Viernes, 4 de mayo de 2007 | Hoy
Diputados provinciales de las fuerzas opositoras se quejaron de que la mayoría del PJ "desvirtúa los mecanismos de control constitucional al reemplazar la interpelación por una reunión de amigos en la presidencia del cuerpo". Ayer se repitió con los ministros Rosúa y Joaquín.
Legisladores de la oposición volvieron a repudiar los simulacros políticos en la Legislatura, donde la mayoría del PJ impide la interpelación a los ministros del Poder Ejecutivo en el recinto de la Cámara de Diputados desde hace 16 años -la última fue en 1991- y cambió ese mecanismo constitucional por reuniones informales en la presidencia del cuerpo. Ayer, la mesa de café volvió a repetirse con los ministros de Gobierno, Roberto Rosúa y de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, quienes pasaron el trance sin apuros. Uno, para informar sobre las redes del narcotráfico que denunció la camarista federal de Rosario, Laura Cosidoy. Y el otro, para dar la versión oficial de las inundaciones del 29 de marzo en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. "La mayoría automática protege a los ministros, no quiere que rindan cuentas ante la Cámara que representa al pueblo", dijo el diputado Hugo Marcucci. Su colega, Marcelo Brignoni también justificó la ausencia porque -a su criterio- la gestión de Rosúa ya no tiene retorno. "Son tantas las veces que se les pidió explicaciones y tantas las que dijo más o menos lo mismo que nos parece que el nivel de deterioro político es tan grande que difícilmente pueda solucionar los problemas de seguridad de la provincia", agregó el legislador.
Rosúa pasó por el despacho del presidente de la Cámara al mediodía, aunque antes visitó el bloque del PJ para saludar. Mientras que a Joaquín le tocó el turno de la tarde. Los dos informaron a legisladores del oficialismo y algunos del arco opositor. "Una vez no se lleva a cabo una interpelación. Los ministros la rechazan y la Cámara no la habilita. De esta manera se desvirtúa un mecanismo de control constitucional, transformándolo en reuniones informales en la Presidencia de Diputados", denunció Marcucci. "Pero este accionar no es nuevo, sino que viene sucediendo en forma sistemática desde el año 1991, cuando la mayoría oficialista decidió eliminar de hecho un instrumento de control parlamentario que debería funcionar como ocurre en los Estados que respetan sus instituciones", agregó.
Marcucci dijo que "la mayoría automática protege a los ministros, no quiere que rindan cuentas en la Legislatura. Y no hay ninguna razón para que se derogue de facto un artículo de la Constitución de Santa Fe que prevé la interpelación parlamentaria. No hay ninguna razón para cambiarla por una reunión informal, donde lo que se intenta es licuar el debate, que la Legislatura no discuta ni controle, ni se rindan cuentas. Estamos en un proceso de degradación de las instituciones y después, el oficialismo se llena la boca hablando de la calidad institucional"
"Las interpelaciones a Rosúa y a Joaquín se justificaban. Más, cuando el gobierno se tomó tres años para reaccionar ante las denuncias de (la camarista federal de Rosario) Laura Cosidoy. O en el caso de las inundaciones, cuando el ministro Joaquín dijo lo mismo que el (ex intendente) Marcelo Alvarez en el 2003: que en muchos barrios de Santa Fe no había agua".
"Evidentemente, -insistió Marcucci- esto merece un debate con taquígrafos, en el recinto de la Cámara, y abierto al público. No veo la razón por la cual los funcionarios intenten ocultarse o protegerse detrás de una mayoría automática. Los mecanismos de control son mecanismos que la oposición dispone en cualquier país desarrollado y en particular el Parlamento para clarificar, para transparentar y para que los funcionarios públicos rindan cuentas, sobre todo ante la Cámara de Diputados que representa al pueblo. Pero está claro que no lo quieren hacer".
En la misma sintonía, el diputado Brignoni restó trascendencia al paso de Rosúa y Joaquín por la Legislatura. "Son tantas las veces que se le pidieron explicaciones a Rosúa y tantas las que dijo mas o menos lo mismo que estamos ante una gestión con un nivel de deterioro político tan grande que difícilmente pueda solucionar los problemas de seguridad de la provincia. Es legítimo que el gobernador (Obeid) en uso de sus facultades constitucionales mantenga a Rosúa en el cargo, pero yo no tengo ninguna expectativa que pueda solucionar cosas en lo que resta de su mandato. Con lo cual, me parece que hay que preocuparse por pensar hacia delante las necesidades, conceptos y criterios que podamos incorporar al próximo gobierno para solucionar todos los problemas de seguridad que padece la provincia", señaló.
Brignoni dijo que el debate con Rosúa ya está agotado. "Yo tampoco participé cuando un grupo de legisladores fue a verlo en su despacho (en la Casa Gris) la última vez que se reunieron con él. Rosúa tiene la particularidad de decir exactamente lo mismo sin percibir ni darse cuenta que es ministro de Gobierno desde la década del '70. Entonces, yo no espero nada en relación a lo que Rosúa pueda solucionar. Me parece que hay que colaborar con él en términos de no obstruir ni empeorar la difícil situación de seguridad de la provincia", concluyó el legislador.
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