protagonismo de organizaciones de la sociedad civil que utilizan una serie de estrategias para impedir la efectivización de los derechos sexuales y reproductivos.”

Una de las ideas en boga –a pesar de que las encuestas de opinión muestran que la mayoría está a favor de la legalización del aborto y, mucho más, del cumplimiento de los abortos en casos de violación– es que hay dos campanas. Los obispos o sacerdotes ya no representan en la televisión una de esas dos visiones porque sería vista como sectaria o minoritaria. En cambio, frente al crecimiento de las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de las mujeres o la diversidad, la existencia de otras organizaciones funciona como un ring ideológico que mediáticamente cumple con la expectativa de las dos voces.

De hecho, estos sectores ya aparecieron durante el debate por el matrimonio igualitario y se expresaron en la calle con simbología naranja. Pero, después de esa derrota (para ellos) no piensan dejar que avance el debate sobre la legalización del aborto e imponen obstáculos jurídicos cada vez que pueden frente a un caso de aborto legal por tratarse de una violación, un embarazo inviable o si corre riesgo la salud o la vida de la mujer.

“No sólo los líderes religiosos defienden políticamente la vida desde la concepción o la familia como un arreglo exclusivamente heterosexual, a ellos se agregan ciudadanos que articulan el activismo religioso desde la sociedad civil”, expresa Vaggione. Y cree que esta estrategia fue copiada frente al avance progresista. “Así como los movimientos feministas y por la diversidad sexual encontraron en la sociedad civil una arena fundamental para articular y canalizar sus demandas, los sectores conservadores del catolicismo también usan la sociedad civil en la organización de sus políticas de resistencia a los derechos sexuales y reproductivos. De algún modo, el activismo católico conservador se aleja de un modelo centrado en la jerarquía católica y en la institución religiosa y va tomando la forma de un movimiento social conservador.”

La onginización no es casual. Es una cortina de humo, pero bien apuntalada al imaginario social. “Si estos grupos dicen abiertamente que son de la/s iglesia/s, eso ya los posiciona desde una mirada dogmática, que recorta su posibilidad de influencia y actuación. En cambio, el carácter de ong les permite hacer una interpelación desde otro lugar institucional, aparentemente más neutral y supuestamente no dogmático. Es parte de una estrategia política que es acompañada también por un cambio discursivo. En general, se despegan de una argumentación religiosa, teológica y de fe, para formular el debate desde supuestos asentados en la biología, la ciencia y los derechos humanos. Sólo como un uso instrumental, pero para negarlos en la práctica y discursivamente. Funcionan como organizaciones pararreligiosas, ellos los financian y adoctrinan”, remarca Estela Díaz, secretaria de Género CTA e integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “También actúan con amenazas y presiones, por ejemplo haciendo lobby para que legisladores/as no voten leyes que garanticen derechos a las mujeres, atormentando a las mujeres y niñas que solicitan un aborto y a sus familias diciéndoles que cometen un asesinato, que serán culpables y ofreciéndoles promesas de apoyos económicos engañosos”, describe Mabel Bianco, de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM).

Karina Felitti, investigadora del Conicet en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA), describe: “En nuestro país existen varias organizaciones que se autodenominan ‘pro vida’. En la práctica estas agrupaciones se concentran en impedir, por diversos medios, la legalización del aborto y la efectiva implementación de la educación sexual y la salud sexual y reproductiva. En este sentido son ‘contra- derechos sexuales y reproductivos’, defendiendo la vida de alguien que no nació y no la de todas las mujeres argentinas que quedan bajo los peligros de la clandestinidad y los intereses de un negocio muy lucrativo. Por eso no cabe regalarles la definición de ser pro vida (ya tienen otro Pro de su lado)”.

Pero Felitti analiza que el problema no es el poder que tienen sino el que le otorgan: “No es una misa el obstáculo sino el rol político que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro país; es eso y no una marcha de los escarpines lo que no permite los cambios necesarios. Y en este sentido, no son las religiones y sus credos el problema sino el lugar que les dan los políticos cuando están ejerciendo la función pública. Se trata de legislar para toda la sociedad y no para un grupo. Por eso, más que batallar contra estas agrupaciones, que por reglas democráticas tienen el derecho a existir, es necesario dirigirse a quienes hay que dirigirse, los representantes políticos, sumar definitivamente a los varones a las campañas, invitar a las iglesias y creyentes que ya han mostrado su apertura y compromiso, reconociendo la diversidad que existe en este campo, y volver comprensible que la ilegalidad del aborto nos afecta a todxs”.

Otra forma de legitimar el discurso de la Iglesia es buscar portavoces sin sotana sino con títulos a través de la categoría de expertos. Gabriela Irrazábal realizó su investigación doctoral para el Conicet sobre bioética y catolicismo. “¿Quién habla en nombre de ‘la Iglesia’?”, se pregunta. Y responde: “El fallo de la jueza Myriam Rustán de Estrada impidiendo la realización de un aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, el del juez Claudio Bermúdez de Santa Fe suspendiendo el protocolo de atención para la interrupción de embarazos en línea con el artículo 86 del Código Penal y acciones similares en otras provincias de la Argentina ponen en evidencia la diversidad y heterogeneidad presentes dentro del catolicismo en nuestro país. No todos los católicos se identifican con el ideario denominado pro vida y tampoco todos los que ejercen acciones para impedir el aborto no punible se identifican con esta ideología”.

Ella realiza un identikit de los mediáticos pro vida: “Son emocionales, desarrollan una estrategia comunicativa que incluye utilizar un lenguaje científico, muestran imágenes religiosas y de procesos biológicos (fetos, úteros, óvulos) que se vuelven sagradas. El ámbito desde donde proyectan sus acciones de intervención (manifestaciones, escraches, litigios judiciales) son las ong”. Pero hay otra raza de nuevos lobos fundamentalistas disfrazados de ovejas honoris causa. “Los expertos en bioética, por su parte –diferencia–, se desempeñan de manera técnica-racional y presentan un nivel de formación que llega a alcanzar el posdoctorado. Este alto nivel de formación les permite participar como asesores en debates parlamentarios e integrar comités de bioética en hospitales públicos. Existe una concepción generalizada que tiende a considerar a los expertos en bioética y a los activistas pro vida como parte del mismo fenómeno. Si bien tienen puntos en común, unos son activistas y otros son científicos y religiosos a la vez, que movilizan su expertise de manera más técnica-racional, resultando más eficaz, ya que sus opiniones quedan directamente plasmadas en los textos de los proyectos de ley.”