El fútbol campeón del mundo, el de la Liga de Italia, una industria estimada de seis mil millones de euros, podría retornar recién el domingo 18 de febrero, paralizado tras la muerte de un policía en el clásico del pasado viernes entre Catania-Palermo. La decisión del gobierno de Romano Prodi, que se reunirá hoy para evaluar penas más duras contra los clubes, chocaría contra los intereses del calcio, preocupado por los daños económicos de la paralización.

La policía elevó ayer de 22 a 29 el total de detenidos por la muerte del policía Filipo Raciti, de 38 años, y secuestró un centenar de artefactos explosivos en un negocio de cuatro senegaleses en el que también había banderas de “ultras” (fanáticos) del Catania.

Dos de los 29 arrestados son miembros de grupos “extremistas” del Catania y los otros frecuentan la curva norte de la cancha e integran grupos de simpatizantes organizados del equipo, acusados de participar del escándalo del viernes, que arrojó además casi un centenar de heridos.

La investigación, según afirmó la fiscalía de Catania, habría comprobado que numerosos ultras son clientes habituales en la compra de drogas y armas del crimen organizado. El operativo incluyó allanamientos en “Club decisi”, “Club pazzi”, “Club non mollare mai” y “ANR”, todos de hinchas organizados del Catania. Uno de los arrestados fue identificado como Danilo Patrizio, de 21 años, hijo de una familia acomodada de Catania, a quien la policía secuestró paquetes de marihuana, 1029 pastillas de éxtasis, dos pistolas y 880 euros.

El cadáver de Raciti fue velado en la sede de la policía de Catania, luego de que la autopsia reveló hoy que el agente murió por una hemorragia en el hígado, causada por un golpe con un objeto contundente, que fue previo a la explosión de una carta-bomba en su rostro.

“Ahora la investigación será más difícil”, admitió el fiscal de Catania, Renato Papa, quien ratificó su opinión de que los fanáticos de Catania provocaron “una intifada premeditada” contra la policía, en las afueras del estadio Massimino.

Por primera vez en doce años, Italia vivió hoy un domingo sin fútbol, pues la última suspensión fue el 26 de enero de 1995, luego del asesinato a cuchilladas de un hincha del Genoa, que era local, en un partido ante Milan.

La suspensión del resto de la fecha paralizó una industria de 200 millones de euros sólo por venta de entradas y 600 millones de euros por derechos de TV, en un giro de negocios estimado de hasta seis mil millones de euros. Hinchas extranjeros, que gastaron miles de euros en traslados y entradas para los partidos, se lamentaron en las puertas del estadio Giuseppe Meazza, de San Siro, por la suspensión del clásico que el líder Inter debía jugar ayer ante Roma; en tanto, los de Milan no pudieron observar el eventual debut de Ronaldo.

Los ministros de Interior, Deportes y Justicia se reunirán hoy en Roma con las máximas autoridades del deporte italiano, encabezados por Gianni Petrucci, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI). Trascendió que el gobierno decidirá reanudar el fútbol tras dos fechas de parate, el 18 de febrero, pero bajo nuevas leyes, que incluyen cotejos a puertas cerradas en los estadios que no cumplan requisitos de seguridad.

Sólo cuatro estadios llenarían actualmente esos requisitos: el Olímpico de Roma, el de San Siro en Milán, el de Marassi en Génova y el Olímpico de Turín, por lo que se intimará a los clubes a que adecuen los demás escenarios.

“Jugar a puertas cerradas no tiene sentido, sería la muerte del calcio. Para eso frenemos el campeonato”, protestó el presidente de Catania, Antonino Pulvirenti, enfrentado a los ultras de su club y quien aclaró que, por el momento, seguirá en su cargo, pese a que había anticipado su renuncia.

Pero Petrucci, en una primera reunión extraordinaria de hora y media celebrada ayer por el CONI, adelantó que los clubes que no acondicionen sus estadios no podrán celebrar partidos en la próxima temporada. Petrucci confirmó además que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que estaba intervenida desde el año pasado tras un escándalo de corrupción, deberá aplazar ahora su cronograma electoral de 2007 y seguirá en manos de Luca Pancalli.

El gobierno también podría decidir mañana que se juegue sin hinchadas visitantes hasta el final del torneo, además de un decreto-ley que impone el arresto inmediato de los fanáticos que introduzcan petardos o bengalas en los estadios, invadan el campo de juego y desplieguen en las tribunas pancartas con leyendas ofensivas.

También se dará amplia facultad a las autoridades policiales para suspender los cotejos ante el más mínimo incidente y a arrestar no sólo dentro sino también en las adyacencias de los estadios, con juicio penal inmediato, a las personas que cometan actos violentos.

El gobierno hará cumplir, además, a fondo la actual Ley Pisanu (2005), que ordena controles policiales a los ingresos, boletos nominales, prohibición de ir a la cancha a los “tifosi” con precedentes penales y suspensión inmediata de los partidos cuando sean expuestas en las tribunas pancartas violentas. La Ley Pisanu –llamada así por el ministro de Interior del gobierno de Silvio Berlusconi, Giuseppe Pisanu– había sido sancionada tras los graves incidentes producidos en un clásico Roma-Lazio, pero fue desatendida.