La Fundación Derecho Social sorprendió ayer con una presentación ante el directorio de la EPE que reclama el reintegro a los usuarios del servicio de unos 70 millones de pesos que habría cobrado sin sustento legal desde diciembre de 2006, cuando se derogó por error una ley que destinaba un canon del 6 por ciento de la facturación bruta de la empresa a municipios y comunas por el uso del espacio aéreo. El fallido legislativo es una consecuencia directa de la frustrada privatización de la EPE en tiempos de Carlos Reutemann, pero quedó a la vista la semana pasada cuando la Cámara de Diputados comenzó a enmendar el error: dio media sanción a un proyecto que restablece el canon que preveía la ley 7.797, sancionada en 1975, y luego la ley 11.727, del año 1999. La norma debe ser sancionada ahora por el Senado.

En el escrito, el presidente de la Fundación, Julio César Rondina, explicó el origen del intríngulis. En 1975, la ley 7.797 fijó "un gravamen del 6 por ciento de la facturación bruta de la energía con destino a los municipios y comunas", que -en realidad- pagaban los usuarios.

En 1999 -recordó el abogado-, Reutemann impulsó la ley 11.727 de privatización de la EPE que "derogó expresamente la ley 7.797" y "eximió a la (supuesta) nueva empresa privada de todo tributo comunal o municipal, salvo el 6 por ciento, que trasladaba a los usuarios".

En diciembre de 2006, ya por iniciativa de legisladores afines a Lole, se sancionó la ley 12.700 que derogó la ley de privatización 11.727 y restableció la anterior ley de la EPE 10.014, pero no la 7.797, que nunca recuperó vigencia. Y la ley 12.700 tampoco impuso el gravamen. "Con lo cual, la EPE ya no tuvo la obligación de abonarle a municipios y comunas el gravamen. Y por ende, perdió título para requerir a los usuarios el pago de aquello que ya no tenía causa legal. Es decir: ni quedó obligada a pagar ni quedó con autorización alguna para cobrar", sintetizó Rondina.

"La EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde enero de 2007. Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente", indicó el abogado.

Rondina avanza con un a estimación de lo que la empresa debería devolverle ahora a los usuarios. "Según el presupuesto 2008, la EPE prevé recaudar 38 millones de pesos en el año, para pagar este tributo que no está obligada a pagar. Esto implica más de 3 millones de pesos por mes que se le quitan sin causa a los usuarios. Si contamos los veinte meses que percibió el canon desde su derogación, llegamos a la suma de 70 millones de pesos que ha sido ilegalmente retenida a los usuarios, sin contar los intereses por los meses de privación de ese dinero".