Es indudable que resulta necesaria una ley que reglamente todos los aspectos referidos a la fertilización asistida. Es necesario definir algunos aspectos como: ¿cuánto tiempo se deben conservar estos embriones? ¿Qué pasa con la patria potestad de los hijos fruto de donación de óvulos o espermatozoides? ¿Quién debe pagar por la criopreservación de estos materiales? ¿De quién son propiedad? ¿Luego del tiempo considerado “de vencimiento” se pueden destruir? ¿Podrán cederse embriones “sobrantes” a otras personas estériles cuando una pareja ya ha logrado los embarazos que deseaban? ¿De quién dependerá esta decisión?

Otro aspecto de gran peso es el alto costo de estos tratamientos y la falta de complejidad de los centros públicos donde resulta imposible llegar a la fertilización asistida.

Sin duda, los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a decidir si uno desea un hijo y cuándo tenerlo. Pero las parejas infértiles necesitan asistencia que resulta muy costosa para el sistema de salud. En un país donde resulta difícil costear los tratamientos de desnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarrea infantil, hipertensión arterial, cáncer de cuello uterino, ¿debe el Estado invertir en infraestructura y medicación para la fertilización asistida?

Quizá la respuesta correcta es plantear un cronograma de acciones gubernamentales para cubrir, primero, los problemas de salud más graves, pero que no postergue indefinidamente la atención de la problemática de las parejas con dificultades para engendrar y concebir.

* Ginecóloga e integrante del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam).