El senador nacional Rubén Giustiniani (Partido Socialista) pidió informes sobre la construcción de la autopista Rosario﷓Córdoba, que originalmente estaba a cargo de la firma Covicentro SA, integrada por la firma Benito Roggio. La concesión por peaje de la ruta nacional 9, en el denominado corredor vial Nº 10, preveía un conjunto de obras: el tramo Rosario﷓Armstrong, el intercambiador de la autopista con la ruta provincial 13, con la AO12 y con la 178. La presentación del legislador subrayó los incumplimientos de los contratos originales que firmó la empresa por la conexión vial.

"Las sucesivas renegociaciones de los contratos originales fueron diluyendo las responsabilidades de los concesionarios. Sin embargo, la vigencia de la obligación para la construcción del tramo Rosario﷓Armstrong se mantuvo, al menos en el aspecto contractual, ya que no se publicó oficialmente ninguna modificación de esta obra", recordó Giustiniani.

En las renegociaciones de 2001, las concesionarias se comprometieron a ejecutar las obras obligatorias y complementarias de los contratos originales atrasadas a esa fecha, entre las que se encontraba el tramo en cuestión. "Una vez más no se cumplió y al finalizar el contrato en 2003, el Estado nacional entregó los corredores a nuevos concesionarios", agregó el legislador socialista sobre las sucesivas dilaciones que sufrió la obra que conecta a la ciudad con la capital de Córdoba.

Actualmente, Vialidad Nacional está en proceso de licitar los tramos faltantes de la autopista, que incluyen el tramo Carcarañá﷓Empalme ruta 178 (40 kilómetros con un monto estimado de 185 millones de pesos) y Empalme ruta 178 con la ruta 9 (32 kilómetros con un monto estimado de 148 millones). "Sin dudas el primer tramo mencionado y parte del segundo es obligación de Covicentro según el contrato original", insistió el senador.

Finalmente, el legislador expresó sus críticas al señalar: "El Estado debe informar a la comunidad sobre los incumplimientos de los prestadores de servicios públicos y más aún en este caso, pues existen fuertes indicios de que quienes se presenten a la licitación pública sean los mismos empresarios que incumplieron durante una década".