No hay libro de socios, se desacata la orden judicial que autoriza a cobrar cuotas desde septiembre de 2008, Pablo Clement, titular de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) brilla por su ausencia, y el daño que podría sufrir el club si la Justicia no aprueba la asamblea de mayo último no superaría los 13 mil pesos, a pesar de que las estimaciones del oficialismo hablan de 32 millones.

No hay medida judicial que alcance para poner al club, al menos en lo administrativo, dentro de las generales que comparten el resto de los clubes del país. El trascendente fallo del juez Iván Kvasina, que autorizó a votar a todo socios que paguen las cuotas de septiembre, octubre y noviembre, no corrigió la conductas de las autoridades de Ñuls, que hasta ayer le negaban al socio ponerse al día con la entidad. De esto tomaron constancia algunos socios que fueron recibidos por el empleado Raúl Olivieri, quien se excusó por no tener autorización de la directiva para realizar el trámite.

Será entonces la Justicia la que resuelva otra vez, pudiendo autorizar el pago de las cuotas vía depósito judicial. Pero lo cierto es que la resistencia de Eduardo López a responder a disposiciones judiciales sugieran un escenario de urnas cerradas para el 14 de diciembre, como ocurriera en 1997, 2000 y 2004.

La especulación se refuerza además si se recuerda que Ñuls aún no presentó el correspondiente libro de socios, documento madre para organizar comicios. Al respecto, del juzgado Civil y Comercial Nº 5 se emitió una nueva intimación para el club del parque Independencia, en la cual se le impone un tiempo perentorio a las autoridades para que presenten la documentación de la institución, tales como el registro de asociados, Libro de Actas, Memoria y Balance, y otros archivos que, meses atrás, ni siquiera pudo obtener un oficial de Justicia enviado la sede de Ñuls a tales efectos.

Entre tanto, Kvasina también debe atender el expediente donde está en discusión la legalidad de la asamblea de mayo pasado, donde quedó conformada la Junta Electoral y en la cual por primera vez López exigió la "cuota estadio" para acceder al recinto deliberativo. Con el propósito de detener la embestida judicial de los socios, los abogados de Ñuls interpusieron un recurso jurídico que "advierte" del posible daño que se le puede causar al club si en el litigio queda anulada la polémica asamblea, perjuicio valuado por las autoridades en más de 32 millones de pesos, como parte del presupuesto deportivo de la próxima temporada, supuestamente aprobado por lo socios el 15 de mayo. De tal manera se busca que el demandante (los socios de Ñuls) ofrezcan garantías a la millonaria suma. Pero para Kvasina en la causa el daño económico al que está expuesta la entidad ronda sólo los 13 mil pesos. Por lo que el juicio ordinario seguirá su curso.

El último frente de disputa al que debe atender la oposición se centra en Fiscalía de Estado, más precisamente en IGPJ, que tiene bajo serias sospechas a Clement. El proceder del funcionario no es simétrico a las urgencias del club y se resiste a tomar una medida de fondo, a pesar de las pruebas recolectadas en los últimos cuatro años. Clement ya fue denunciado por Mariano Bergés, los diputados provinciales debatirán hoy un pedido de desplazamiento de su cargo y un grupo de socios presentará una denuncia penal por su conducta.