La iniciativa del Gobierno Nacional de reformular el sistema previsional argentino sienta las bases fundamentales para volver a construir en nuestro país una red solidaria de seguridad social, capaz de hacer efectivos los derechos de los trabajadores, tanto activos como pasivos. Red basada en la solidaridad entre generaciones que, desde un punto de vista económico, es el resorte indispensable para sostener, con los aportes de los trabajadores activos, los haberes actualizados de los pasivos. Y más allá de lo estrictamente económico, en un horizonte político más abarcador, constituye un importante núcleo simbólico en la búsqueda de mayor democracia y cohesión social. En tanto adquiere un fuerte sentido como parte del avance hacia la construcción de una sociedad más equitativa. Con un Estado que en este terreno vuelve a asumir el papel regulador del que fuera desplazado por los grandes capitales (el auto﷓denominado "mercado").

La decisión política de poner fin a las AFJP y retornar a un sistema único dependiente del Estado se articula con la recientemente sancionada ley de movilidad previsional, ya que restituye al sistema sus recursos genuinos. Al recuperar el ingreso de los aportes personales de los trabajadores, un monto considerable de dinero, reestablece la posibilidad de discutir el nivel de los haberes de jubilados y pensionados, pudiendo superar los niveles de pauperización expresados aún hoy, pese a los sucesivos aumentos, en el haber mínimo vigente.

Se trata de una de las medidas más importantes que ha tomado este gobierno, en el camino de reconstruir el Estado, restarle poder a la "patria financiera" y restablecer importantes conquistas sociales.

En medio de la crisis financiera desatada en la principal economía del planeta, este proyecto de ley (que esperamos sea debatido en toda la profundidad que merece y posteriormente sancionado por el Poder Legislativo) se convierte, además, en una acción eficaz de resguardo y protección hacia todos los trabajadores, activos y pasivos, tanto los que ya habían optado por el sistema de reparto como aquéllos cuyos aportes están siendo administrados por las AFJP y sometidos a riesgos cada vez mayores (dicho sea de paso, muchos cobran la mínima gracias al salvataje del estado). De no sancionarse esta ley, nuestro sistema previsional afrontaría una inminente situación de colapso, que culminaría en la necesidad de financiación estatal mucho más costosa que la actual.

No es cierto que este proyecto afecte a los trabajadores que habían elegido a las AFJP como administradoras. Hace rato que vienen en pérdida, situación que tiende a agravarse por la caída abrupta de los mercados a nivel internacional. Por otra parte, en la medida en que con los años comienzan a jubilarse más trabajadores, disminuye la "rentabilidad" del sistema (con lo que queda en evidencia de qué se trataba). Los únicos que de verdad pierden con esta nueva ley son los grandes capitales concentrados, los mismos que fueron exclusivos beneficiarios de la reforma introducida por Menem﷓Cavallo en 1994, junto a otras tantas del mismo cuño, que arrasaron conquistas sociales de larga data.

Esa reforma privó al sistema previsional de su legítima fuente de financiamiento, convirtiendo el futuro de muchos argentinos en un negocio de pocos. El negocio de las AFJP fue una estafa fabulosa: por cada $11 que aportaban los trabajadores, 3 iban a parar a las arcas de estas empresas a título de comisión. Y la estafa cerraba al impedirle al trabajador retornar a la jubilación estatal.

Por otra parte, la desfinanciación del sistema mantuvo durante largos años congelada la jubilación mínima. Recién el gobierno de Néstor Kirchner comenzó a revertir ese estado de cosas, al quintuplicar el haber mínimo y posibilitar el regreso al sistema público de quienes habían optado por una AFJP. El impacto fiscal de la reforma constituyó parte significativa de la explicación de la crisis económica que estalló en 2001.

No se nos escapa que será una dura batalla política, porque se han tocado intereses muy poderosos. Las enormes tasas de acumulación de los grandes capitales concentrados, cebados por el facilismo de las economías des﷓reguladas. Y porque las viejas y las nuevas derechas están siempre al acecho, y manejan los medios de difusión... todavía.

Desde Carta Abierta convocamos a apoyar y sostener activamente esta decisión histórica. Para que todos estemos al tanto de sus alcances y podamos comprenderla a fondo y debatirla, invitamos a participar de nuestro próximo encuentro, el próximo sábado 8 de noviembre, a las 11, en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065).