Jueves, 9 de agosto de 2007 | Hoy
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral tiene cajoneado desde hace un año y medio un trámite de restitución "inmediata" de una nena a su madre biológica.
En octubre de 2003, una joven madre desesperada entrega a su hija recién nacida a un matrimonio que decide "venderla" a un tercero. Tiempo después, advertida de la maniobra, la mujer comienza un camino judicial con la esperanza de recuperarla. La justicia probó la entrega de la menor a cambio de dinero, la adulteración de documento público para cubrir esa maniobra, la complicidad de dos empleados de un Registro Civil, y hasta la aptitud de la madre arrepentida para criar ahora junto a su pareja a la niña. Sin embargo la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela tiene desde hace un año y medio el trámite de restitución sin resolverlo.
De acuerdo a una investigación del programa "ADN" conducido por el periodista Maximiliano Ahumada, de Cablevideo Santa Fe, el 13 de octubre de 2003 nació Melani en el hospital de Pinto, Santiago del Estero. Su madre, Silvia Noemí C. recibió el certificado de "nacido vivo" y ante la acuciante situación económica que atravesaba, no dudo en recibir la ayuda de una tía lejana: Vicenta Adela P. y su marido, Adrián Eusebio C., quienes la llevaron a Ceres, Santa Fe. A fines de diciembre del mismo año, Silvia decidió irse a vivir a Río Cuarto (Córdoba) con la idea de que una vez asentada pudiera al fin buscar a Melani. Sin embargo, sus familiares tenían otros planes: borraron con Liquid Paper el nombre de la madre en el certificado de "nacido vivo" y colocaron sus datos y tramitaron la partida de nacimiento en el Registro Civil de Ceres.
Convertidos en padres "biológicos", el matrimonio arregló el trámite y en marzo de 2004, cuando la niña tenía cuatro meses, Vicenta y Eusebio se presentaron ante un juez civil de San Cristóbal. A ese lugar también concurrió un militar nacido en Ceres y su esposa, con quien vivía en Córdoba desde hacía muchos años. Pero Silvia no tardó en darse cuenta de la maniobra: y lo denunció ante el Juzgado Civil Comercial y Laboral Nº 10 de San Cristóbal. El 1 de abril de 2004 declaró ante el defensor público Carlos Morales que "su tía le manifiesta que su esposo la obligó a entregar a la niña a personas que desconocía la identidad y que mejor dicho la niña fue vendida, recibiendo a cambio el señor C. (su esposo) dinero por algún tiempo más". El defensor general Morales le hizo saber al juez civil que la niña debía ser restituida a su madre el 31 de diciembre de 2004.
Un año después, el juez de instrucción de San Cristóbal, Aldo Precerutti procesó a Vicenta y a su esposo por los delitos de supresión de identidad y y falsificación material de instrumento público. Y sumó al jefe del Registro Civil de Ceres, Sergio Eduardo Paulon y a un empleado del organismo por delitos similares. El 22 de diciembre de 2005, el juez Correccional de San Cristóbal, Angel Tallarico, ordenó el "reintegro en forma inmediata de la menor a su madre biológica". Pero la resolución fue apelada por los padres adoptivos de Melani y desde ese momento la causa quedó en manos de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela. Pero el tribunal de alzada integrado por Camilo Berger, Lorenzo Macagno y Edgardo Loyola, no resolvió el incidente de apelación y la menor, que ya tiene más de 3 años, continúa lejos de su madre.
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