La jueza de Instrucción, Raquel Cosgaya, comenzó ayer a interrogar a los ocho policías de la Patrulla de Caminos de la Unidad Regional II, acusados de extorsionar, privar ilegalmente de la libertad y robar pertenencias a dos turistas, entre ellos un ciudadano español, a quienes detuvieron en un control e hicieron pagarles una coima en pesos y euros. Por su parte, el fiscal de Cámaras, José María Peña, consideró que hay evidencia contundente que involucra a los policías en el hecho denunciado y elementos como para acusar también a los jefes de esos efectivos.

Los turistas Santiago Mercatante, de 32 años, y su primo español Juan Balmont López, de 31, denunciaron que el hecho ocurrió el viernes último, cuando los policías los requisaron en el puesto de peaje de General Lagos, antes de ingresar a la ciudad. Con relación a las extorsiones, el fiscal Peña sostuvo que los policías están comprometidos por un gran acopio de evidencia: el ticket del peaje, el número de la patente del vehículo policial que en ese momento estaba en servicio, el comprobante del giro cobrado.

"Y sin dificultad podrán añadirse otras, como la comunicación a España requiriendo el giro y la llamada de Mercatante a su jefe, que derivó en el consejo legal de acudir al consulado español para procurar tutela antes de la denuncia", tal como lo hicieron, dijo Peña.

Respecto de los jefe de la Patrulla de Caminos, el fiscal Peña instruyó que se inicien además actuaciones por incumplimiento de deberes de funcionario público. "Si una patrulla falta de su puesto durante tres horas pueden presumirse dos cosas: o este tipo de acciones de los policías tenía regularidad o alguien no cumplió con su deber de vigilarlos", precisó el fiscal de Cámaras.