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En el primer tramo presidencial de su segundo mandato, Michelle Bachelet anunció que antes de fin de año enviará al Congreso un proyecto que despenalice el aborto bajo las causales de riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fetal. “No debe haber temas tabúes en una sociedad, es antidemocrático”, dijo, no perdiendo de vista que cuenta a su favor con mayoría parlamentaria y una sociedad civil más movilizada. La respalda también su paso como directora de Onu Mujeres, una plataforma de alianzas estratégicas donde proyectó una agenda que en el próximo semestre podría convertirse en realidad. El aborto terapéutico ha sido uno de los temas tabúes en la sociedad chilena desde su derogación en 1989, hacia el final de la dictadura pinochetista. Aún hoy se menciona el tema con eufemismos, como ‘maternidad interrumpida’, como si la penalización hubiera criminalizado hasta el lenguaje.

Bachelet decide incluir el aborto en un panorama global donde Chile conforma uno de los pocos países del mundo, junto con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Honduras, que aplican la más absoluta penalización sobre esa práctica. Informes de la Organización Mundial de la Salud confirman que en estos territorios la cantidad de abortos es mucho mayor que en aquellas donde la interrupción del embarazo tiene un reconocimiento legal. Chile registra la tasa más alta de la región: se estima que los casos ascienden a 160.000 anuales. De los 55.000 abortos inseguros que se realizan en el mundo, el 95 por ciento ocurre en América latina y el Caribe. El acceso al aborto es una de las recomendaciones que recibió Chile en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas.

“Hay una enorme cantidad de mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado; estamos en la etapa de revisar todas las ideas sobre el aborto y con ello mirar cuál vamos a apoyar y cómo vamos a apoyarla, de manera que podamos avanzar en la despenalización”, explicó Bachelet en un reportaje concedido al diario español El País, luego del discurso que pronunció ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo. La iniciativa enmarca las causales específicas de inviabilidad del feto, riesgo de vida para la madre y violación. Según encuestas de la Universidad Diego Portales, Flacso y la Corporación Humanas, entre el 43 y el 80 por ciento de la población aprueba despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “Creo que esta vez hay apoyo en la opinión pública para avanzar en el tema del aborto”, dijo la presidenta de Humanas, Carola Carrera, en una entrevista para BBC Mundo.

La aprobación de la ley requiere la mitad más uno de los votos de las dos cámaras, con mayoría parlamentaria del partido de gobierno, una coalición que abarca desde comunistas hasta democratacristianos. El partido opositor de la Renovación Nacional ya advirtió que expulsará a los miembros del bloque que firmen el proyecto. Por abajo, la ley podría ser aprobada si Bachelet aceptara resignar algunas de las causales propuestas.

“Somos uno de los cinco países que tienen una legislación tan punitiva, estamos al nivel de los países fundamentalistas”, lamentó Carrera. “Y no se condice con la opinión que tienen las mujeres en las encuestas año a año, que adhieren a la despenalización en alguna de las causales.”

La investigadora Tatiana Hernández, del Observatorio de Equidad y Género, aseguró que “el proyecto devuelve en algo la dignidad a la mujer, que le fue arrebatada por sectores conservadores durante años. Es impresentable que en pleno siglo veintiuno el Estado siga criminalizando a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y que entienden la maternidad como un proyecto voluntario. Para esta discusión se necesitan consensos sociales y políticos grandes, y creo que Chile tiene la base de consenso para avanzar en lo que propone el gobierno”.

Las primeras señales se produjeron el 29 de abril, durante un encuentro entre la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual, y el titular de Justicia, José Antonio Gómez, en el armado de una agenda común sobre la implementación del aborto terapéutico. Entonces dijeron que estaban “trabajando en una ley sobre derechos sexuales y reproductivos, donde se incluía la interrupción voluntaria del embarazo”. Salió al cruce el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que aceptó dialogar sobre el aborto, pero sólo “para demostrar cuáles son las consecuencias graves que un tema como éste puede acarrearle al país”.

El debate se reactivó luego de que una chica de 17 años fuera ingresada grave al Hospital Luis Tisné por una hemorragia derivada de un aborto realizado en su casa y uno de los médicos de guardia la denunciara a Carabineros. El caso se judicializó y revictimizaron a la adolescente, que en cuanto se estabilizó la sometieron a una indagatoria penal. A partir del hecho, el Ministerio de Salud envió un instructivo a los hospitales que obliga a resguardar la confidencialidad médico-paciente. “Pese al tipo penal que describe como ilícito el aborto, los médicos y personal de Salud no deben extraer confesiones sobre dicha conducta a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito.” Bachelet agregó que el objetivo de legislar es que “Chile debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad”, y concluyó que el episodio del Tisné fue “una experiencia de dolor y angustia. Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos llegado tarde, porque la prevención no tuvo los resultados deseados”.