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En diciembre del 2002, la Cámara de Diputados de Uruguay dio media sanción al proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que, entre otras medidas, despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la 12ª semana de gestación. La propuesta no pudo transformarse en ley porque en abril del 2004 el Senado votó en contra de la misma. Sin embargo, recientemente el gobierno dictó una resolución que obliga a los médicos del sector público y privado a brindar asesoramiento a las mujeres que deciden hacer un aborto, algo que los especialistas propusieron hace tiempo.
Fabián Rodríguez Escudero, Jefe de Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la República, y uno de los impulsores de las Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, explica cómo fue que los médicos uruguayos se comprometieron con la despenalización del aborto: "En el año 2001, en Uruguay se vivió una debacle económica sin precedentes. En el Centro Hospitalario Pereira Rossell –una institución en la que se asiste a la mayoría de las pacientes de menores recursos del país– comenzamos a recibir un número exagerado de mujeres que consultaban por complicaciones secundarias al aborto provocado en condiciones de riesgo. Muchas de estas personas fallecieron, lo que hizo que las complicaciones post-aborto se constituyeran en la principal causa aislada de muerte materna; y los guarismos alcanzados (27%) nos situaron como el país con mayor tasa de mortalidad materna por esta causa. Los estudios demostraron que la probabilidad de morir por aborto provocado en nuestra institución era 2,64 veces mayor que en el sistema de salud privado, lo cual evidenciaba la inmensa injusticia social de la situación. Esta situación hizo que un grupo de docentes de las clínicas ginecológicas de la Facultad de Medicina de la República, que ejercen sus funciones en el Pereira Rossell, constituyéramos un grupo denominado Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo (Iscapcr) con la finalidad de estudiar el tema, y encontrar posibles soluciones en el marco legal vigente de prohibición del aborto. Una de las primeras acciones que emprendimos fue divulgar a la opinión especializada, y al público en general, la situación sanitaria que se estaba viviendo. Esto llevó a una sensibilización que ayudó a impulsar un proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva que había sido desarrollado en la Comisión de Derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud Pública. Este proyecto llegó a tener media sanción en el Poder Legislativo, y una aceptación popular del 62 por ciento. A la vez, el grupo de Iniciativas Sanitarias desarrolló una normativa denominada Medidas de Protección Materna Frente al Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que fue aprobada por la Facultad de Medicina de la República, la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, y el Sindicato Médico del Uruguay. Tras varios intentos fallidos (las normas fueron presentadas en el 2002 y el 2003), el 6 de agosto de este año fueron aprobadas por el ministro de Salud Pública. Son normas que se basan en el principio de prevención del daño. Y si bien el aborto en lalegislación actual es un delito, existe un 'antes' y un 'después' de ellas. Es allí donde el equipo de salud actuará con la intención de prevenir complicaciones, respetando los derechos bioéticos de autonomía y beneficencia de la mujer, y democratizando la información, de tal forma que no sólo las mujeres más pudientes y de mayor nivel educacional puedan acceder al conocimiento. En Uruguay estamos comprendiendo que los profesionales de la salud, y específicamente los ginecólogos, debemos contribuir, desde el conocimiento técnico, al cambio necesario con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este camino seguramente nos lleve a abatir la mortalidad materna por aborto provocado".